La transformación de la sociedad, en general, y una serie de incidente ocurridos en los servicios públicos, especialmente en la atención hospitalaria, ha llevado Alto Consejo para la Integración francés (HCI) a presentar al Gobierno de Dominique de Villepin la adopción de una Carta de la Laicidad en los servicios públicos.
El texto –no normativo–, que podría ser aprobado en el próximo Consejo de Ministros, destaca los principios constitucionales de libertad de conciencia y laicidad, y establece los derechos y deberes del personal de estos servicios y de los usuarios.
Desde su creación, el HCI pretende "reafirmar el principio de laicidad garante de la libertad de conciencia y de la tolerancia", en función de la diversidad de las religiones que conviven en Francia. La Carta advierte del peligro que corre la laicidad en los servicios públicos, especialmente en hospitales y prisiones.
El concepto de laicidad en Francia tiene su origen en la ley que separó la Iglesia del Estado, de la que se cumplió un siglo el año pasado, y que entre otros aspectos establece la ausencia de símbolos religiosos en las instituciones de la Administración. La ley que prohíbe el velo en la enseñanza pública, adoptada en 2004, es uno de sus ejemplos. Pero no el único.
Si en las escuelas los intentos de reafirmación religiosa o de proselitismo parecen haber remitido, el nuevo frente se ha trasladado a los hospitales. Según publicaba ayer Le Monde, un número considerable de mujeres musulmanas, recién licenciadas en medicina o enfermería, acuden al trabajo con velo. Dependiendo del centro, las negociaciones entre los equipos médicos han conseguido evitar conflictos por la vía de pactar que, a la hora del trabajo, estas mujeres sólo cubran con un pañuelo la parte superior de la cabeza.
Agresiones a médicos
Sin embargo, el hecho de que, a diferencia de lo sucedido en el sector de la enseñanza, en la sanidad no exista una reglamentación concreta que fije los límites, origina no pocos problemas. El HCI se ha hecho eco de las demandas de numerosos profesionales en este sentido, para evitar equívocos y situaciones que pueden desembocar en violencia. En los últimos meses ha habido varias agresiones a médicos y enfermeras por razones de origen religioso, o cuanto menos cultural. La semana pasada un juez condenó a seis meses de prisión a un hombre de religión musulmana que agredió al ginecólogo que había atendido a su mujer, aquejada de una fuerte hemorragia.
La Carta que propone el HCI considera que "el hecho de que un agente público manifieste sus convicciones religiosas en el ejercicio de sus funciones constituye una falta a sus obligaciones". Los usuarios, añade, "tienen el derecho de expresar su religión públicamente siempre y cuando se respete la neutralidad del servicio público y el buen funcionamiento del mismo".
