El informe que acompaña al listado de inmatriculaciones es resultado de negociaciones entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal que nunca han visto la luz y seguro explican el retraso de casi tres años en su publicación.
Apenas concluido el Consejo de Ministros y Ministras, el PSOE publicó este tuit con el hashtag #TransparenciaYVerdad: “El listado de bienes inmatriculados por la Iglesia que el Gobierno envía al Congreso responde a una iniciativa presentada por el Grupo Socialista en el Congreso. Fue una ley de Aznar la que facilitó las inmatriculaciones de la Iglesia Católica”. En ambas afirmaciones no dice toda la verdad y nunca fue transparente.
No dice la verdad porque la reforma de Aznar en 1998 sirvió para privatizar los templos de culto, hasta entonces ajenos al Registro de la Propiedad por su consideración histórica como bienes de dominio público. Sin embargo, el privilegio que ha permitido a la jerarquía católica perpetrar el mayor escándalo inmobiliario de la historia es de origen franquista, equiparando a la Iglesia con la Administración Pública y a los Obispos con Notarios. Estas normas devienen inconstitucionales desde la entrada en vigor de nuestra Carta Magna por chocar frontalmente contra el principio de aconfesionalidad del Estado. En consecuencia, este listado de 35.000 bienes inmatriculados tampoco responde a toda la verdad porque debió solicitarse desde 1946 o, en el peor de los casos, desde 1978. La Iglesia inmatriculó miles de bienes desde entonces, incluidos templos de culto a pesar de la prohibición registral, como La Seo y muchas iglesias mudéjares de Aragón o del prerrománico asturiano, por citar algunos ejemplos sangrantes.
Tampoco es transparente. Como ha reconocido el Gobierno y la propia Conferencia Episcopal, el informe que acompaña al listado es el resultado de negociaciones mantenidas entre ambas partes que nunca han visto la luz y que seguro explican el retraso de casi tres años en su publicación, llegándose incluso a recurrir la decisión del portal de transparencia para impedirla. En medio, han coincidido silencios atronadores de la jerarquía católica en cuestiones tan espinosas como la exhumación de Franco o la ley Celaá. Algo similar ocurrió cuando el Gobierno de Zapatero incrementó la asignación a la Iglesia en el IRPF, a la par que se aprobaban las leyes del aborto o del matrimonio igualitario.
El resultado es que, contra lo prometido en el discurso de investidura y en sus programas electorales, el Gobierno de coalición elude pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de las inmatriculaciones para no tener que declarar su nulidad. Y tampoco se compromete a regular en qué casos los bienes de carácter religioso deben pertenecer al patrimonio público, como ocurre en Francia o en Portugal, donde los monumentos más relevantes son de todos y todas, sin cuestionar en ningún caso su uso religioso. Se lava las manos y endosa el problema a los Ayuntamientos y particulares que ahora tendremos que probar lo que la Iglesia se apropió sin prueba alguna.
Antonio Manuel Rodríguez Ramos es profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y portavoz de la Coordinadora Estatal Recuperando.
