Funeral omnipotente

SI los hados no lo impiden, el arzobispo católico de Madrid, Antonio María Rouco, oficiará el 1 de septiembre el funeral por las víctimas del accidente aéreo de Barajas.

Consecuentemente, el funeral será católico. Pero, según la Alianza Evangélica Española (un fallecido era miembro de una iglesia bautista), la fórmula para organizar dicho funeral "supone añadir al ya intenso dolor de la tragedia sufrida" un "menosprecio a los sentimientos de muchos de los ya fallecidos y de sus familiares"; su portavoz, Pedro Tarquis, añadió que se refería a "aquellos que no son católicos confesantes, agnósticos o de otras confesiones".

De modo similar, los representantes de las comunidades protestantes e islámicas (dos víctimas eran musulmanas) se han referido a esta iniciativa de la archidiócesis de Madrid: sugieren que se celebre un funeral pluriconfesional o, al menos, aconfesional. Ante este conflicto sin solución (supongo que, en España, cada religión puede organizar los funerales que desee, aunque es lógico que los que han muerto juntos sean despedidos juntos), fuentes de la Moncloa se han encogido de hombros: no habrá un funeral de Estado, las víctimas no eran funcionarios ni estaban cumpliendo un servicio oficial, las autoridades se limitarán a participar con su asistencia y ningún ente público colaborará en la organización los funerales.

Leo todo esto y me acuerdo del último congreso del PSOE y de las iniciativas truncadas para que el Estado español sea verdaderamente un Estado laico. También me acuerdo de las valientes palabras de José Antonio Pérez Tapias, diputado socialista por Granada, cuando afirmó en ese congreso que en España "es indispensable una legislación que establezca nuevos criterios de colaboración de las confesiones religiosas con las administraciones públicas, procurando un trato igualitario para todas". Recordemos alguna de las propuestas de Pérez Tapias, portavoz de Izquierda Socialista: "Para salvar el principio de igualdad que exige que no haya ni privilegios ni discriminaciones entre confesiones religiosas y entre las personas pertenecientes a las mismas, es necesario un Estatuto de Laicidad que regule las buenas prácticas de cargos e instituciones públicas en relación a las religiones". Pero también me acuerdo de lo que dijo Ramón Jáuregui antes de tumbar las propuestas de Izquierda Socialista: "La laicidad no tiene constituida una liturgia alternativa". Así que, si el Estado renuncia a predicar con el ejemplo, me temo que el protagonismo de la Iglesia Católica el 1 de septiembre seguirá siendo omnipotente y plenipotenciario, apabullante, inapelable.

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