Gaspar Llamazares pregunta en el Congreso por las declaraciones de Rouco y la actitud del Gobierno

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta las siguientes preguntas, sobre las presiones de la Iglesia Católica sobre el Gobierno y el Parlamento, dirigidas al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.

En su discurso inaugural de la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española el cardenal de Madrid, Antonio María Rouco, ha censurado al Gobierno por “no haber elaborado aún ni siquiera con un anteproyecto de Ley que permita una protección eficaz del derecho a la vida de aquellos seres humanos inocentes que no por hallarse en las primeros estadios de su existencia dejan de gozar de ese básico derecho fundamental”.

Según él, “es urgente la reforma en profundidad de la legislación vigente”.

También exige el cardenal arzobispo la radical supresión del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pese a que el Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso presentado por el Partido Popular, Rouco afirma que: “Hemos de reiterar también que es urgente la reforma de nuestra legislación sobre el matrimonio. No se trata de privar a nadie de sus derechos, ni tampoco de ninguna invasión legal del ámbito de las opciones íntimas personales. Se trata de restituir a todos los españoles el derecho de ser expresamente reconocidos por la ley como esposo o esposa”.

Estas declaraciones se realizaban prácticamente a la misma hora en que el presidente Rajoy iniciaba en Roma su visita al nuevo pontífice y, más tarde, al primer ‘ministro’ vaticano, el cardenal secretario de Estado Tarcisio Bertone.

Y en su discurso añadió: “Persiste la desprotección legal del derecho a la vida de los que van a nacer y persiste una legislación sobre el matrimonio gravemente injusta. Persiste la ausencia de protección adecuada para la familia y la natalidad, en especial, para las familias numerosas. La calidad de la enseñanza sigue dejando mucho que se desear, siendo así que de ella depende en tan gran medida el futuro de la sociedad”.

La injerencia de la máxima autoridad eclesiástica de la Iglesia española como lobby de presión sobre el Gobierno y las Cortes es tanto más escandalosa por cuanto el Estado, pese a que la Constitución lo define como “aconfesional”, a través de sus diferentes Administraciones da cada año a la Iglesia católica 11.337,1 millones de euros, el 1% del PIB por muy diferentes conceptos, incluido un práctico régimen de paraíso fiscal. Este año, los obispos reciben del Ministerio de Hacienda, en entregas mensuales en una cuenta de la CEE, 248 millones para culto y salarios, de acuerdo con lo aprobado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013.  No se entienden los reproches del cardenal a un Gobierno que favorece tendenciosamente a la Iglesia católica y cede cada vez más espacio a la enseñanza privada católica en detrimento de la escuela pública; que ha eliminado la asignatura de Educación para la Ciudadanía a favor de la de Religión; y que se ha comprometido a reformar la Ley del Aborto.

Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:

1)      ¿Cómo valora el Gobierno las críticas expresadas por el cardenal arzobispo de Madrid a la labor desarrollada por el Ejecutivo?

2)      ¿Piensa el Gobierno doblegarse, una vez más, a la voluntad de la Iglesia de imponer su credo al conjunto de la sociedad?

3)      ¿Qué opinión le merece al Gobierno la insistencia de la Conferencia Episcopal en que se reforme la ley del matrimonio homosexual, pese a la sentencia del Tribunal Constitucional que desestimó el recurso presentado contra esta misma Ley?

4)      ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para defender la independencia del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial frente a las injerencias y presiones de la Conferencia Episcopal?

5)      ¿Representa la Iglesia Católica una referencia principal en las políticas del Gobierno en materia sexual y reproductiva?

6)      ¿Piensa el Gobierno incluir en la futura Ley de Transparencia a las iglesias subvencionadas con fondos públicos?

7)      ¿Piensa el Gobierno obligar a la Iglesia Católica a cumplir su compromiso de autofinanciarse, suscrito en 1979?

8)      ¿Piensa el Gobierno promover la revisión del Concordato con el Vaticano suscrito por España en el período preconstitucional?

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  • Gaspar Llamazares diputado IU
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