No pocos han presentado como un triunfo de la jerarquía eclesiástica el que el Supremo haya aceptado su recurso de no estar obligada a marcar la petición de baja de su grupo en sus libros de bautismo, “porque no son ficheros”. En realidad, eso acaba de quitar valor a dichos documentos como estadísticas fiables de pertenencia, que es en lo que los obispos se basan para exigir toda clase de privilegios y dinero en efectivo.
De hecho, la situación es ahora radicalmente distinta de la que pintan, por claras y vergonzosas razones que todos conocemos de presión social y hasta legal, esos libros de bautismo. Las cifras cantan: hoy casi una cuarta parte de los españoles se declaran no católicos en las encuestas, proporción que alcanza ya casi a la mitad en la juventud. Y desciende cada vez más, hasta ser ya cercano a sólo una cuarta parte, la proporción de los españoles que en su declaración de la renta declaran querer pagar impuestos –que debemos abonar después todos, anticonstitucionalmente- a esa Iglesia. Menos aún los católicos que siguen los preceptos suyos respecto a la anticoncepción, divorcio, etcétera; siendo incluso casi sólo la octava parte de ellos los que cumplen con el ir a misa.
Por razones también obvias, resultaría de suyo difícil hacer un censo fiable de los que aún son realmente católicos, aunque no existiera la norma constitucional que ampara el no declarar sobre fe o creencias. Y no habría siquiera esa necesidad si se respetara de verdad la Constitución, porque no haría falta conocer ese dato, ya que, como en otros países de nuestro entorno, el Estado no tendría que dar dinero y privilegios a ninguna religión. Cada asociación religiosa debería sostenerse sin problemas –según el verdadero espíritu del Evangelio, si no el de otras religiones- por sus propios y auténticos fieles, sin que sus dirigentes politizados encontraran más cómodo, como en España, chantajear al Estado que predicar y dar ejemplo suficiente para que sus seguidores mantuvieran decentemente su organización.
