El 3 de enero de 2009 se han cumplido treinta años desde que se firmaron, en sede vaticana, los acuerdos sobre asuntos jurídicos, económicos, de asistencia militar en las fuerzas armadas y de enseñanza y asuntos culturales, entre el Estado Español y la Santa Sede, acuerdos que, en septiembre de 1979 y con voces discrepantes de la oposición, fueron ratificados por mayoría en el Parlamento. El documento que mayor confrontación política provocó fue el de asuntos de enseñanza y culturales, cuestión lógica si nos atenemos a las acaloradas discusiones que se produjeron, unos meses antes, con el debate de los artículos 16 y 27 de la Constitución.
El contenido de todos los acuerdos supone la concesión de una serie de privilegios a una organización religiosa, con la aplicación de sus normas morales al conjunto de la ciudadanía y a las instituciones del estado, vulnerando el mandato constitucional de que ninguna religión tendrá carácter estatal.
Estos acuerdos firmados con la Santa Sede en 1979 tienen su origen, básicamente, en los concordatos de 1753 y 1851 y, principalmente, en la base ideológica que inspiró el Concordato que Franco firmó con Pio XII en 1953.
Con el paso de los años ha quedado demostrado no sólo la ambigüedad calculada de los textos, sino que su aplicación supone una absoluta violación del principio de neutralidad y laicidad del estado que establece la Constitución española, siendo, a nuestro juicio y en aplicación de los artículos 94 y 95 de la carta magna, presuntamente nulos de pleno derecho.
Sin embargo, a lo largo de estos treinta años, estos acuerdos han supuesto una coartada ilegítima y amoral, para que instituciones públicas, en algunas ocasiones, se hayan plegado ante los postulados, intereses y dogmas de la Iglesia Católica.
El Vaticano, lugar donde se ubica la Santa Sede, es un estado-ficción, concedido por el dictador Mussolini en 1929, a través de los Pactos de Letrán, a cambio de reconocimientos y favores mutuos. Su estrategia geopolítica, dictada desde un aparato ubicado en unas cuantas hectáreas de la ciudad de Roma, se extiende doctrinalmente a través de varias miles de diócesis y otros grupos de poder instalados en todo el mundo, que alimentan una fuerza y monopolio económico y de control de las instituciones políticas a las que tratan de imponer sus dogmas y moral, en ocasiones, contrarios a las Declaración Universal de los Derechos Humanos y a principios civiles, de defensa de la salud y de la igualdad de trato.
Este territorio, donde se ubica el centro jerárquico de la Iglesia Católica, carece de ciudadanos propios y de poderes separados, pues el dictado papal es infalible, figura que singularmente es jefe de estado y líder religioso, al mismo tiempo que extiende sedes por todo el mundo; con ello se produce una situación anómala o ficción de estado en la práctica. Ello, en nuestra opinión, anula la posibilidad de llegar acuerdos de carácter jurídico “internacional”.
Son muchas las voces que, desde dentro de la propia Iglesia, incluso desde dentro de las instituciones del estado y de los partidos con representación parlamentaria, exigen el inicio de una negociación bilateral tendente a la modificación de su contenido, para clarificarlo y avanzar en cuestiones relacionadas, fundamentalmente, con la presencia institucional de la Iglesia Católica y, sobre todo, con los ámbitos de la enseñanza y de la financiación.
Pero esta tesis no solucionaría el problema de fondo que es, de una forma u otra, privilegiar a una confesión religiosa y firmar unos acuerdos con un estado ficción, que en la actualidad forma parte del cuerpo diplomático a todos los efectos, a nuestro criterio de forma ilegítima.
Por ello, y de acuerdo con los motivos anteriormente expuestos y la situación anómala que concurre en dichos acuerdos, Europa Laica entiende que no cabe su modificación y/o sustitución alguna, sino su anulación definitiva, por entender que son una afrenta para nuestro estado de derecho.
Otra cosa es que el estado y las instituciones lleguen a acuerdos puntuales, al margen de privilegios, con las diferentes iglesias legalizadas en el ámbito del territorio español, en el mismo nivel de trato y características que se hace con otras organizaciones o entidades, siempre en el marco del respeto a las leyes vigentes comunes para todos.
