Los sectores más reaccionarios de la sociedad española, presionando sin cesar sobre los sectores más reaccionarios del PP, han conseguido sus objetivos: El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado unos recortes en la Ley de Interrupción del Embarazo que llevarán la inseguridad jurídica de las mujeres que decidan abortar a cotas incluso peores que las padecidas con la ley anterior. Ni siquiera las malformaciones del feto serán causa justificada para la interrupción del embarazo.
En efecto, el ministro, que últimamente estaba en la diana de las asociaciones integristas por dar largas a las promesas que el PP realizó durante la campaña electoral, cuando, inseguros de su triunfo, buscaban halagar a los sectores más reaccionarios de este país para que uniesen sus fuerzas a las supuestamente más moderadas que apoyan tradicionalmente al partido de la gaviota, ha comenzado a detallar cómo piensa demoler la ley de interrupción del embarazo, haciendo que para las mujeres, ejercer el derecho a decidir sobre su maternidad sea una quimera, quedando su futuro amarrado a la voluntad de sectores integristas que imponen su visión del mundo al resto de la sociedad.
Según ha explicado Gallardón, el vigente sistema de plazos será abolido. También serán enviados a la basura los supuestos de peligro para la salud física o psíquica de la madre. El ministro ha explicado que, la posibilidad real de esos daños deberán convencer a no se sabe quien, ya que la existencia de tales riesgos "no será una mera declaración, sino una constatación", ha añadido. El ministro ha dejado claro que no será causa legítima para abortar la constatación de que el feto está malformado y el bebé nacerá con malformaciones físicas o psíquicas. Al parecer, el ministro prefiere que estos embarazos se lleven adelante, para luego abandonar los bebés a su suerte, a ellos y a sus familias, cercenando en paralelo la Ley de la Dependencia.
El ministro ha elegido un marco muy adecuado para anunciar la defunción de los derechos de la mujer: el Foro de la Razón, eficaz aliado tradicional del Gobierno cuando de lanzar cortinas de humo que escondan las vergüenzas del PP se trata, o cuando es preciso apoyar con propaganda los recortes de derechos que, sistemáticamente, empuña el PP por bandera.
Gallardón, en marco tan adecuado, ha expresado con gesto compungido su ‘malestar’ con la actual Ley del Aborto y ha adelantado que "muy pronto" se presentará la nueva normativa para resolver un "asunto de esta gravedad" habida cuenta de que el Gobierno ha escuchado a todos los sectores implicados. Parece ser que el minsitro tiene bastante con escuchar los gritos que unas docenas de integristas lanzaron en la calle en la última convocatoria de presión de estos grupos ultracatólicos, ya que el debate que ha llevado al PP a adoptar las conclusiones preconcebidas con que se sentó a la supuesta mesa de negociación no ha incluido ni a las organizaciones médicas, ni a las asociaciones de mujeres ni, por supuesto, a las clínicas y profesionales que padecen, ellas sí, los escraches del fanatismo y del odio religioso a las puertas de sus consultas, con la benévola mirada del Gobierno, que no ha hecho nada por proteger sus derechos.
Gallardón, camuflándolos como “mecanismos de información” ha anunciado la cadena de presiones y coacciones que piensa implantar para intentar torcer la voluntad de cualquier mujer que, a despecho de lo deseado por los círculos integristas, pretenda llevar adelante su decisión de abortar. Así, el peligro sobre la salud física y psíquica de la madre no debe ser entendido como un "pretexto" y, en consecuencia, el nuevo articulado contempla mecanismos para que esa condición se "cumpla y acredite". "En supuestos de conflicto de derechos, se acreditará ese conflicto y que no sea solo una mera declaración, sino una auténtica constatación", ha remachado, aunque todavía no ha explicado la composición de esos nuevos tribunales inquisitoriales a los que las mujeres deberán convencer y demostrar que su vida está en peligro.
Para rematar la faena, el ministro ha dejado bien claro que "la vida no es una concesión graciosa, sino un derecho inalienable que no se ve reducido por razón de discapacidad y no puede restarse protección a un proyecto de vida como consecuencia de una discapacidad", lo que no deja de tener su punto irónico, viniendo como viene del Gobierno que ha condenado a una muerte en la miseria a decenas de miles de discapacitados mientras esperaban una ayuda que su Gobierno niega, retrasa, esconde. Del mismo modo, Gallardón prefiere destrozar la vida de las menores antes que permitirles el acceso al derecho a interrumpir su embarazo, que quedará absolutamente vedado, todavía más vedado, a las menores de edad que a las mujeres adultas.
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