La Comisión Europea contesta en el Parlamento comunitario que la resolución de este conflicto debe resolverlo España como Estado
La Comisión Europea se ha inhibido de la polémica sobre la inmatriculaciones de la Iglesia en España y también sobre el caso concreto de la Mezquita Catedral de Córdoba, según consta en dos respuestas parlamentarias planteadas por la europarlamentaria de IU Paloma López. La pregunta surgió después de una visita al Parlamento Europeo de las plataformas de Defensa del Patrimonio Navarro y Mezquita-Catedral, Europa Laica, Redes Cristianas y Comunidades Cristianas Populares.
Las respuestas, a las que ha tenido acceso este periódico y adelantadas esta mañana por ABC Córdoba y El Día de Córdoba, están firmadas por los comisarios de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsis, y de Justicia, Verâ Jourová, y coinciden en su argumentario. El primero, en una respuesta que fue emitida el pasado viernes, responde exclusivamente sobre los planteamientos realizados en la Mezquita Catedral de Córdoba. “La Comisión Europea considera que la protección del patrimonio cultural es muy importante. No obstante, de conformidad con los Tratados, su protección y promoción es ante todo una responsabilidad nacional, y la acción de la Unión Europea se limita a favorecer la cooperación entre los Estados miembros y a apoyar y complementar la acción de estos. Por lo tanto, la Comisión no tiene competencias para intervenir en lo que respecta a la cuestión planteada por Su Señoría”, señala textualmente.
En el caso de las inmatriculaciones, Verâ Jourová señala que “los Estados miembros pueden introducir diferentes normas sobre el régimen de la propiedad. Sin embargo, al definir las condiciones del ejercicio de los derechos de propiedad, los Estados miembros deben ajustarse a las normas fundamentales del Derecho de la Unión (en particular, la libre circulación de capitales) si las medidas entran en el ámbito de aplicación de los Tratados”.
En este sentido, la comisaria europea señala que “sobre la base de la información de que dispone la Comisión, no parece que el asunto a que se refiere su Señoría entre en el ámbito de aplicación del Derecho de la UE. En estos casos, corresponde a los Estados miembros, incluidas sus autoridades judiciales, garantizar que los derechos fundamentales se respetan y protegen de manera eficaz con arreglo a la legislación nacional y a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluido el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.
La UE rechaza tomar posición sobre las inmatriculaciones y la Mezquita
Dos respuestas de la Comisión Europa sostienen que es un asunto de jurisdicción española y en el que Bruselas no tiene nada que decir.
La Comisión Europea ha decidido inhibirse en el asunto de la inmatriculación de la Mezquita-Catedral de Córdoba al entender que carece de competencias en la materia, según se refleja en una respuesta por escrito fechada el pasado viernes. El posicionamiento de Bruselas viene a solventar las cuestiones presentadas en su día por un grupo de europarlamentarios españoles, entre los que se incluían el líder de Podemos, Pablo Iglesias, o la exconsejera andaluza Clara Aguilera (PSOE). El comisario de Educación y Cultura de la UE, el húngaro Tibor Navracsis, es quien firma el texto en nombre de la Comisión para sostener que ésta “no tiene competencias para intervenir en lo que respecta a la cuestión planteada”. Argumenta del mismo modo que la protección y promoción del patrimonio “es ante todo una responsabilidad nacional, y la acción de la Unión Europea se limita a favorecer la cooperación entre los Estados miembros y a apoyar y complementar la acción de estos”.
Los eurodiputados españoles no habían realizado sin embargo esta única pregunta, sino que también le habían pedido a la Comisión que se posicionase sobre la inmatriculación de bienes de la Iglesia Católica más allá de la Mezquita, pues consideraban que el proceso, “especialmente a partir de 1998”, se había producido “al amparo de injustificables normas predemocráticas y confesionales”. Demandaban en tal sentido que la Comisión instara al Gobierno de España para que, conforme al principio de transparencia, “facilite el listado completo de los bienes inmatriculados por la jerarquía católica desde 1978”. La respuesta a estas cuestiones coincide en esencia con la anterior, pues también la Comisión Europea sostiene que este tipo de discusiones no entran dentro del derecho europeo. El escrito lo firma en este caso la comisaria de Justicia, Vêra Jourová, que precisa que, sobre la base de la información de la que se dispone, “no parece que el asunto entre en el ámbito de aplicación del derecho de la UE”. Añade la política checa que, en casos de este tipo, “corresponde a los Estados miembro, incluidas sus autoridades judiciales, garantizar que los derechos fundamentales se respeten y se protejan de manera eficaz con arreglo a la legislación nacional y a las obligaciones en materia de derechos humanos”. En definitiva, lo que se viene a decir en ambos casos es que la UE carece de competencias generales para intervenir en los Estados miembro y “sólo puede hacerlo si se trata de alguna cuestión relacionada con la legislación de la Unión Europea”, lo que se entiende que no es el caso.
