Estudiantes protestan por recortes educativos en España

La protesta se realizó en la ciudad de Valencia donde miles de estudiantes exigieron a las autoridades «una educación pública, laica y de calidad». Se reportaron algunos disturbios con la policía local.

No hay agua, ni gas, ni luz»: estudiantes y padres de alumnos de Valencia, la región más endeudada de España, se indignan por los recortes presupuestarios que afectan a la educación y que motivaron un malestar creciente que el lunes derivó en actos violentos.

Este martes, varios miles de manifestantes, entre estudiantes de instituto y padres, han recorrido de nuevo las calles de esta ciudad, en el este de España, mostrando su enfado, en un movimiento que ya han bautizado como «la Primavera Valenciana».

«¡Estas son nuestras armas!», gritaban mostrando libros de texto. «Una sentada por la educación», pedían también mientras se sentaban a lo largo de una gran avenida de la ciudad.

El motivo de sus protestas: la penuria creciente en los establecimientos escolares, pero también la violencia policial del día anterior.

«El ayuntamiento se supone que da subvenciones a los colegios, pero ya no están dando. No hay ni agua, ni gas, ni luz. Las fotocopias tenemos que hacerlas nosotros en casa», narró Diego Gutiérrez, un estudiante de 17 años del instituto Lluís Vives, uno de los establecimientos afectados por las penurias y convertido en punto de partida de las manifestaciones, que ahora se suceden diariamente.

«Y cuando salimos de clase, (los policías) van a pegarnos. (Ayer) iban por todos lados pegando», añadió.

Otra estudiante de 17 años, Leire Albiach, da testimonio: «La calefacción está puesta solamente durante las dos primeras horas» de clase.

Junto a los alumnos, los padres mostraban su descontento. «Mi hija va a una escuela pública y pueden utilizar solamente el baño del segundo piso porque no hay dinero para mantenerlos». Las autoridades valencianas «hacen grandes obras faraónicas y dejan los barrios sin nada», aseguraba Susana Cuenca, una madre de 40 años.

La Comunidad Valenciana, a orillas del Mediterráneo, es una de las que han aprovechado al máximo los años de desenfreno inmobiliario en España, construyendo sin mesura, multiplicando unas infraestructuras a veces exageradas, incluso inútiles, y con un importante desembolso de fondos públicos.

Citada en otros momentos como ejemplo del desarrollo, la comunidad está a día de hoy en el punto de mira por razones muy diferentes: su expresidente Francisco Camps presentó su dimisión el año pasado para afrontar un juicio por corrupción, en el que fue recientemente declarado inocente.

Y la región, uno de los pesos pesados de la economía española, no ha conseguido sobreponerse del estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008. En estos momentos se enfrenta a una deuda pública de 20.500 millones de euros, un 19,9% de su PIB, el porcentaje más alto de todo el país.

Para enderezar sus cuentas, la comunidad anunció el pasado 5 de enero un aumento de impuestos y recortes en las empresas públicas, la sanidad y la educación por un valor de 1.100 millones de euros.

La respuesta social no se hizo esperar, derivando el lunes en escenas de violencia, cuando los policías antidisturbios, protegidos con cascos, golpearon con porras o arrastraron por el suelo a jóvenes manifestantes, algunos de ellos con sangre en el rostro.

En respuesta a la indignación que gana terreno en el país, el presidente del Gobierno, el conservador Mariano Rajoy, defendió este martes la acción de las fuerzas de seguridad.

«Todo el mundo tiene derecho (…) a manifestarse. (…) Pero todo el mundo tiene que entender, porque además la Constitución así también lo dice, que la policía y los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen unas funciones que cumplir», declaró desde Londres, haciendo un llamamiento al sosiego.

Lo cual no consiguió calmar los ánimos de los manifestantes en las calles de Valencia. «Estamos ante una situación de barbarie, nuestros hijos e hijas están siendo agredidos día tras día por la policía sólo porque ejercen su derecho de manifestarse a favor de una educación pública y de calidad», denunciaba María José Navarro, presidenta de la Federación de Padres de Alumnos.

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