Europa Laica exige una Ley de Libertad de Conciencia que garantice la separación del Estado de las iglesias, la laicidad de las instituciones y la eliminación de los privilegios de la Iglesia Católica

VII Jornadas Laicistas

·        “No podemos seguir llevando al ámbito judicial lo que tendría que ser resuelto desde el ámbito legislativo”, manifestó el presidente de Europa Laica.

·        Califican de “escándalo público” quela Iglesia Católica española reciba del Estado anualmente más de diez mil millones de euros (el 1% del PIB), y más en el actual periodo de crisis económica

La asociación estatal Europa Laica celebró el sábado día 5 en el Ateneo de Madrid su VII Jornada laicista anual, en la que participaron más de 300 personas, entre socios, simpatizantes, representantes de asociaciones laicistas europeas y de organizaciones cívicas comprometidas con la construcción de un Estado laico. La jornada trató la necesidad de que el Parlamento apruebe una Ley de Libertad de Conciencia, que garantice la separación iglesias-Estado y limite los privilegios de los que goza la Iglesia Católica en España.

En el acto de apertura de la jornada, Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, informó que a la asociación y al Observatorio de la Laicidad llegan cada mes centenares de quejas sobre ataques a la libertad de conciencia de los ciudadanos y ciudadanas, una importante mayoría de las cuales están relacionadas con el ámbito de la enseñanza. Hay personas que tienen que recurrir a los tribunales para defender sus derechos, ante lo cual, Delgado manifestó que “no podemos seguir llevando al ámbito judicial lo que tendría que ser resuelto desde el ámbito legislativo”.

También insistió en “que se da la paradoja de que la sociedad está profundamente secularizada, los dogmas religiosos no gozan del respaldo de una mayoría de la ciudadanía, y sin embargo la laicidad de las instituciones públicas no está en la agenda de los líderes políticos”.

Además, Delgado calificó de “escándalo público que la iglesia católica española reciba anualmente el 1% del PIB, es decir más de diez mil millones de euros del Estado, y más en estos años de grave crisis económica”.

A lo largo de la jornada, y en distintas ponencias, se analizó la situación de la libertad de conciencia en los menores, la intromisión de las religiones en derechos cívicos como la eutanasia o el aborto, el tratamiento de la laicidad por los medios de comunicación y la financiación de las religiones en el espacio europeo.

Ana Mª Valero, doctora de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, en su ponencia sobre la libertad de conciencia de los menores analizó cuál es el alcance de los derechos educativos de los padres sobre sus hijos, que ella subordinó al derecho a la libertad de conciencia de los menores.

Así, ante asuntos de candente actualidad como la supuesta “objeción” de conciencia a Educación para la Ciudadanía o a la educación sexual, y el homeschooling (escolarización en casa), Valero informó que, frente a los derechos de los padres, el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia dan prioridad al menor, por ser titular pleno del derecho a la libertad de conciencia.

En otro asunto polémico como el de la persistencia de la asignatura de religión en la escuela, Ana Mª Valero afirmó que aunque el artículo 27.3 de la Constitución no obliga a la existencia de esta asignatura, sí lo hacen los Acuerdos con la Santa Sede de 1978, que sostiene que debe ofertarse “en condiciones equiparables al resto de materias curriculares”. Por ello, señaló que esos Acuerdos son un obstáculo para sacar la religión de la escuela y avanzar en la laicidad del Estado. Valero también afirmó que esta asignatura “no es adecuada para la libre formación de la personalidad y la conciencia del menor.

Ante el adoctrinamiento religioso e ideológico que puedan inculcar determinados centros escolares o profesorado, Valero recordó tres principios fijados por el “Tribunal Europeo de Derechos Humanos” (TEDH), que deben guiar la enseñanza para respetar la libertad de conciencia de los menores, y sin los cuales se estaría incurriendo en lo que este tribunal considera “abuso de proselitismo”: la objetividad, el pluralismo y el carácter crítico.

Alejandro Torres, catedrático de Derecho Eclesiástico de la Universidad Pública de Navarra, abordó la financiación de las religiones en Europa, e informó sobre tres modelos básicos de financiación de las confesiones religiosas en Europa: la “laicidad reforzada”, el “impuesto religioso” y el “sistema de asignación tributaria”.

Respecto al modelo de la “laicidad reforzada”, puso como ejemplo a Francia, cuya Constitución prohíbe la financiación pública de cualquier confesión religiosa. Otros países con este modelo son Reino Unido, Irlanda y Chipre.

El modelo del “impuesto religioso” es seguido por países como Alemania, Dinamarca y Finlandia. En Alemania los ciudadanos se dan de alta o baja en una confesión que ellos mismos mantienen. Así, en la declaración de la renta, si están inscritos en alguna confesión, deberán pagar un “extra” que irá destinado a esa confesión religiosa. Quienes pagan tienen derecho al bautizo, comunión, etc. Si no pagas este impuesto, no tienes derecho a ello.

El “sistema de asignación tributaria” es seguido en España, Italia, Hungría y Portugal, entre otros. En España el contribuyente puede marcar la casilla de la Iglesia Católica, a la que se le asignará el 0,7% de lo que tenga que abonar. De esta manera, quienes marcan esa casilla están contribuyendo en menor medida al sostenimiento de los gastos generales del Estado (Educación, Sanidad, etc.) e implica, indirectamente que todos los ciudadanos contribuyan por igual al sostenimiento de la Iglesia Católica.

