Fallo impide ligadura de trompas

Lo habían pedido los padres de una menor con retraso mental, que es madre y fue abusada.

Un fallo de la justicia mendocina sobre un pedido de ligadura de trompas de una menor de edad con retraso mental reabrió el debate sobre la autonomía de las mujeres más vulnerables, y el cumplimiento de sus derechos sexuales y reproductivos. Los padres habían solicitado la cirugía, tal como lo establecen la ley nacional y provincial de contracepción quirúrgica. El caso se resolvió en primera instancia a favor de los progenitores, pero la medida fue apelada por la Asesoría de Menores,  y la Cámara negó el pedido con el argumento de que la incapacidad mental no tenía sentencia firme y la niña se resistía a la operación. Según los informes del Centro de Salud, se trata de una joven de 15 años con antecedentes de abuso sexual, madre de un niño recién nacido, de otro fallecido por problemas congénitos, que vive junto a sus catorce hermanos en "una situación de pobreza estructural con hacinamiento crítico y colecho".

"Es un fallo difícil de analizar. Para empezar no fue unánime. Una postura señala que hay que prestar atención a los antecedentes y al contexto socioeconómico, y entender el pedido de los padres de declararla incapaz. Otras dos juezas señalan que es una discapacidad menor y que, por eso, se deben atener a los lineamientos de la ley. En todo caso lo que se debe garantizar es una mayor contención y acompañamiento de parte del Estado”, señaló a Tiempo la diputada provincial por la UCR Liliana Vietti, autora del proyecto, archivado en Legislatura, para adherir a la Guía para el Aborto no Punible que impone la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El juez de la Cámara, Germán Ferrer, postuló que si bien "todas las personas son iguales ante la ley y tienen la misma capacidad jurídica o de derecho", resulta un despropósito no tener en cuenta las condiciones personales, familiares, económicas y sociales, que "potencian las limitaciones que a la joven le provoca su enfermedad mental en relación a la posibilidad de ejercer una maternidad responsable y satisfactoria para ella y para los hijos". Sin embargo, las juezas Carla Zanichelli y Estela Politino señalaron que no hay constancia de que los médicos le hayan advertido a la familia sobre las implicancias de la intervención, ni sobre la existencia de otros métodos anticonceptivos. En esa línea, Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer señaló a este diario: "estas chicas son fácilmente presas de esos abusos. Pero hay que asesorar a los padres con métodos más útiles. Si ella se opone, hay otras formas de hacer prevención, como la colocación de un DIU, o las pastillas".

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