Una musulmana no podrá negarse a ser examinada por un médico masculino El texto, que no tiene fuerza legal, se limita a recordar los valores republicanos
Una mujer musulmana no podrá negarse a ser examinada por un médico masculino. Esta es una de las medidas que se desprenden de la carta sobre la laicidad en los servicios públicos, cuyo proyecto fue entregado ayer al primer ministro, Dominique de Villepin, por el Alto Consejo para la Integración. El texto, sin embargo, se limita a recordar los valores republicanos sin que tenga, al menos por el momento, carácter normativo.
El Alto Consejo para la Integración (HCI, en sus siglas en francés) señala que "el principio de laicidad no se limita solo al campo de la escuela", pero en el caso de los demás servicios públicos a que afecta el texto presentado ayer (hospitales, prisiones, Seguridad Social, Fuerzas Armadas) no se ha ido tan lejos como en los centros de enseñanza, donde se prohibió por ley, que entró en vigor en septiembre del 2004, el uso de símbolos religiosos como el velo musulmán, la kipá judía o el crucifijo cristiano. Seguramente porque los problemas que se suscitan fuera de la escuela son "residuales", como admite el HCI, y se resuelven más fácilmente mediante el diálogo. No obstante, un joven musulmán de 23 años fue condenado el miércoles en París a seis meses de prisión por agredir al ginecólogo de su mujer.
La carta es un código de buena conducta o "un corpus de grandes principios", en palabras del HCI, para los funcionarios y los usuarios de los servicios públicos. Entre estos principios destacan la abstención "de toda forma de proselitismo" y el impedimento para cualquier persona, "en razón de sus convicciones, de recusar a un funcionario público o a otros usuarios". Tampoco se podrá "exigir una adaptación del funcionamiento del servicio público". De acuerdo con estas dos últimas frases, ninguna mujer musulmana podrá rechazar ser examinada por un médico de sexo masculino.
Después de recordar los principios de libertad de conciencia y laicidad recogidos en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, en la Constitución de 1958 y en la ley de 1905 de separación de la Iglesia y el Estado, la carta define los derechos y deberes de funcionarios y usuarios.
ESTRICTA NEUTRALIDAD
La libertad de conciencia garantiza, por ejemplo, que un funcionario pueda ausentarse con ocasión de las grandes celebraciones de su religión, pero "el principio constitucional de laicidad impone un deber de estricta neutralidad, el tratamiento igual de todos los individuos y el respeto de la libertad de conciencia". De este modo, "el hecho de que un funcionario público manifieste sus convicciones religiosas en el ejercicio de sus funciones constituye una falta a sus obligaciones".
En cuanto a los usuarios, "todos tienen igual derecho de acceso a los servicios públicos" y a "expresar sus convicciones religiosas, con los límites del respeto a la neutralidad del servicio público y del buen funcionamiento de este". En los centros donde los usuarios son acogidos a tiempo completo, como hospitales y prisiones, "deben ver respetadas sus creencias" y poder "ejercer su culto, en particular en los nacimientos, fiestas religiosas y fallecimientos".
