En la actualidad, el Estado español paga los salarios del clero católico mediante una transferencia mensual de fondos desde el Ministerio de Hacienda a la Conferencia Episcopal (141.469.680 euros en 2005)
En Madrid, el director del Laboratorio de Alternativas, Juan Manuel Eguiagaray,ex ministro socialista presidió la presentación de un proyecto de estatuto de laicidad redactado por expertos de la Fundación Alternativas, donde se sostiene que el sistema vigente de financiación de la Iglesia católica es inconstitucional y no se justifica con el argumento de que la mayoría profese esa confesión, según informóACPress.
El detallado informe de la Fundación Alternativas con el título Estatuto de laicidad y acuerdos con la Santa Sede: dos cuestiones a debate, cuestiona sostiene que “la financiación de las confesiones religiosas no puede entenderse como contenido del derecho de libertad religiosa, amén de que su mantenimiento únicamente en favor de la Iglesia católica supone una violación del principio de igualdad consagrado por la Constitución"
El documentovisualiza la situación como"insostenible" –“en la que el Estado paga salarios a sacerdotes y a profesores de religión seleccionados para cada curso escolar por los obispos”.
Los autores del informe, José María Contreras Mazarío y Oscar Celador Angón, profesores de Derecho Eclesiástico del Estado en las universidades Pablo de Olavide (Sevilla) y Carlos III (Madrid), sostienen quehay dos opciones "La primera es la de continuar con la financiación estatal de la Iglesia católica, en cuyo caso debería extenderse a otros grupos religiosos; y la segunda es la sustitución del sistema de asignación tributaria por un generoso régimen de deducciones fiscales para las donaciones que los particulares realicen a la Iglesia católica. Hablamos de una medida transitoria, o bien de una medida fiscal que debe ser aplicable tanto a los demás grupos religiosos (con independencia de que tengan acuerdos con el Estado), como a los demás grupos ideológicos, para evitar lesionar, de nuevo, los principios de laicidad y no discriminación".
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En la actualidad, el Estado español paga los salarios del clero católico mediante una transferencia mensual de fondos desde el Ministerio de Hacienda a la Conferencia Episcopal (141.469.680 euros en 2005), además de dispensar a esa confesión de un trato fiscal privilegiado, con exenciones del IVA y de los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones, entre otros, y de pagar los salarios de sus docentes de catolicismo, unos 18.000. Frente a esas cifras, el Estado ha presupuestado este año tres millones de euros para financiar algunas actividades de las confesiones protestante, judía y musulmana, mediante la creación de una fundación pública controlada por el propio ministerio.
Por su parte, Oscar Celador señaló que la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 1980, "no incluye el derecho de ningún grupo religioso a ser financiado por el Estado". "Es necesario un régimen fiscal único para todos los grupos religiosos, al contrario de lo que sucede actualmente. El régimen fiscal no puede basarse en pactos y acuerdos con el Estado", añadió.
En la presentación de Fundación Alternativa dice que "La enseñanza de la religión de manera confesional debe situarse en el ámbito de lo privado y personal, o todo lo más como una disciplina complementaria con libertad de acceso de la propia confesión" por lo que los profesores seleccionados por los obispos deberán tener una relación contractual con cada diócesis, y no con la Administración del Estado, como ocurre ahora.+ (PE).
