El Defensor del Pueblo defiende la competencia de la institución para elaborar un informe sobre los abusos. “Buscamos algo que supongo que también está buscando la Conferencia Episcopal, que es la verdad”.
El Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada encargar al Defensor del Pueblo un informe sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia católica. La proposición no de ley aprobada por casi toda la Cámara (solo Vox votó en contra) insta al Defensor a formar una comisión de expertos que afronte esta tarea. El máximo responsable de esta institución, Ángel Gabilondo, ha dicho este viernes que espera contar con representantes de la Iglesia en ese equipo: “Creo que es mejor que estén para poder colaborar en aclarar [lo sucedido]. Si de verdad queremos que este asunto se afronte con consecuencias, que esto no vuelva a suceder y que las víctimas se sientan reconocidas, a mi juicio es bueno llamar a que esté presente un representante de la Iglesia católica en esa comisión”.
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, manifestó la semana pasada que los obispos, “a priori, sin saber cuál es la propuesta”, se inclinan “negativamente” a formar parte de esa comisión de expertos. Gabilondo interpreta que la CEE se encuentra en un momento de “reflexión” sobre su papel en este organismo: “Sé en qué modo se expresa para descartarse y no descartarse [la CEE]. Con eso quiero decir que están en ese debate. Lo que yo he leído es que depende de cómo se haga, depende de la comisión, de qué objetivos se tengan”. Gabilondo ha asegurado que, de momento, no se ha reunido con la CEE para tratar este asunto.
Además de la Iglesia, Gabilondo espera que la comisión se componga de representantes de asociaciones de víctimas, psicólogos, sociólogos, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, expertos en derecho canónico y criminólogos. “Lo decisivo son las víctimas, es lo que más importa. Queremos dar respuesta a su voluntad de justicia y reparación”, ha añadido en rueda de prensa en el Congreso, tras presentar el informe anual del Defensor. Además, ha indicado que serán los expertos quienes definan el método de trabajo de la comisión: “Veremosqué medios requerimos para hacer bien esta labor, cómo preservar la voluntad de las víctimas, un cronograma, el cuándo y el cómo… Queremos transparencia, pero también discreción por respeto a las víctimas. Queremos hacer esto con rigor. También vamos a hacer un análisis comparativo de qué se ha hecho en otros países”.
Por otro lado, el exministro de Educación y exportavoz de los socialistas en la Asamblea de Madrid ha pedido que no haya “presiones” en los plazos de la investigación. “Me gustaría llegar a Semana Santa con una comisión, pero no les puedo asegurar eso sin más porque depende de muchas instancias y representantes con los que hay que hablar detenidamente. No les puedo prometer una fecha, pero les puedo prometer que estamos en esto con toda nuestra capacidad”. Los políticos impulsores de la iniciativa prevén que los trabajos estén finalizados a finales de año y se expongan luego en el Parlamento a comienzos de 2023, pero Gabilondo ha pedido paciencia: “Mucho antes de Navidad habrá comparecencias en la comisión mixta en las que iremos contando en qué estamos. Igual resulta que sí que hemos avanzado mucho para entonces, pero no les puedo asegurar que esto vaya a ser así. Depende de la calidad que queremos que tengan esos resultados. Esto son investigaciones serias que requieren mucho criterio, mucho cuidado y mucho respeto”. En Francia la investigación duró tres años.
Gabilondo también se ha referido a uno de los debates que divide a algunas de las víctimas: la capacidad del Defensor del Pueblo para investigar los abusos. Los detractores señalan que no tiene poderes coercitivos para obligar a declarar o entregar documentos a los obispos, que se han caracterizado en estos años, según los afectados por la pederastia, por una actitud “obstruccionista” contra las investigaciones. El propio Argüello cuestionó la semana pasada la capacidad del Defensor para investigar. “Llamo a la confianza de quienes sean llamados a declarar. El mensaje de los que no quieran hacerlo también dice cosas y pone en evidencia otras. Animo a que lo hagan. Estamos buscando algo que supongo que también está buscando la CEE, que es la verdad. Supongo que coincidimos en eso”, ha comentado Gabilondo, que ha defendido la competencia de la institución que dirige para investigar los abusos: “Creo que hay argumentos a favor de la decisión que se ha tomado desde el pleno de las Cortes. Ya veremos qué tipo de autoridad hace falta para llamar a alguien a declarar y yo creo que una autoridad interesante es la autoridad moral que se puede tener si se hacen las cosas en serio, si se hacen las cosas con respeto”.
“Tenemos la necesidad de promover, de atender, de responder en aquellos ámbitos en los que se considere que los derechos humanos puedan estar afectados, entre ellos los derechos de los niños, de las víctimas. El otro debate, que es un debate jurídico, afróntese donde debe crecer, pero no en el Defensor del Pueblo, que lo que hace es recibir un encargo”, ha añadido.
Hasta ahora han salido a la luz al menos 613 casos y 1.252 víctimas de pederastia clerical, según la contabilidad que lleva este diario. La semana pasada la Iglesia hizo pública por primera vez una cifra de denuncias recibidas a través de sus oficinas para la atención de víctimas, puestas en marcha hace dos años por orden del papa Francisco: 506, sin precisar el número de afectados o de abusadores. Estos datos están lejos de la realidad del problema, según denuncian los expertos en la materia. En un país como Francia (67 millones de habitantes, 20 millones más que España), el informe de la comisión de investigación ha revelado que al menos 216.000 menores fueron agredidos sexualmente por religiosos desde 1950.
