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Exigen en una protesta que la Iglesia devuelva todos los bienes inmatriculados en Córdoba

Piden al Gobierno central que “se establezcan los procedimientos” para la catalogación y registro como bienes de interés público.

Una protesta ciudadana convocada por numerosas asociaciones a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba ha exigido que la Iglesia devuelva los 344 bienes que inmatriculó en la provincia desde 1998 hasta 2105 con la reforma de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno de José María Aznar, entre ellas la Mezquita-Catedral de Córdoba, que quedó fuera de la negociación del Estado con la Conferencia Episcopal para devolverlos.

El portavoz de la Plataforma Mezquita Catedral, Miguel Santiago Lozada, y el de Córdoba Laica, José Antonio Naz, han reivindicado la “nulidad” de estas inmatriculaciones, especialmente desde el año 1978 pues las consideran “inconstitucionales”. Con todo ello, piden al Gobierno central que “se establezcan los procedimientos para la catalogación y registro como bienes de interés público”, así como que se amplíe la información de todas, desde 1946.

Según el listado de bienes inmatriculados elaborado por el Gobierno central serían 344 en la provincia de Córdoba, aunque las asociaciones aseguran que se podría tratar de hasta 2.000 si se incluyen todos los bienes inmatriculados y que los colectivos consideran “bienes arrebatados por la jerarquía católica”. Y es que la lista divulgada por el Ayuntamiento en 2017, a petición de la plataforma, fue de 174 bienes inmatriculados, “de los que solo aparecen 37 en el listado publicado por el Gobierno, cinco veces menos”.

Un momento durante la protesta en Córdoba.
Un momento durante la protesta en Córdoba. / JUAN AYALA

Entre dichos inmuebles, según informan las plataformas, están la iglesia de la Magdalena, que sufrió una restauración en el año 2005 con dinero público, plazas públicas como la del Pocito, el triunfo de San Rafael, el quiosco del bulevar del Gran Capitán o terrenos del Parque Figueroa.

La lista continúa con la fuente del Patio de los Naranjos de la Mezquita o la imagen de San Rafael de su torre, bienes de uso religioso como la ermita del Socorro y las iglesias de San Rafael, San Pedro, que fue restaurada en 1994 por la Junta, San Andrés, Santa Marina, San Agustín, de la Compañía, San Francisco, San Lorenzo o Santiago, muchas de las cuales fueron sometidas a obras con dinero de la Junta de Andalucía.

También han recordado que recientemente el Gobierno ha acompañando al arzobispo Juan José Omella en la presentación de un informe sobre realizado por la Secretaría General de la Conferencia Episcopal, donde reconocen “irregularidades” en casi 1.000 bienes inmatriculados y “¿qué pasa con los otros 99.000?”, se han preguntado los colectivos agrupados en Recuperando.

Para las plataformas, si la Iglesia demuestra con documentos la titularidad de estos bienes, “evidentemente se buscará otras soluciones”. En el caso de la Mezquita, la razón fundamental que alegan para que sea devuelta y considerada un bien público es que “no hay ningún documento por escrito que diga que fue donada a la Iglesia por Fernando III, por lo que es un bien de dominio público, con el uso para la Catedral”, alegan. 

“Esto tiene que solucionarlo el Parlamento del Estado, se tiene que aprobar una ley que permita que sean bienes de dominio público, son patrimonio del pueblo, exigimos que haya un marco legal”, ha reivindicado Miguel Santiago Lozada. 

Asimismo, desde las asociaciones, que se han manifestado hoy en una veintena de ciudades de España, han querido enviar un mensaje al presidente Pedro Sánchez para que “cumpla con su palabra y su programa electoral, en el que esta reivindicación aparecía tanto en el del PSOE como el de Podemos e IU y siendo este uno de los puntos de la coalición, la reversión de los bienes que no podían demostrar la titularidad”. Además, le han pedido al Gobierno central que “deje de dar vueltas al tema, el 80% del patrimonio español es de la Iglesia, una institución privada, eso es un escándalo incomprensible en Europa”. 

Aunque afirman que sí ha habido reuniones y contactos con ministros, piden que se les reciba y escuche a los más de 30 colectivos y plataformas ciudadanas en todo el país. 

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