No obstante, Alejandro Torres dijo que el dinero que obtiene la Iglesia Católica en España mediante la asignación tributaria en el IRPF sólo “la punta del iceberg”, pues el “grueso de la financiación” está en los conciertos con los centros educativos católicos”, el pago de salarios al profesorado de religión, la exención de  impuestos y  el mantenimiento de su patrimonio.

 

En su intervención, el periodista Juan González Bedoya, afirmó que España ha superado la dinámica clericalismo-anticlericalismo del siglo XIX y principios del XX, y en la actualidad los ciudadanos “vivimos sumidos en la perplejidad”, al observar cómo después de tantos años de democracia se mantienen muchos de los privilegios de la Iglesia Católica, apuntalados por los Acuerdos con el Vaticano de 1979.

González Bedoya señaló que las cosas han ido a peor respecto a la influencia de los obispos en algunos medios de comunicación. No obstante, manifestó que él nunca se ha sentido presionado por el diario para el que trabaja. Señaló que en España “se lee poco” y esto ayuda a que la jerarquía eclesiástica mantenga la desinformación y los privilegios.

González Bedoya recordó que elaboró una amplia investigación que publicó “El País” sobre la financiación de la Iglesia Católica, cuyos resultados oscilaban entre los 6.000 millones de euros (cantidad que fue la que publicó el diario), y 10.000 millones de euros, si se incluyeran las numerosas desgravaciones fiscales de las que goza y otras dádivas a recibidas en los ámbitos locales y regionales.

Este periodista sostuvo que la Iglesia Católica ha conseguido “torcer el brazo” al Gobierno en cuanto a la Ley de Libertad de Conciencia. No obstante, se mostró optimista al afirmar que “esto lo va a resolver el pueblo”, si se tiene en cuenta que cada vez menos alumnado está matriculado en religión, y que la Iglesia Católica está entre las instituciones peor valoradas por los jóvenes, según el último estudio de la Fundación Santa María, institución “poco sospechosa” de defender el laicismo.

Por la tarde, Luis Montes, presidente de “Derecho a Morir Dignamente”, y Rosario Guerrero, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, analizaron la intromisión de las religiones en los derechos de las personas.

Luis Montesafirmó que las confesiones religiosas son “el enemigo público” de los derechos cívicos, y sobre todo en los derechos “de entrada y de salida de la vida”, en referencia a la interrupción voluntaria del embarazo y a la eutanasia.

Rosario Guerrerorealizó un recorrido histórico de los derechos de la mujer en las últimas décadas. Recordó que hasta 1981 “las mujeres parían pero no tenían patria potestad sobre sus hijos e hijas”. Guerrero informó sobre los derechos que garantiza la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

En el transcurso de la Jornada se celebró una mesa redonda sobre la necesidad de que el Parlamento apruebe una Ley de Libertad de Conciencia, en la que participaron los diputados Álvaro Cuesta (PSOE), Gaspar Llamazares (IU) y Joan Tardá (ERC).

Gaspar Llamazaresseñaló que la Ley de Libertad Religiosa de 1980 es una “ley postfranquista que bebe de los Acuerdos con el Vaticano de 1979, ajena a los postulados de a-confesionalidad que establece la Constitución.” En este sentido, señaló que “el Gobierno ha renunciado a una Ley de Libertad de Conciencia para no enfrentarse con los obispos.”

Llamazares se preguntó en qué medida es posible avanzar en la pluralidad moral de la sociedad si no se le disputa el poder y los privilegios a la jerarquía de la Iglesia Católica. Manifestó que la Iglesia Católica “mantiene los ejes del poder y obstruye cualquier iniciativa de libertad de conciencia y pluralidad de ideas”.

El diputado socialista, Álvaro Cuesta, reconoció que él fue crítico dentro del PSOE respecto al sistema de financiación para la Iglesia Católica que estableció el Gobierno socialista en 2006, y por el cual se elevó del 0,5% al 0,7%, la asignación tributaria del IRPF destinada a esta confesión. Es más, Cuesta afirmó que es un sistema de “dudosa constitucionalidad”.

Cuesta afirmó que no ha habido ninguna “cesión ni subordinación” hacia los obispos, y justificó la decisión del Gobierno de aparcar la aprobación de una ley de libertad de conciencia a que la mayoría parlamentaria del Gobierno es “endeble” en este asunto. Cuesta reiteró que “mientras no haya consenso no se puede aprobar una nueva ley de libertad de conciencia”. “Los números son tozudos”, afirmó.

A esta afirmación replicó Joan Tardá: “no es cierto; las mayorías son para quien se las trabaja”, en alusión a la posibilidad de sumar votos suficientes entre el PSOE y la izquierda parlamentaria. El diputado de ERC advirtió de que “lo que no hagamos ahora, nos podremos arrepentir en el futuro”, en alusión a una posible victoria del PP en las próximas elecciones generales, en cuyo caso la actual Ley de Libertad Religiosa de 1980 podría seguir vigente por mucho más tiempo.

Europa Laica celebró también en estas jornadas el décimo aniversario de su fundación, con un crecimiento continuado en el número de socios e influencia social en la defensa del laicismo, de la libertad de pensamiento y de conciencia y de los derechos civiles. Esta asociación está organizada a través de distintos grupos territoriales y mantiene vínculos con entidades europeas y de América Latina de objetivos similares.

En el transcurso de la jornada se dio a conocer una publicación colectiva elaborada por Europa Laica “Educar sin dogmas: enseñanza laica para la convivencia”, (editorial Milrazones, febrero 2011)

El domingo 6, se celebró la Asamblea anual de socios y socias de Europa Laica, que aprobaron la gestión realizada por su directiva y los proyectos y campañas que impulsará a lo largo de 2011.

Madrid, 7 de febrero de 2011

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