Fraude en centros concertados católicos de Valencia

Marzà admite que había docentes en la concertada que cobraban sin trabajar

Desvela que la conselleria «no tenía ningún control sobre las horas que pagaba» – Anuncia una aplicación para «cruzar la nómina con el horario»

La exclusiva desvelada por Levante-EMV el 26 de junio, que la Guardia Civil investiga 30 colegios concertados por un presunto fraude en las nóminas al tener a 31 docentes de entre 69 y 83 años que podrían estar cobrando salarios por clases que no imparten, protagonizó ayer buena parte de la sesión vespertina del pleno de les Corts.

«¿Cómo valora que se investigue que haya docentes en la concertada que han estado cobrando sin dar clase durante años?», fue la pregunta que la diputada de Compromís, Isaura Navarro, le lanzó ayer en las Corts al conseller de Educación, Vicent Marzà, en relación a la noticia publicada por este diario.

«Hasta hace bien poco, parece que la conselleria pagaba a docentes de la concertada sin tener ningún comprobante ni justificación de titulaciones u horarios», respondió Marzà. «La gestión „añadió„ de las nóminas no ha sido la más adecuada, pues la conselleria no tenía ningún control sobre las horas que realizaban los profesores de la concertada».

Medidas para «poner orden»
Tras subrayar que la conselleria se ha personado en el proceso y colabora con la Fiscalía, el actual titular de Educación confirmó que a su departamento le consta que «hay indicios de que determinadas cosas no se estaban haciendo bien».

Así, relató con asombro que durante la anterior Administración del PP «no se cruzaban los datos de nóminas con los horarios, por lo que había docentes que estaban en nómina pero no constaban en los horarios».

El conseller agradeció que Compromís denunciara ahora hace dos años los presuntos pagos irregulares a la concertada llevados a cabo por las anteriores consellerias del PP, porque la investigación abierta ha permitido «mejorar el control para garantizar el máximo rigor en la gestión de fondos públicos».

Marzà aseguró que su departamento ya ha tomado medidas para «poner orden». La primera es pedir a los concertados que acrediten que los docentes en nómina «tienen la titulación adecuada, algo que, aunque parezca extraño, no se hacía hasta ahora».

La segunda es que Educación «está trabajando en el desarrollo de una aplicación informática que permita cruzar datos de nóminas y horarios». El objetivo de este mecanismo de control es corroborar que los salarios que abona la conselleria a los docentes de la concertada mediante la fórmula del pago delegado «correspondan con lo que se hace en el horario».

Profesores «de otra pasta»
Navarro señala que Compromís presentó la denuncia porque le resultó extraño que «hubiera docentes de 73, 80 o de 83 años dando clases a jornada completa». «¿Un milagro, o los docentes religiosos están hechos de otra pasta?», se preguntó la diputada dado que la mayoría de los colegios investigados son católicos.

«La realidad es que no estaban dando clase y muchos se habían jubilado años antes pero continuaban cobrando, y quizá ni lo saben, porque quien cobra son las congregaciones para las que trabajan», aseveró Navarro. «¿Estamos hablando de financiación opaca o ilegal a la Iglesia católica?», apunta Navarro. «Eso es lo que ya está hoy en manos de la justicia», concluyó la parlamentaria.


La Guardia Civil investiga a 30 colegios concertados por fraude en las nóminas

Diecisiete docentes con edades desde los 69 hasta los 83 años podrían estar cobrando salarios por clases que no imparten

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia investiga a treinta colegios concertados de la Comunitat Valenciana por un presunto fraude en el cobro de las nóminas que paga la Conselleria de Educación, según confirman a Levante-EMVfuentes jurídicas. Los investigadores sospechan que detrás de este fraude, además de otras irregularidades que se investigan en los colegios concertados como el pago de liberados patronales o el abono de más horas docentes de las estipuladas con la Conselleria de Educación, podría existe una posible financiación fraudulenta.

Las nóminas que están bajo la lupa de la investigación judicial son las de los docentes que cotizan en el régimen de la seguridad social de autónomos de los treinta centros concertados, todos ellos católicos, que mantienen a 31 maestros y profesores de 69 o más años dando clase.

Diecisiete de estos docentes que siguen en activo después de los 69 años imparten clases casi a jornada completa, que son 25 horas semanales tanto en Primaria como en Secundaria. Algo que siguen haciendo siete de ellos pese a encontrarse en una franja de edad que va desde los 75 a los 83 años. Por provincias, estos 31 casos de gran longevidad en las aulas son 17 de colegios de Valencia, 3 de Castelló y los 11 restantes de Alicante.

Precisamente este elevado nivel de jornadas lectivas en docentes con edades tan avanzadas es el que ha hecho saltar las alarmas a los investigadores, un hecho del que también se alertaba en la denuncia presentada en julio de 2014 por la entonces diputada de Compromís, Mónica Oltra.

Entre los colegios investigados existen dos tipos de centros. Los centros educativos privados financiados con fondos públicos a los que la Conselleria de Educación paga la nómina a los «empresarios autónomos». Y los autónomos religiosos que imparten clase en centros regentados por congregaciones católicas (que son mayoría entre los investigados) que cobran en sus cuentas las nóminas de estos profesores. A ninguno se les practica retención del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) porque no tributan por este concepto, acogiéndose al concordato vigente de la Santa Sede.

El problema reside en que un muestreo realizado para la denuncia detectó que algunos docentes estaban jubilados desde hace años y otros eran auténticos desconocidos para otros docentes de su centro educativo. Sin embargo, algunas de las congregaciones religiosas siguen cobrando las nóminas como si estuvieran en activo, cuando no lo están. Y es lo que quieren averiguar los agentes de la Guardia Civil. En el caso de los autónomos empresarios, el presunto fraude estaría en que los docentes septuagenarios y octagenarios acumulan cargos en la empresa además de horas lectivas que no imparten, por lo que la Conselleria de Educación habría estado pagando por horas lectivas que realmente no se prestan.

Respuesta de la conselleria
La Intervención de la Generalitat ya alertó a la Conselleria de Educación, en octubre de 2013, del «ineficiente sistema de control» de las nóminas del profesorado de la concertada que abona la conselleria mediante el pago delegado. «No es posible llevar a cabo un efectivo control mediante el que se pueda comprobar que las horas que se pagan en nómina son horas lectivas efectivamente realizadas» debido a la «insuficiente» información que aportan los centros y a que ésta no se corresponde con la contenida en el sistema de información centralizado Ítaca en internet en el que Educación controla los horarios y grupos asignados a cada docente de la enseñanza pública y la concertada.

Fuentes de la Conselleria de Educación aseguran a Levante-EMV que el departamento del conseller Vicent Marzà, además de estar personado en la causa, está «colaborando muy estrechamente con la Fiscalía». También destacan que a lo largo de este curso «se ha puesto orden en toda la información que los centros docentes sostenidos con fondos públicos deben subir a Ítaca en cuanto a horarios y nóminas del profesorado».

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