Esquerra Unida considera necesario que los poderes públicos adopten medidas para controlar que la Iglesia -el Arzobispado de Valencia, en el caso más cercano- respete los derechos civiles de aquellos que quieren dejar de formar parte de los registro
La firme oposición de la curia valenciana a esta voluntad sólo tiene una explicación, en opinión de la coordinadora de EU, Glòria Marcos: «Mantener que hay tantos millones de católicos practicantes y que España es un país de predominio católico, cosa que no es que no sea así, pero afortunadamente cada vez estamos en una sociedad más laica».
La dirigente de EU considera injustificada la postura del arzobispado, que ha recurrido a la Audiencia Nacional sobre la base de que los archivos y registros eclesiales son inviolables. «Se han quedado anclados antes de la consolidación de los derechos civiles. No han pasado de la Revolución Industrial», aseguró Marcos ayer a este diario. «A ninguna otra organización se le ocurre hoy en día que sus miembros no puedan entrar o salir libremente», agregó.
El Estado y los poderes públicos tienen además algo que decir, según EU. La Administración ha de garantizar la protección de los derechos de los apóstatas, defiende Marcos. «No pueden estar en la voluntad de aquellos cuya subvención depende de contar con el mayor número de practicantes», subrayó. Para la coordinadora de EU, decir que los libros de bautismo no son un registro de católicos era válido para una sociedad teocrática, cuando eran casi un registro civil, pero no ahora. Marcos considera que el trasfondo de este conflicto es la voluntad de la Iglesia de «mantener el control. No quieren perder que la vida de todos pase por la religión».
