Exigen la retirada de símbolos religiosos en colegios electorales

La Federación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores de Valladolid ha remitido una queja por escrito a la Oficina del Censo Electoral de la provincia para pedir la retirada de la simbología de cualquier credo religioso en todos los espacios públicos y privados” en los que se han constituido mesas electorales para los comicios del próximo día 9 de marzo.

La petición ha sido elevada a esta oficina con una exposición de la relación de locales de titularidad privada, los cuales, en su mayoría, “suelen estar presididos de forma prominente por símbolos confesionales y representaciones religiosas”. La mayoría de las mesas electorales están situados en casas parroquiales, colegios católicos, una residencia religiosa e, incluso, un seminario.

Derechos violados
La queja de los vecinos vallisoletanos expone incluso los derechos que protegen a los ciudadanos ante esta situación. Además de los artículos 9.2 y 16.1 de la Constitución, que prohíbe cualquier discriminación por religión o convicción y protegen la libertad de culto, y la doctrina del Tribunal Constitucional que establece que “ninguna religión tendrá carácter estatal”, la carta recuerda los repetidos dictámenes de la Junta Electoral exigiendo que los colegios se adapten a la función electoral.

"Conferencia Episcopal beligerante"
El escrito no acaba ahí. Tras exponer los legítimos derechos de los electores recuerda que el problema es, en concreto, con “una confesión particular, en la mayoría de los casos la católica, cuya cúpula jerárquica, representada por la Conferencia Episcopal española, ha manifestado repetidamente con extrema beligerancia su derecho a orientar de manera partidaria el voto de los ciudadanos y ciudadanas en el sentido político de su ideología

"Moral integrista"
Sobre esa jerarquía religiosa, la representada por la Conferencia Episcopal, el escrito añade que "hace alarde de agresivos e intolerantes pronunciamientos para imponer su moral integrista en temas relacionados con la educación, (…) las investigaciones médicas, los avances científicos, la familia, las relaciones sexuales, la ampliación de los derechos individuales y las libertades civiles, descalificando todo cuanto no sea propio de la confesión católica”.

"Imponen sus creencias"
Por último, el texto expone un dura crítica contra el ala más beligerante del obispado, acusándoles de “imponer a todos los ciudadanos y ciudadanas, sin distinción de creencias, un único modelo socio-cultural, el suyo, desde la amenaza, la descalificación y la desconsideración”, así como de “cuestionar la legitimidad de las Cortes Generales” y de “negar al Gobierno democrático de la nación su función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes”.

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