La Generalitat guarda silencio sobre el fallo del Tribunal Supremo que rechaza estos conciertos
La disputa sobre la legalidad de los conciertos administrativos con empresas educativas que segregan a los alumnos por el sexo llega a las Cortes Valencianas. Tras el reciente fallo del Tribunal Supremo que da la razón a la Junta de Andalucía y rechaza las subvenciones públicas con este tipo de colegios, en su mayoría vinculados al Opus Dei, Esquerra Unida (EU) ha anunciado que llevará el debate al parlamento autonómico, dado que en la Comunidad Valenciana existen siete centros de este tipo de subvenciones con fondos públicos.
La diputada autonómica de EU, Marina Albiol, ha recordado que existen ya dos sentencias del Supremo —una en Cantabria y esta última en Andalucía que defienden la educación mixta consagrada en la Ley Orgánica de Educación (LOE) vigente— y volvió a reclamar a la consejería que “no continúen con los conciertos con este tipo de escuelas”.
En Castellón, provincia por la que fue electa la diputada Albiol existen dos colegios de este tipo vinculados al Opus Dei: el Miravent, solo para chicos; y el Torrenova, donde solo admiten chicas. “No se puede tolerar que el dinero de los impuestos de todos los ciudadanos vaya a parar a escuelas elitistas que segregan por sexo”, ha advertido Albiol.
Albiol sostuvo, en sintonía con el último fallo del Tribunal Supremo, que “estas escuelas se sitúan al margen de la ley. No cumplen con la LOE, que impide separar a los niños y las niñas en los centros educativos y, por tanto, no deberían de estar sostenidos con fondos públicos”.
La Consejería de Educación guardó silencio sobre un tema que en la Comunidad Valenciana ha levantado ampollas desde que en 1999, bajo la presidencia del popular Eduardo Zaplana, la Generalitat tomó la decisión de generalizar los conciertos con este tipo de colegios en todos sus niveles educativos.
Aquel año, la consejería, dirigida entonces por el fallecido Manuel Tarancón, concertó los colegios El Vedat, Vilavella y Guadalaviar, de la provincia de Valencia, y el Altozano y Aitana de Alicante. Esto hace que, junto a los dos concertados posteriormente en Castellón, en este momento haya siete centros en la Comunidad Valenciana que defienden y aplican el ideario de la segregación contrario a la coeducación que promulga la LOE.
Estos conciertos en la Comunidad Valenciana ya se hicieron en contra de la opinión de los técnicos de la consejería y del propio director territorial, entonces Pablo Crespo, que pidió su cese. Según actas que EL PAÍS publicó el 19-10-1999, la Administración cedió a la presión de las patronales Fomento de Centros de Enseñanza, que mantiene convenios con la prelatura del Opus Dei, y la confederación de padres de la enseñanza privada, que abogan por la “libertad de elección”.
Crespo, según las actas de la comisión de conciertos de ese año, ya defendió que: “Si se concierta, la educación debe ser mixta necesariamente”, como proclamaba la extinta Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE).
La federación de Enseñanza Fete-UGT recurrió, sin éxito, los conciertos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con el mismo argumento que ahora avala el Tribunal Supremo.
En la misma línea, la federación de enseñanza de CC OO pidió la anulación de los conciertos. Pepa Ramis, representante de la educación privado-concertada, insistió el miércoles: “No se debe subvencionar con dinero público a los colegios que diferencian a los niños y niñas por razón de sexo”.
El Supremo lo deja bien claro. Los colegios que solo admiten alumnas y alumnos por separado pueden existir en el sistema educativo español, informa Manuel Planelles. Pero, según el tribunal, “se excluye a esos centros de la posibilidad de concertar con la Administración competente su sostenimiento con fondos públicos”.
Dos recientes sentencias de la sección cuarta de la sala de lo Contencioso, referidas a dos centros de Cantabria y Andalucía, dejan al margen de la legalidad los conciertos con este tipo de centros. La patronal de Fomento de Centros de Enseñanza se ha mostrado partidaria de llevar el asunto al Constitucional.
