Hemos visto, sin embargo, que nuestras instituciones se han ido debilitando por la frecuente intromisión religiosa del alto clero en la vida política del país y por una activa participación de funcionarios federales, numerosos gobernadores y presidentes municipales en favor de la Iglesia Católica.
Es lamentable que a casi cinco años de un régimen fallido y de facto, continúen actos y prácticas que pretenden hacer del estado mexicano un estado confesional.
El intento de donativo de 90 millones de pesos que quiso dar el gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, para que se construyera el Santuario de los Mártires Cristeros, constituyó un acto de cinismo y autoritarismo que debe ser castigado.
El gobernador cristero de Jalisco ha actuado con una permisiva impunidad.
Recordemos que siendo alcalde de Guadalajara editó un libro de Historia y Geografía de Jalisco para estudiantes del tercer grado de primaria, con cargo al erario municipal, para hacer apología de la religión católica.
A fines del año 2007 regaló un nacimiento artesanal al Vaticano con un costo para el erario de casi un millón de pesos. Así como regalar dinero a las televisoras en la telenovela “Las tontas no van al cielo”.
Desde su llegada al gobierno de Jalisco ha realizado en Casa Jalisco cursos de oración y Biblia.
Hace poco se acaba de destapar como precandidato a la Presidencia de la República, no como un “fiestero sino como deportista”, con cargo al erario público en la promoción del “turismo religioso”, y que hoy se promueve con cargo al erario.
Impune el hecho del limosnazo y otros más en tanto el Cardenal Juan Sandoval Iñiguez ha seguido insistiendo continuamente que el Estado subsidie a iglesias católicas (Ver El Semanario)
Lamentablemente vemos que muchas autoridades no entienden que no deben mezclarse actos políticos con religiosos. Hace un mes, cuando anunciamos una impugnación del limosnazo, el alcalde priista de Guadalajara, Aristóteles Sandoval, pidió al Cardenal Juan Sandoval Iñiguez que acudiera a bendecir (sic) la pavimentación de la Avenida Juan Pablo II.
Hoy necesitamos reconstruir el Estado laico para que sea capaz de reconocer la inmensa pluralidad que hoy existe en México.
Esta pluralidad política, cultural y religiosa, debe acompañarse de un marco definido de convivencia y bienestar común a los diferentes grupos, asociaciones o religiones que constituyen la realidad nacional.
Por ello, una regla fundamental del Estado de Derecho es que se garantice que ninguna asociación religiosa participe de ventajas o privilegios de ningún servidor público y autoridad.
Que el cardenal Juan Sandoval Iñiguez haya regresado el limosnazo del erario público es un triunfo inobjetable de la sociedad civil jalisciense.
En este contexto exigimos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos revise nuestra impugnación en este episodio y se pronuncie en defensa inmediata y respeto del estado laico.
Arcadia Lara González
Presidenta del Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de mayo AC
