Europa Laica en Cambio 16 ante el proyecto de Ley de Libertad Religiosa

Europa Laica para Cambio 16

 

 

¿Cuál es vuestra opinión con respecto a este anteproyecto de Ley de Libertad Religiosa?

 

El Gobierno todavía no ha dado a conocer a la opinión pública dicho anteproyecto de ley. Sólo conocemos algunos detalles revelados por la prensa y que apuntan al mantenimiento de los privilegios fundamentales de los que goza la Iglesia católica en España, y también a un “café para todos”, es decir, a su extensión al resto de confesiones religiosas. España se convertiría en un estado multiconfesional, en lugar de un estado aconfesional o laico.

 

El único avance que se produciría, al parecer, sería la retirada de crucifijos y demás símbolos religiosos de edificios de titularidad pública como colegios, hospitales, juzgados, cuarteles y ayuntamientos. Pero, como digo, tenemos que conocer todavía los detalles del anteproyecto.

 

Hay que añadir que esta ley que se prepara va a estar condicionada por el Concordato vigente, renegociado en 1979 mediante los Acuerdos con el Vaticano. El Concordato y los Acuerdos dan cobertura a la aplicación de las normas morales de la Iglesia católica al conjunto de la ciudadanía e instituciones del Estado, vulnerando el mandato constitucional de que ninguna religión tendrá carácter estatal. Por ello, pedimos su derogación inmediata, si es que realmente queremos avanzar hacia un estado y una sociedad verdaderamente democráticas.

 

 

¿En qué puntos, no abordados por este anteproyecto, consideráis que debería haberse avanzado también?

 

Creemos que el avance fundamental tendría que haber sido enfocar esta ley como una Ley de Libertad de Conciencia, concepto más amplio que englobaría las distintas creencias religiosas y no religiosas, y que garantizaría la neutralidad y laicidad del Estado, la igualdad de trato por parte del Estado a todas las convicciones y creencias, anulando cualquier tipo de privilegios, y la libertad de conciencia de todos los ciudadanos y ciudadanas.

 

Descendiendo al detalle de lo que hemos visto en la prensa, entre otros temas, parece que no se abordará el hecho de que los cargos públicos dejen de asistir de forma oficial a actos religiosos católicos. Además, se mantendrán a los profesores de religión y a los capellanes funcionarios en cuarteles y hospitales. Todo sufragado con dinero público, y como decíamos antes, condicionado por los Acuerdos con el Vaticano.

 

Lo que vamos conociendo supone el mantenimiento de un status quo, basado en una vulneración clara de los principios de igualdad y neutralidad del Estado, que toma partido y transmite la idea de “poder”, “cercanía” y “normalidad” de y hacia una confesión concreta y “única”: la católica.

 


¿Cuál es vuestra opinión con respecto a la presencia actual de la Iglesia católica en la sociedad española, en cuanto a financiación, emisión de opiniones contrarias a leyes emanadas del Congreso (Ley del Aborto), presencia de símbolos religiosos en instituciones públicas (capillas en hospitales), educación (asignatura de Religión, financiación de las escuelas religiosas por parte del Estado, etc.)

 

La Iglesia católica y las demás confesiones religiosas están en su derecho de emitir opiniones sobre leyes emanadas del Parlamento. Ahora bien, este derecho no es ni mayor ni menor que el que tienen otras asociaciones, colectivos y personas residentes en España. Su derecho no es distinto del que puedan tener los clubes de fútbol, por ejemplo. Además, hay que recordar que sus opiniones y valores muchas veces entran en abierta confrontación con los valores constitucionales y los derechos humanos.

 

En cualquier caso, cualquier organización que reciba dinero público y lo emplee en fines políticos debería someterse a los mismos requisitos y cautelas que un partido político, un sindicato o cualquier actor político institucional, incluyendo la obligación legal de gobernarse por estatutos democráticos. Éste no es el caso de la Iglesia católica ni del resto de organizaciones religiosas.

