Estados laicos, acceso al aborto legal y ciudadanía de las mujeres

Durante décadas, el imaginario colectivo predominante en América Latina y el Caribe en relación al aborto inducido es que constituye un crimen, una grave transgresión a las normas sociales y morales vigentes, y las mujeres que abortan son merecedoras de castigo penal y condena social. El estatus de total ilegalidad del aborto en algunos contextos, o el hecho de ser una práctica fuertemente restringida en otros, se ha traducido en la denuncia, persecución e incluso cárcel para miles de mujeres. Ejemplo extremo, y muy actual, es el de las mujeres condenadas a 20 o 30 años de prisión en El Salvador luego de ser acusadas de aborto provocado, aún cuando habían sufrido pérdidas espontáneas. Una violencia institucionalizada que debe remecer nuestras conciencias y fortalecer la lucha histórica de las mujeres por el derecho a decidir, como un tema de democracia y de ejercicio de ciudadanía plena.

Efectivamente, el aborto es una problemática que no deja indiferente a nadie. Los discursos a su alrededor transmiten posturas valóricas e ideológicas, muchas profundamente antagónicas como aquellas que emanan de las iglesias, y las que surgen del movimiento social de mujeres por la libre opción, con una agenda histórica de reivindicaciones

En las últimas décadas, es necesario decirlo, se han venido experimentando importantes transformaciones en nuestra región, tanto en lo legal como en la percepción de la población respecto del aborto. Efectivamente, se han aprobado leyes que despenalizan el aborto en algunas causales acotadas (Chile, Colombia), o que instauran la interrupción legal del embarazo en un sistema de plazos (Ciudad de México, Uruguay), mientras que en paralelo diversas encuestas de opinión dan cuenta de una ciudadanía progresivamente más abierta y dispuesta a aceptar la existencia del derecho humano de las mujeres a decidir sobre su reproducción, en especial en las capas más jóvenes y educadas de la población.

No obstante, lo que ha permanecido prácticamente inmutable es la postura condenatoria de las iglesias, en especial la Católica, cuyo poder de influir en los tomadores de decisión sigue siendo significativo, a pesar del debilitamiento de su imagen pública a raíz de los numerosos y graves casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Efectivamente, en relación a la problemática del aborto inducido, la doctrina religiosa continúa siendo el principal obstáculo ideológico para avanzar a cambios legislativos favorables al derecho de las mujeres a decidir sobre su reproducción y sexualidad. Esto se traduce en una presión directa e indirecta sobre los poderes del Estado, criticando leyes y políticas públicas cuando se apartan del “modelo” de pensamiento y moral eclesial. La condición de ser un Estado laico, como es el caso de Chile, se coloca así en total entredicho.

Discursos públicos y despenalización del debate

Efectivamente, el aborto es una problemática que no deja indiferente a nadie. Los discursos a su alrededor transmiten posturas valóricas e ideológicas, muchas profundamente antagónicas como aquellas que emanan de las iglesias, y las que surgen del movimiento social de mujeres por la libre opción, con una agenda histórica de reivindicaciones. Se produce, así, una marcada dicotomía: pro vida-pro muerte; anti aborto-pro aborto; derechos del feto-derechos de las mujeres. Dicotomía que en sí es falsa ya que invisibiliza la diversidad de situaciones que acompañan la práctica del aborto, que abarcan no solo aspectos sanitarios, legales y morales, sino también sociales, económicos y subjetivos puesto que las razones que explican el aborto son tan complejas como diversas. Esta confrontación, además, impide el desarrollo de debates “despenalizados” sobre el aborto, es decir, discusiones sin prejuicios y sin estigmas donde todos los sectores involucrados puedan discutir y confrontar sus diferencias, aun teniendo la certeza de que tal vez no llegarán a acuerdos.

Como ya hemos dicho, en la cultura occidental, de raigambre judeo cristiana, aún se asocia el aborto provocado con el crimen, la muerte, el pecado. Y es esta cultura la que finalmente se traduce en legislación, la que en algunos países -Nicaragua, El Salvador, Honduras y República Dominicana– penaliza completamente el aborto, incluso para salvar la vida de la mujer. En otros, las legislaciones aceptan causales restringidas, aunque en la práctica no es fácil que el aborto impune se realice (hay retardo en la atención médica, se plantea la objeción de conciencia, hay presión para que las mujeres desistan, etc).

