Exigen la retirada de la simbología religiosa en los colegios públicos

Representantes de los docentes creen que la Junta debe tomar medidas.Representantes de la junta de personal docente no universitario, durante el pleno ordinario de ayer

La junta de personal docente no universitario exigirá a la Delegación provincial de Educación que adopte las medidas oportunas y dicte las instrucciones necesarias para la retirada de la simbología religiosa de los centros educativos públicos de la provincia de Córdoba. Esta es una de las resoluciones aprobadas ayer por el pleno de los representantes de los 12.000 profesionales de la enseñanza no universitaria en la provincia y que está constituida por los sindicatos FETE–UGT, CCOO, CSI–CSIF, ANPE, Ustea, SIEP y SADI. Su presidente, Eduardo Latorre, aseguró que, según se recoge en el artículo 16 de la Constitución Española y en la ley orgánica 7/80 de 5 de julio, en los centros escolares públicos "no puede haber simbología religiosa", aunque reconoció que todavía hay "mucha resistencia por parte de algunos centros" y no es competencia de los directores retirar esta simbología cuando un profesor se empeña en tenerla en su aula. Eduardo Latorre aclaró que, en este caso, es la Delegación de Educación "la responsable de tomar las medidas para que esto no ocurra".

También el pleno de la junta de personal docente instará a la Consejería de Educación para que en la futura LEA (Ley de Educación para Andalucía) se establezcan las medidas encaminadas a otorgar estabilidad al profesorado interino que actualmente presta servicios en la Administración educativa.

La valoración del curso ha sido muy "crítica" porque los problemas que existían al principio "no se han solucionado e incluso se han aumentado", subrayó Eduardo Latorre, quien, al mismo tiempo, comentó que tienen la esperanza de que la LOE y la LEA den salida a determinadas situaciones críticas que padecen los profesores de los centros de enseñanza costeados con fondos públicos. Latorre mostró su preocupación por la situación que atraviesa el colegio Salvador Vinuesa, que será remodelado totalmente durante el próximo curso y cuyos alumnos serán trasladados al colegio Califato y al IES Medina Azahara, pero, de momento, "no hay ningún movimiento y tememos que el 1 de septiembre no se hayan resuelto los problemas adecuadamente".

Además, criticó que la Delegación de Educación "ha cerrado una fuente de información" con la creación del Ente para Infraestructura, "un desconocido por todo el mundo". En su opinión, es muy difícil conocer los proyectos sobre construcciones escolares y la modificación de los mismos. De hecho, Latorre aseguró que los nuevos centros educativos no dan respuesta a los problemas de escolarización.

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