 

Europa Laica demanda que la religión salga de la escuela. La religión debe formar parte de los recintos religiosos y del ámbito familiar, no de la escuela, que debe formar a niños y niñas en valores científicos, humanísticos y fundamentados en la razón, y no en los dogmas. La asignatura de religión actualmente condiciona los horarios y la organización de los centros educativos, implica la separación de niños y niñas según las convicciones de sus familias, obliga a muchos padres y madres a declarar sus creencias en un documento público (vulnerando así la Constitución), y supone un gasto de 600 millones de euros al Estado para el pago de salarios de más de 80.000 profesores de religión nombrados por la jerarquía católica y que divulgan, sin ningún control, valores contrarios a la Constitución y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recordemos la emisión, a niños y niñas, de macabros vídeos antiabortistas en algunos centros educativos, por poner sólo un ejemplo, o cómo se fomentan valores discriminatorios hacia la mujer o hacia las diferentes orientaciones sexuales.

 

Tampoco tenemos que perder de vista que el Estado dedica casi 3.500 millones de euros para sufragar colegios privados-concertados católicos, que además incumplen la obligación social que tienen, desde el momento que reciben dinero público, de escolarizar a todo tipo de alumnado. Es decir, seleccionan a su alumnado, impidiendo la escolarización de alumnado inmigrante u otro con bajo rendimiento académico.

 

En cuanto a la financiación, además de las exenciones fiscales de las que goza, la Iglesia católica tiene el privilegio de que los contribuyentes le asignen un 0,7% del IRPF, algo que no pueden hacer otras asociaciones, religiosas o no. En todo caso, Europa Laica cree que, en la declaración del IRPF, el contribuyente tanto si marca la casilla de la Iglesia católica como la de “fines de interés social” va a financiar a la Iglesia Católica, pues aproximadamente la mitad de las organizaciones que reciben los fondos asignados para “fines de interés social” están vinculadas a la Iglesia Católica que, además de las tareas sociales que desarrollan, son vehículos de proselitismo y propaganda confesional católica. Estas organizaciones católicas se rigen por el derecho canónigo y no por las leyes generales a las que sí están obligadas otras entidades, por lo que, por ejemplo, generalmente carecen de democracia interna, discriminan a las mujeres y conculcan otros principios constitucionales.

Creemos que la asistencia social debe correr a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, pues los fines sociales que puedan cubrir las ONG son de tal importancia que deben ser definidos por el Parlamento y, en definitiva, formar parte de la política de Estado. Su atención debe ser labor prioritaria de los poderes públicos, financiándose por parte de las distintas administraciones públicas, en base a programas concretos y de acuerdo con fin social que estén cumpliendo en cada caso.

Con respecto a las creencias religiosas que se concretan en opiniones morales, como las referentes al aborto, la homosexualidad, el matrimonio, la contraconcepción… entendemos que estas creencias son una manifestación de moral de ámbito privado, que en ningún caso deben tener el privilegio de imponerse a la ética pública democrática.

 

En cuanto al resto de su pregunta, Europa Laica defiende la total separación de la Iglesia católica (y el resto de las confesiones) y el Estado. Esto implica nuestra oposición a la presencia de símbolos religiosos de cualquier confesión en lugares y contextos oficiales e institucionales, con mayor énfasis aún cuando hablamos de escuela y en la educación sostenida con fondos públicos. Nuestra guía en este asunto es que la libertad de conciencia, la libertad religiosa y el derecho a profesar libremente creencias son derechos de los ciudadanos, derechos individuales fundamentales.

 

 

¿Existe algún país europeo de referencia en cuanto a este asunto de la laicidad del Estado se refiere?

La ley francesa de separación de la Iglesia y el Estado de 1905 es un referente histórico importante. Y, en general, los países de mayoría protestante o de historia multiconfesional dan mejor ejemplo de separación Iglesia-Estado y de respeto a la libertad religiosa de sus ciudadanos. Pero la laicidad plena es un derecho todavía conseguido solo parcialmente en todos los países.

 

¿Consideráis que España, como Gobierno de turno de la UE en los próximos seis meses debería dar un espaldarazo a este tema en toda Europa?


La presidencia de turno de la UE no tiene tanta envergadura política para diseñar por su cuenta políticas nuevas en este asunto. En todo caso, hay que seguir el camino de respeto a las libertades y derechos individuales que se recoge en los Tratados europeos, y la trayectoria de no confesionalidad tanto de las instituciones europeas como de gran parte de sus países miembros.

 

En este camino, España está por detrás de algunos de los países de la Unión. Mal podemos dar lecciones de laicismo cuando no hemos abordado seriamente en nuestro propio país el concepto de Estado aconfesional, y el Gobierno hasta ahora no ha mostrado un gran impulso en ello, y sólo se ha quedado en la retórica.

 

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