Sin embargo, ninguna legislación es capaz en la práctica de resolver las controversias científicas, morales o filosóficas acerca de cuándo se origina la vida humana, por lo cual toda ley penalizadora puede considerarse un fracaso legislativo: a lo largo de la historia las mujeres han abortado y continuarán haciéndolo, incluso con riesgo de sus vidas, frente a un embarazo que no desean, que les ha sido impuesto, que es riesgoso, o que es inoportuno. De hecho, cada año se realizan cerca de 43 millones de abortos en todo el mundo, 19 millones de ellos ilegales, mientras que en América Latina y el Caribe el número total de abortos inducidos supera los 4 millones anuales, a pesar de las leyes existentes, fuertemente restrictivas.

La ambigua defensa de la “vida”

Como parte de los procesos democratizadores ocurridos en América Latina desde los años 80, diversos movimientos sociales comenzaron a confrontar la hegemonía eclesiástica en temas tales como la familia, la sexualidad y la reproducción, buscando ampliar los horizontes de los derechos humanos para incorporar otras demandas, insertándose allí la naciente categoría de los derechos sexuales y derechos reproductivos, con un foco en las libertades personales en torno al cuerpo. La contrarrespuesta de la Iglesia fue endurecer su discurso y hacer de la defensa de la familia, el matrimonio, la vida, la santificación del embrión/feto y la oposición al aborto una de sus principales banderas de lucha y de estrategia discursiva¹.

Importantes documentos fueron diseminados desde el Vaticano en esos años. Uno de ellos, la instrucción Donum Vitae (1987), firmada por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, posteriormente Papa Benedicto, señalaba textualmente: “La inviolabilidad del derecho a la vida del ser humano inocente desde el momento de la concepción hasta la muerte es un signo y una exigencia de la inviolabilidad misma de la persona, a la que el Creador ha concedido el don de la vida. La vida de todo ser humano ha de ser respetada de modo absoluto desde el momento mismo de la concepción, porque el hombre es la única criatura en la Tierra que Dios ‘ha querido por sí misma’”². Esta defensa de la “vida” –además la vida de un ser “inocente”– se verbaliza a través de un lenguaje exitosamente manejado a su favor por la Iglesia y los grupos conservadores aliados.

Efectivamente, “el discurso social dominante, hace circular imágenes, representaciones y concepciones que lo estigmatizan [al aborto], discurso fuertemente sostenido y reproducido tanto desde el orden jurídico penal como del ámbito religioso, dos fuentes de poder social que hacen una lectura monocorde y que son aparentemente impenetrables… Toman su sitio en los debates el concepto de persona, la concepción aristotélica de la sustancia en potencia y en acto, un modo de entender la vida humana transida por la intervención divina –sin consideración de las circunstancias extremas en que esa vida pueda haberse producido, como es el caso de la violación o abuso sexual…”³.

El discurso religioso reconoce a la mujer como la portadora de la moralidad, rol que se ve mancillado cuando decide abortar, sobre todo porque esta decisión es una muestra de que la mujer ha ejercido su sexualidad sin fines reproductivos, algo impensado para la moral católica. Efectivamente, el código católico en lo relativo a la procreación impone y obliga a la obediencia, en tanto que condena la libertad y la autodeterminación. Y al abortar la mujer ha ejercido su libertad, su libre albedrío, su autonomía como persona humana y como ciudadana.

A partir de esta observación, se puede inferir que “la objeción de la Iglesia Católica al aborto parece más centrada en cercenar la autonomía de las mujeres que en el cuidado del feto (porque si los embriones fueran con certeza vida humana, cuando se producen abortos naturales, el feto sería bautizado, práctica que no se realiza). Lo que aparece cuestionado y cercenado es la capacidad de las mujeres en tanto sujetos adultos capaces de tomar decisiones libres y autónomas”⁴.

