Antonio Manuel Rodríguez es profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba y miembro de la plataforma Mezquita Catedral de Córdoba, patrimonio de tod@s. Desde el sábado, tras un encuentro estatal celebrado en Pamplona, también forma parte de la Coordinadora creada para luchar contra las inmatriculaciones de la iglesia, con un caso peculiar y sangrante en Córdoba.
¿Qué pasó con la Mezquita?
-En primer lugar hay que decir que esto no es una cuestión religiosa, es puramente tradicional y de defensa de la legalidad constitucional. La Mezquita, más allá de su simbología religiosa, es una mezquita y una catedral, un paradigma único en el planeta. Es un monumento de incalculable valor, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Un crisol de culturas. Y de eso se ha apropiado la Iglesia católica sin título de propiedad, acudiendo al registro y autocertificándose. Se convierte sin duda en la cúspide del mayor escándalo inmobiliario de nuestra historia.
Se refiere a la cúspide porque debajo hay mucho más…
-Igual que han inmatriculado una mezquita patrimonio mundial, también han ido a lo más pequeño. Calles, plazas, solares… No hablamos de la apropiación de algo que incluso pudiera tener la coartada de una funcionalidad religiosa, sino de una operación inmobiliaria mayúscula, de rastreo catastral para detectar todos aquellos bienes que no pertenecían a nadie, para ser apropiados de forma privada. Todo eso tiene un valor catastral que ha sido usurpado al pueblo. Y genera una explotación económica que también está siendo usurpada al pueblo, porque ni declara ni tributa.
En concreto, han cuantificado la explotación económica de la Mezquita.
-Sí. Las entradas tienen que pagarse en dinero en efectivo, no se admite pagar con tarjeta ni se emite factura. Es dinero negro en sentido estricto, aproximadamente unos 13 millones de euros al año que ni declaran ni tributan. Tenemos dentro del Estado un paraíso fiscal de la magnitud de la jerarquía católica, que se ha apropiado miles y miles de bienes que equivalen a un valor catastral incalculable, porque ningún tasador se atrevería a decir cuánto vale la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla.
Si ellos no tributan, al resto le tocará pagar más.
-Claro. Genera un coste social importante porque todo ese dinero que no tributa la Iglesia católica lo tenemos que pagar nosotros. Y eso hace que suponga un sobre coste para nuestra sanidad, para nuestra educación… que además al final acaba en una competencia desleal con la sanidad o con la educación que está regentando la iglesia católica.
¿Habría que resucitar a Mendizábal para solucionarlo?
-No estaría mal. Lo que hay que resucitar no es tanto a Mendizábal sino a su espíritu crítico, a su valentía política. Ahora mismo, en España en general, hacen falta políticos valientes, intelectuales comprometidos. Gente que sea capaz de asumir que estamos ante el mayor escándalo inmobiliario de nuestra historia. Cuando un político jura o promete la Constitución tiene que velar por ella. Toda esta apropiación se ha producido por el uso de normas franquistas e inconstitucionales. Es decir, se está tolerando una apropiación inconstitucional. Están incumpliendo la palabra dada por la que están ejerciendo un cargo público. Para empezar, que ejerzan verdaderamente el cargo público. Y en segundo lugar, que recuperen ese espíritu, en este caso democrático, porque lo único que se está pidiendo es simple y llanamente compromiso democrático.
Frente al inmovilismo político, ustedes sí se mueven.
-La movilización ciudadana consiguió derogar este privilegio en 2015. Ahora la jerarquía católica no puede inmatricular bienes autocertificándose. Pero el problema es que ha generado una amnistía registral de todo lo ya inmatriculado y ha provocado una inversión de la prueba.
Muchos creyentes no estarán de acuerdo con ese proceder.
-Hay que distinguir a la jerarquía católica de la Iglesia, igual que se distingue a la clase política de la ciudadanía. Esa ciudadanía tiene el derecho y el deber de cuestionar a sus representantes cuando no cumplen con su misión, y también hay muchísima Iglesia que no se siente representada por su jerarquía. El verdadero problema es que han invertido la prueba. Sin pruebas inscriben un bien y ahora nos dicen a la ciudadanía que tenemos que probar que es nuestro lo que siempre fue nuestro. Es un verdadero problema jurídico.
¿Y se puede solucionar?
-Simple y llanamente se trata de voluntad política y de concienciación ciudadana. Hay que conseguir que los ciudadanos conozcan este escándalo. Y lo primero que tenemos que reclamar es el listado real de los bienes inmatriculados en España para que la gente sepa que no solamente han inmatriculado la ermita de su pueblo, que ya es grave, sino también la plaza donde están jugando sus niños o la calle con el banco en el que se sientan sus abuelos. En el momento en el que la ciudadanía sea consciente del valor social y económico que supone esa expropiación, ese expolio, probablemente podamos llegar a tener un estado democrático en España”.