La respuesta de Bruselas cierra otra vía a los grupos políticos y a la plataforma ciudadana que reclaman que se anule la inmatriculación de la Mezquita-Catedral y se abra un proceso para declarar pública su titularidad y la de otros inmuebles. No es la primera vez sin embargo que se encuentran con una decisión contraria a sus intereses, pues tampoco en los juzgados han logrado el respaldo que buscaban. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidió hace ahora un año no admitir una denuncia del por entonces concejal de UCOR Carlos Baquerín, mientras que en el mes de junio el juzgado número 6 de Córdoba decretó el archivo de una denuncia sobre este mismo tema que se había presentado bajo la firma de varios exalcaldes como Julio Anguita, Herminio Trigo, Andrés Ocaña o Manuel Pérez. La resolución estimaba el archivo al entender que las inmatriculaciones se hicieron bajo el amparo de la Ley Hipotecaria y al defender que la Iglesia posee la Mezquita desde el siglo XIII sin que hayan existido conflictos.
La UE rechaza intervenir en la polémica de la Mezquita-Catedral de Córdoba
Las pretensiones de la plataforma que reclama la propiedad pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba de que el conflicto sobre el monumento sobrepase institucionalmente las fronteras nacionales acaba de caer en saco roto. La Comisión Europea ha comunicado que no intervendrá en la cuestión sobre la propiedad y la gestión del primer monumento de la ciudad ya que, asegura tajante, no tiene base legal para ser parte de una cuestión sobre la que no tiene competencias. El Gobierno de la UE ha comunicado a un grupo de europarlamentarios de partidos de izquierda de que su reclamación de que la comunidad intervenga es inviable.
Lo ha realizado mediante sendas respuestas parlamentarias de los comisario de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, el húngaro Tibor Navracsis, y la responsable de Justicia, la checa Verâ Jourová. Ambos han remitido una respuesta escueta donde se niegan a tomar partido o decisiones como las que se reclamaban, en el sentido de intervenir en la legislación española para frenar las posibilidades de inmatriculación de templos de culto a nombre de la Iglesia Católica.
Delegación de la plataforma en Bruselas
Ambos recibieron un grupo de preguntas que firmaban los europarlamentarios Pablo Iglesias (Podemos, que dimitió del cargo), Estefanía Torres (Podemos) Clara Aguilera (exconsejera socialista de la Junta), Paloma López (IU), Marina Albiol (IU), Josep-María Terricabras (ERC) y Jordi Sebastiá (Compromís). Todos ellos recibieron en 2015 a una delegación de la plataforma con el objetivo de introducir el asunto en la política comunitaria. La idea era establecer una denuncia sobre el derecho de propiedad español, que permite la realización de inmatriculaciones como las denunciadas, y apelar a lariqueza patrimonial de la Mezquita-Catedral de Córdoba.
En ambos casos, la Comisión Europea niega la mayor. Tibor Navracsis, desde Cultura, reconoce su prioridad a la hora de preservar el patrimonio cultural. Sin embargo, recuerda que los tratados que regulan la UE establecen que la protección patrimonial es una competencia prioritaria de los estados miembro.
Sobre la propiedad propiamente dicha, Verâ Jourová señala que la legislación estatal tiene que cumplir una serie de criterios comunes en materia comunitaria, sobre todo, en lo concerniente a la libre circulación de capitales. Por los antecedentes disponibles sobre el asunto de la Mezquita-Catedral en la Comisión Europea, dice la respuesta, «no parece» que sea una casuística en la que las instituciones comunitarias tengan nada que decir puesto que no entran en colisión con los tratados firmados por España ni con la legislación común a los socios europeos».
