Gil Tamayo admite que la Iglesia ha guardado un “silencio cómplice” ante la pederastia

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, ha admitido que durante años la Iglesia ha guardado un «silencio cómplice» ante los casos de pederastia en el seno de esta institución, que ha enmarcado en un contexto de «inacción de toda la sociedad española» ante estos delitos.

«Es verdad que la Iglesia está obligada a un testimonio más coherente que nadie, pero esto no exime al resto de asumir su cuota de responsabilidad en esta cultura común compartida de silencio», ha considerado Gil Tamayo en una entrevista con Efe concedida una semana antes de concluir su mandato. Gil Tamayo será ordenado obispo de Ávila el próximo 15 de diciembre y el 20 de noviembre se celebrarán elecciones al cargo de secretario general que ahora ostenta él.

En una entrevista hace cuatro días con EL PAÍS, Fernando Giménez Barriocanal, jefe de finanzas de la Conferencia Episcopal Española y el único de la institución que ha accedido a ser entrevistado por este periódico, aseguró que el porcentaje de pederastia en la Iglesia española es «irrelevante», respecto a este delito en otros ámbitos.

«La realidad es que se está construyendo un relato sobre este tema que no tiene nada que ver con la realidad de la Iglesia. Ustedes pueden coger los datos de Eurostat sobre este tema y ver los porcentajes que hay de las distintas casuísticas y entonces uno dice: ¿y por qué solo se pone el foco en la Iglesia si es un porcentaje insignificante? Estamos hablando es un porcentaje irrelevante, irrelevante, irrelevante. Irrelevante en el conjunto de la sociedad», aseguró Giménez Barriocanal.

Tal y como ha venido publicando EL PAÍS, la Iglesia española silenció durante décadas la mayoría de los casos de abusos sexuales a menores que conoció o juzgó en sus tribunales eclesiásticos. No comunicó estos hechos a la Fiscalía para abrir un proceso judicial ni ha hecho públicas las condenas impuestas a los sacerdotes pederastas, salvo contadas, y en algún caso forzadas, excepciones.

Los jueces han dictado en los últimos 30 años, según los registros del Centro de Documentación Judicial, hasta 33 condenas a sacerdotes en causas abiertas por abusos a 80 menores. Las penas impuestas han ido desde una multa hasta 21 años de prisión; algunas sentencias incluyeron indemnizaciones a las víctimas de entre 1.200 y 70.000 euros.

España tiene 18.000 sacerdotes, por lo que las condenas por pederastia afectan a menos del 0,2% de los religiosos. En media docena de las sentencias conocidas, los hechos probados explican cómo las víctimas denunciaron primero los abusos en la Iglesia y, ante la falta de respuesta, decidieron acudir a los tribunales.

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