El Obispado de Astorga emitió ayer una nota en la que anuncia que hoy mismo, el sacerdote José Manuel Ramos Gordón, comenzará a cumplir la pena impuesta por abusos a menores en un monasterio fuera de la diócesis de Astorga. “El sacerdote interpuso un recurso de reposición ante el obispo contra el decreto penal en el mes de septiembre obteniendo una respuesta negativa. Después de haber manifestado su intención de no ejercer el derecho al recurso de alzada ante la Congregación para la Doctrina de la Fe y una vez transcurrido el tiempo previsto por la ley, el caso ha pasado a ser cosa juzgada”, explican.
Ramos Gordón fue suspendido por el Vaticano tras las acusaciones de abusos sexuales en el colegio Juan XIII de Puebla de Sanabria (Zamora) entre 1981 y 1984 y anteriormente en el seminario de La Bañeza (León) hace 30 años.
El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, que ahora es el presidente de una comisión creada en la Iglesia católica española para combatir la pederastia, valoró en su día la pena impuesta a Ramos como “muy dura” y explicó que no lo expulsó de la diócesis, como se pedía, porque el delito lo cometió hace 30 años “y en su ejercicio de la profesión posterior no se han producido problemas”.
A un monasterio
Ahora, tras múltiples informaciones sobre pederastia en España, y cuando el Papa Francisco ha hecho un llamamiento a actuar con contundencia, se cumplirá esta pena impuesta: prohibición del ejercicio del ministerio sacerdotal en público y residir diez años en un monasterio o convento fuera de la diócesis de Astorga. Sus delitos habían ya prescrito.
Sobre el sacerdote Ángel Sánchez Cao, también investigado en su día por presuntos delitos de abusos a menores cometidos en el año 1980 en el seminario de La Bañeza, la nota informa de que se han recibido “recientemente noticias fundadas sobre otro presunto abuso del sacerdote a un menor en la misma fecha y lugar por lo que se ha ordenado una investigación preliminar para esclarecer los hechos”. Mientras tanto, Sánchez Cao ha sido “apartado de las parroquias y del ejercicio público del ministerio” y se le ha prohibido “mantener contacto con menores y con la presunta víctima”. Medidas cautelares, dicen, para garantizar la libertad y el buen desarrollo de la investigación.
