Las denuncias de los parlamentarios europeos se han producido ante el embajador de Marruecos en Bélgica. El secretario de la organización Euromed ha pedido que se modifique la normativa penal marroquí en los casos de violación.
La normativa del país norteafricano exime de sanción al agresor sexual si accede a casarse con su víctima.
Un grupo de expertos y eurodiputados han protestado este martes ante el embajador de Marruecos en Bélgica, presente en el Parlamento Europeo, el caso de la menor marroquí que se suicidó el pasado 10 de marzo tras ser obligada por su familia a casarse con su violador.
También han denunciado el caso el secretario de la organización Euromed, Michel Tubiana, y miembros del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS, siglas en inglés), durante un debate celebrado en la Eurocámara sobre los Derechos Humanos en Marruecos. Tubiana ha señalado que debe modificarse la cláusula eximente de la responsabilidad criminal en los casos en los que el violador accede a casarse con su víctima, y que aún perdura en la legislación del país magrebí. También ha lamentado que durante su última visita a Rabat no lo recibiera la ministra encargada de las políticas familiares. "Esa falta de cooperación nos hace dudar de que vayan a darse avances", ha añadido.
A las preguntas sobre la cuestión en el debate sobre Derechos Humanos, el embajador marroquí en Bruselas, Samir Addahre, ha afirmado que la niña fallecida dijo ante el juez que las relaciones sexuales que mantuvo con el agresor fueron "consentidas", y que aceptó casarse con el hombre. "El hombre fue arrestado no por violación, sino por rapto de una menor", aclaró ante los eurodiputados. El diplomático ha admitido que existen discrepancias en Marruecos sobre si esa norma penal debe ser derogada. Addahre ha defendido que su país tiene un "compromiso a favor de los derechos humanos" y que así lo plasma la nueva constitución del país.
El caso de la menor obligada a casarse con su agresor
El pasado 13 de marzo, la prensa local marroquí informó de que una menor de 16 años había acabado con su vida en Larache (región de Tánger-Tetuán, al norte del país) tras ser forzada a contraer matrimonio con el hombre que la había violado anteriormente. Un año antes, la familia de la joven depositó una denuncia ante el fiscal general de Tánger contra el supuesto agresor. Tras una mediación entre las dos familias, se decidió casar a la víctima y al agresor, diez años mayor que ella, con la autorización del juez.
Este tipo de enlaces sigue imponiéndose en los países de religión musulmana -especialmente en las zonas rurales- por la fuerza de la tradición, que dicta que de esta forma se salvaguarda el honor de la joven y su familia y absuelve al violador de la penalización criminal.
