Las personas que se niegan a reconocer la situación de privilegio con que vive la Iglesia católica (Ic) en España, lo tienen aún más difícil para seguir negando la evidencia: la jerarquía católica se ha apropiado de miles de propiedades que no eran suyas, sino comunales, merced a la Ley Hipotecaria franquista de 1946, ampliada generosamente por Aznar en 1998. No hay más ciego que el que no quiere ver.
Si usted o yo queremos registrar un inmueble a nuestro nombre, primero tenemos que tener el título de propiedad que demuestre que es nuestro (escritura) y de ello tiene que dar fe pública un notario; sólo después podemos registrarlo, también con la participación de un fedatario público. A la jerarquía católica le basta que un obispo “dé fe” (sin ser ninguna instancia pública) de que el bien es de la Iglesia, para que pueda registrarlo, sin más, sin necesidad de que exista escritura, ni intervenga ningún poder público o notario.
De esta forma, se equipara a la Ic con una institución pública (y no lo es), contraviniendo el mandato del Tribunal Constitucional de que no cabe ningún tipo de confusión entre las funciones estatales y las funciones religiosas. Amparada en esta “nocturnidad”, y de forma alevosa, el episcopado ha inscrito a registrado como suyas miles de propiedades en diferentes localidades españolas, “privatizando” bienes que, hasta ahora, eran de naturaleza pública. Tan sólo en Navarra, se reclama la recuperación de 1.085 bienes (templos, ermitas, obras de arte, viviendas, locales, fincas, solares, cementerios) de los que se ha apropiado ilegítimamente el obispado entre 1998 y 2007.
La falta de transparencia que caracteriza todas las operaciones económicas de la Iglesia suele ir de la mano de la pasividad de las administraciones públicas a la hora de arrojar luz y documentar estas oscuras maniobras, que no sólo atacan y amenazan el patrimonio público (que es de todos), sino que avergüenza, sin duda, a miles de católicos, que no “comulgan” con estas prácticas, legales, pero más propias de la piratería y la rapiña.
Precisamente, en aras de esa transparencia, la Asociación Laica de Rivas Vaciamadrid solicitó hace ya ¡9 meses! al Sr. Alcalde que publicitara qué entidades de carácter religioso se habían beneficiado en el último ejercicio de exenciones de impuestos (IBI e ICIO) o de cualesquiera beneficios económicos, al amparo de los Acuerdos con la Santa Sede. Hay municipios de los que existe esa información. ¿Por qué de Rivas Vaciamadrid no? ¿Cuánto deberemos esperar para que se nos dé una información que debe ser pública?