Por otra parte, el acto del aborto provocado también estaría “agrediendo” un cierto orden que se basa en roles asignados a mujeres y hombres, un orden que se distingue por ser una relación de dominación (hombres) – subordinación (mujeres), signado por las desigualdades de género. Y en este esquema, la identidad de la mujer es construida primariamente en torno a la maternidad como elemento irrenunciable, sagrado, que además le otorga un peso social que de otra forma no consigue. De hecho la mujer que renuncia a la maternidad por su propia voluntad es retratada como insensata, egoísta, como no-mujer. Por lo tanto, al abortar la mujer estaría subvirtiendo un orden simbólico y automáticamente es condenada socialmente por negarse a acatar un mandato cultural travestido de “naturalidad” –la maternidad–, pero también por ejercer su autonomía. Y no olvidemos que en las sociedades patriarcales rara vez se incentiva que las mujeres sean libres para actuar y decidir, menos en temas del ámbito privado e íntimo como sería el caso de las decisiones reproductivas y sexuales.

Sin embargo, ninguna legislación es capaz en la práctica de resolver las controversias científicas, morales o filosóficas acerca de cuándo se origina la vida humana, por lo cual toda ley penalizadora puede considerarse un fracaso legislativo: a lo largo de la historia las mujeres han abortado y continuarán haciéndolo, incluso con riesgo de sus vidas, frente a un embarazo que no desean, que les ha sido impuesto, que es riesgoso, o que es inoportuno.

De la misma forma, y a partir de estos supuestos, el lenguaje es útil para reforzar la penalización legal, social y moral de esta práctica: al aborto se le denomina crimen, a la mujer que aborta se la llama madre, al feto o embrión, se le dice hijo. Esto es especialmente evidente en el abordaje que hacen los medios de comunicación sobre el tema, los que además gustan de detallar elementos sensacionalistas, tales como la identificación de las personas involucradas, el allanamiento de la clínica o domicilios, testimonios de mujeres en momentos de arrepentimiento. Pero además difunden profusamente entrevistas a grupos contrarios al aborto que instalan centros y fundaciones de acogida, a diferencia de lo que ocurre con las organizaciones de mujeres por la libre opción, que son totalmente invisibilizadas. Los reportajes, asimismo, se ilustran con fotos de mujeres con embarazos avanzados, manipulando la sensibilidad de quienes leen. Sin embargo, ninguna legislación es capaz en la práctica de resolver las controversias científicas, morales o filosóficas acerca de cuándo se origina la vida humana, por lo cual toda ley penalizadora puede considerarse un fracaso legislativo: a lo largo de la historia las mujeres han abortado y continuarán haciéndolo, incluso con riesgo de sus vidas, frente a un embarazo que no desean, que les ha sido impuesto, que es riesgoso, o que es inoportuno.

Asimismo, el discurso de la jerarquía eclesiástica siempre se ve acompañado y replicado por el discurso de grupos aliados autodenominados “provida”, quienes en los últimos años han logrado un protagonismo público antes inexistente, en especial gracias a los cuantiosos recursos que manejan y que les permiten desarrollar acciones diversas: asistencia masiva al Congreso para el seguimiento de leyes, demostraciones frente a tribunales, organización de recitales artísticos “por la vida”, desarrollo de páginas web, inserciones de prensa y avisaje en la vía pública con mensajes anti-aborto, etc.

El patriarcado hegemónico

En relación al rol histórico de la Iglesia Católica, Juan Marco Vaggione, de la Red Latinoamericana de Católicas por el Derecho a Decidir, acertadamente plantea que la construcción del género y la sexualidad como “privadas” permitió que la Iglesia sostuviera, con el apoyo del Estado, el patriarcado de manera hegemónica como una forma de dominación de las mujeres. “Por un lado, el Estado basaba sus legislaciones sobre la doctrina católica dando fuerza legal a lo sostenido por la Iglesia. Familia nacional y familia católica eran consideradas como parte de la misma realidad y cualquier intento de modificar los principios católicos era considerado (lo es todavía por diversos sectores), como un atentado a la nación. Por otro lado, los siglos de influencia de la Iglesia Católica sobre la población latinoamericana generaron un proceso de ideologización donde el patriarcado y la heteronormatividad son presentados y vivenciados como las formas naturales… esta influencia de la Iglesia sobre la población se manifiesta como un sistema de doble discurso entre las acciones privadas y las posiciones públicas que dificulta la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos. Mientras que a nivel público se legitima una postura represiva y estricta, que responde a los principios de la doctrina católica, en las prácticas privadas los actores flexibilizan sus posturas sin guiarse por dichos principios”⁵. Hay que hacer notar, sin embargo, que comunidades y sociedades no necesariamente cercanas a la doctrina católica dan cuenta también de la existencia de inequidades y desigualdades de género, aunque en nuestra región, la influencia de esta iglesia ha sido y continúa siendo significativa y relevante para la instalación y permanencia de una estructura patriarcal de la sociedad.

