Las arcas públicas dejan de ingresar 2.500 millones de euros al año debido a las distintas bonificaciones y exenciones fiscales de las que disfruta la Iglesia católica, como la del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI),l según indica un estudio de la asociación Europa Laica presentado este lunes en Madrid.
La asociación asegura que en 2011 la Iglesia recibió un total de 11.337,1 millones de euros (entre ingresos de las administraciones públicas y distintas exenciones fiscales).
En rueda de prensa, el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, destacó que la “mayor aportación” que el Estado y las comunidades autónomas realizan a la Iglesia se produce en el ámbito de la enseñanza, con un monto de 4.610 millones euros en 2011, 4.000 para la financiación de centros concertados y 610 destinados a los sueldos de profesores de religión".
Además, afirma que las distintas diócesis reciben 1.900 millones de euros para obras sociales y asistenciales, perciben 700 millones en concepto de conservación del patrimonio cultural y obtienen 247,1 millones vía IRPF para mantenimiento del culto y del clero y otros 120 millones con destino a ONG católicas procedentes de la casilla de fines sociales de la Declaración de la Renta.
A ello hay que agregar los 900 millones de euros que diversas órdenes reciben por los 56 complejos hospitalarios que gozan de conciertos con la administración, 10 millones más para entidades coparticipadas entre Iglesia y Estado, 300 millones invertidos durante 2011 en subvenciones a eventos religiosos y 50 millones más con los que sufragar el sueldo de sacerdotes capellanes en el ejército, hospitales y cementerios.
PIDEN CAMBIOS LEGISLATIVOS
En su intervención, Delgado reclamó un cambio en la Ley Hipotecaria y en su actual reglamento, que permite a “los obispos diocesanos actuar como funcionarios y registrar a nombre de la Iglesia cualquier propiedad o inmueble de culto que no esté inscrito en el registro”.
“Llevamos muchos años con esta situación sin que ningún Gobierno, ni del PSOE ni del PP, haya hecho nada por cambiarla”, lamentó Delgado, quien anunció una iniciativa parlamentaria para impulsar esta reforma legislativa.
“Un caso paradigmático de esta injusticia”, dijo, "es el de la mezquita de Córdoba”, que en 2006 fue “inmatriculada por el Obispado de Córdoba cuando todo su mantenimiento corre a cargo de la administración pública”.
“Ahora, es la Iglesia quien se queda con todos los beneficios del turismo”, afirmó Delgado, quien recordó que “ni la Diputación de Córdoba ni la Junta de Andalucía ni el ayuntamiento de la ciudad hicieron nada por impedir esta situación. Tenían 30 días para apelar”.
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También en Diario Siglo XXI y Eco Diario
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