Francisco Camps y el obispo auxiliar de Valencia, imputados por la visita del Papa 12 años después

Doce años después de la visita del Papa a Valencia, un informe policial ha permitido abrir una causa judicial por los contratos adjudicados por parte del Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, el ente que se financió con dinero público de hasta tres instituciones y que contrató diversos servicios sin respetar los procedimientos públicos de contratación.

El juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, que investiga desde 2016 las irregulares en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, llamará a declarar en calidad de investigados, al ex presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps; al ex vicepresidente Víctor Campos; al ex presidente de las Cortes, Juan Cotino; al presidente de la Fundación, el obispo auxiliar de Valencia, Esteban Escudero; al representante legal y a la secretaria general de la misma, Francisco Javier Jiménez y Henar Moliner, y a dos miembros del patronato: el secretario del Arzobispado, Antonio Ramón Corbí y Enrique Pérez Boada.

Según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ-CV) en la causa, abierta en julio de 2016 por delitos de prevaricación, malversación y falsedad, tiene su origen en la pieza separada del caso Gürtel remitida a Valencia por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en la que se investigan supuestas irregularidades en las adjudicaciones por parte de la Fundación que organizó la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006.

Según la nota difundida por el TSJ-CV, se investiga si esas adjudicaciones se realizaron sin respetar las normas generales de contratación, sin concurso ni concurrencia pública.

A estas diligencias se unió una pieza separada desgajada del ‘caso Vaersa’ que se investigaba en Instrucción 15, por lo que también serán llamados a declarar como investigados dos ex directores de Vaersa, Enrique Simón y Felipe Espinosa Bolaños.

La magistrada está practicando diligencias. Se han requerido informes periciales a varios organismos y documentación a empresas y administraciones.

El juzgado ha dado traslado de la denuncia de la Fiscalía a las diez personas cuya declaración ha solicitado el Ministerio Público. La instructora les a comunicado la existencia del procedimiento para que puedan personarse y tener conocimiento de las diligencias, tal y como avanzó el pasado domingo el diario Las Provincias.

La Fundación y la Iglesia valenciana, bajo sospecha

En 2014, el diario EL MUNDO publicó un informe policial incluido en el caso Gürtel en el que los agentes ya alertaron que la Fundación V Encuentro -compuesta a partes iguales por el Ayuntamiento de Valencia, Diputación, Generalitat y Arzobispado- «le serían aplicables las normas de sometimiento a los principios generales de publicidad y concurrencia de la Ley de Contratos de la Administración Pública».

La Policía consideró «especialmente significativas son las declaraciones en sede judicial efectuadas por la persona nombrada como coordinador del área de Infraestructuras de la Fundación V EMF Valencia 2006», José Selva, quien dijo «que en la Fundación estaban cuatro organismos, pero los que cortaban el bacalao eran los políticos. Que el que decidía todo era Juan Cotino», recuerda la Policía.

El presupuesto diseñado por el V Encuentro Mundial de las Familias reveló costes desbocados en un evento religioso que duró dos días. 1,3 millones se destinaron a la liturgia; 1,2 a alojamientos; 1 millón a la web y la producción audiovisual; 1,2 a medios técnicos: 4,1 a infraestructuras, y, sorprendentemente, 7,7 a publicidad. Además, hicieron falta 500 conjuntos de casulla y mitra al precio de 113 euros más IVA y otras 400 casullas a 70 euros más IVA que costaron 84.500 euros, a pesar de que la tela la proporcionó la propia Fundación. En total el ente presupuestó 22 millones de euros.

Para hacer frente a la deudas, la Fundación recurrió a una póliza de crédito con la CAM de 300.000 euros, afirmó la Policía. El Consell de Alberto Fabra (PP) absorbió parte de la deuda de la Fundación para liquidarla y zanjar polémicas.

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