«La Constitución consagra el carácter aconfesional del Estado y se están vulnerando derechos fundamentales -afirmó Raúl Jurado en una rueda de prensa conjunta-, como la libertad de conciencia de los padres que no quieren estar representados por símbolos religiosos en un colegio público, o la no discriminación por razones ideológicas o religiosas».
Según explicó, ni la dirección del centro, ni los servicios de inspección ni la Dirección Provincial de Educación han atendido su queja amparándose en que el Consejo Escolar del Macías Picavea acordó por mayoría no proceder a la retirada de los crucifijos, en una votación secreta celebrada el pasado 3 de octubre. «Pero los Consejos Escolares -añadió- no pueden adoptar decisiones que vulneren la ley, ni tienen atribuidas competencias en una materia que afecta a derechos individuales de las personas», por lo que están estudiando emprender acciones judiciales una vez agotada la vía administrativa.
Para Miguel Bartolomé, secretario de Escuela Laica, «la Junta está haciendo dejación de funciones, en este caso y en otros similares».
Esta asociación, que se acaba de constituir legalmente, defiende «una escuela pública laica, donde la clase de religión no se imparta en horario lectivo y donde no se imponga a nadie una asignatura alternativa», según su presidente, Carlos Parrado.
