Gobierno de Chile propone eliminar beneficio para sacerdotes que enfrentan juicios

El nuevo Código de Procedimiento Civil, actualmente en trámite en el Congreso, desecha la excepción de comparecencia de ciertos religiosos. El artículo 361 de este cuerpo permite hoy a obispos y vicarios, entre otros, declarar en el domicilio que fijen.

El nuevo Código de Procedimiento Civil, que impulsa el gobierno y que se encuentra en su segundo trámite en el Congreso, contiene una, hasta ahora, desconocida modificación legal que incidirá en la forma en que la jerarquía religiosa enfrenta los procesos judiciales.

A través de un oficio enviado al Senado, el pasado 30 de octubre, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, propuso eliminar dos numerales del artículo 361.

¿Qué dice esta normativa, actualmente vigente? “Podrán declarar en el domicilio que fijen dentro del territorio jurisdiccional del tribunal: el Presidente de la República, los ministros de Estado, los senadores y diputados, los subsecretarios (…) el arzobispo y los obispos, los vicarios generales, los provisores, los vicarios y provicarios capitulares; y los párrocos, dentro del territorio de la parroquia a su cargo”.

Recientemente, uno de los religiosos que se acogió a este beneficio fue el cardenal y arzobispo emérito de Santiago, Francisco Javier Errázuriz. El pasado 30 de septiembre, en el marco de la demanda que tres víctimas del sacerdote Fernando Karadima presentaron contra el Arzobispado de Santiago, Errázuriz solicitó declarar en su domicilio de calle Suecia, en Providencia.

Hasta ese lugar debió trasladarse el ministro de fuero Juan Manuel Muñoz para formularle las preguntas.

El gobierno, sin embargo,  decidió poner fin a este beneficio de los representantes  de la Iglesia Católica.

“En concreto, y por lo que respecta a la consulta formulada, la nueva regulación no contempla el beneficio de excepción de comparecencia al tribunal en favor de representantes eclesiásticos, toda vez que han sido eliminadas las referencias contenidas en el numeral 1° del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil”, dice el documento firmado por la ministra de Justicia, Javiera Blanco. El gobierno también decidió eliminar el numeral 3° de este mismo artículo, relativo a “los religiosos, incluso los novicios”.

Olga Feliú, ex presidenta y actual consejera del Colegio de Abogados, dijo que “esta norma tenía un fundamento. La actividad de un párroco o un religioso, no es conciliable con una ida a un tribunal en cualquier día y hora. Lo que está malo es que esta medida no se extienda a otros credos religiosos”.

Anastasía Assimakópulos, profesora en Derecho Canónico de la U. de Los Andes, recordó que “hay una separación de la Iglesia con el Estado. Por lo tanto, el Estado es el que verá lo que hace respecto a quiénes le da la posibilidad de declarar fuera de los tribunales. Es algo sobre lo que la Iglesia no puede decir ‘me están quitando o dando derechos’”.

Emiliano Soto, obispo de la Iglesia Pentecostal Reformada y presidente de la Mesa Ampliada de Entidades Evangélicas (UNE), aseguró que “todas las personas somos iguales ante la ley. El trato debe ser igualitario para todos, no solamente para los ciudadanos que cumplen un rol religioso o de autoridad política, sino que todos somos igualmente ciudadanos ante la ley y frente a la sociedad”.

En la Conferencia Episcopal, en tanto, se expresó que una vez que se conozca el proyecto en su totalidad se referirán al tema.

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