Más aún: “Esta doble capacidad de la jerarquía eclesiástica de ejercer su poder sobre el Estado y de sentar los límites culturales y morales del debate a nivel poblacional, se manifiesta con especial virulencia en relación al aborto. Una estrategia en este sentido es presentar al aborto como contrario al derecho natural y a los intereses nacionales. El aborto es construido no sólo como un delito que debe ser penalizado sino también como un pecado cuya regulación escapa al derecho positivo. De este modo, el debate se sacraliza, se presenta en términos absolutos, que no permiten la existencia del disenso y el debate”⁶.

Observamos, así, la permanencia de una verdadera dictadura moral que se impone sobre una población diversa en creencias y valores, una dictadura que busca impedir: la libertad de decidir como derecho humano el reconocimiento del cuerpo como territorio de derechos, y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y los derechos reproductivos como parte de la ciudadanía

Sin embargo, como ya hemos señalado, es un hecho evidente que la Iglesia Católica ha ido perdiendo terreno pues, aunque sigue siendo un actor social relevante, el número de quienes se declaran católicos ha ido disminuyendo sostenidamente en muchos países del mundo, incluyendo la región latinoamericana y caribeña. Y no es extraño, pues los procesos de separación Iglesia-Estado y la tendencia a la secularización de las sociedades del siglo XX y sobre todo del siglo XXI, son parte de un camino sin retorno hacia la modernización de las democracias actuales.

Vaggione sostiene, en este aspecto, que la hegemonía de la Iglesia Católica en las discusiones de políticas sexuales y del aborto en particular, se han fisurado dando lugar a un grado mayor de pluralismo y debate, mientras que el poder de la Iglesia de decidir los parámetros y límites de la política en temas sexuales se ha interrumpido, en gran medida gracias al trabajo que por años se ha venido haciendo desde la sociedad civil⁷.

Por su parte, Mujica⁸, en su texto ya citado, profundiza en la acción de grupos conservadores que abundan en Perú y en la instalación del triedro Ciencia-Iglesia-Estado, verdadera “máquina de regulación y dominio sistemático del cuerpo”, que se expresa en estos ámbitos y con un discurso común: necesidad de ejercer control disciplinar de la familia, control social de las instituciones, control disciplinar de los cuerpos, control disciplinar de la sexualidad y de la reproducción. El discurso anti-aborto, desde la perspectiva de estos grupos de poder, se enmarca en la defensa de la vida, discurso que les otorga una gran solidez frente a la opinión pública en general, y que se confronta con la “cultura de la muerte”, que estaría siendo representada por los movimiento pro-libre elección.

Señala: “La vida puesta en discusión no es solamente la vida biológica, sino algo más complejo. Una mezcla entre juicios morales y la asunción de una posición radical de la ciencia. Es el significado matriz de la religión: la vida dada por Dios, la divinidad de la vida, la no pertenencia al hombre de su propia vida. Pero es también una vida con significado en el campo científico: la vida como núcleo de acción de la ciencia, de la biología, de la medicina. Dicha vida es defendida a su vez por la política y por el Estado, que debe respetar y proteger los Derechos Humanos. Ciencia-Iglesia-Estado forman así un triedro que sostiene y es sostenido por la vida a la que se refieren los conservadores”.

Tal como señala el libro “La salud sexual y reproductiva, una carrera de obstáculos”, de la investigadora estadounidense Bonnie Shepard⁹, se puede advertir en las sociedades latinoamericanas la existencia de un doble discurso respecto de estas temáticas y de su reconocimiento a nivel político, social y programático. Esto deriva en:

* Las jerarquías de la religión hegemónica tienen un importante ascendiente sobre las políticas de Estado, por razones históricas y políticas, siendo las que imponen los códigos morales de su religión a la norma jurídica…
* El discurso y las políticas oficiales plantean normas restrictivas fundadas en la doctrina religiosa, las que asumen un carácter sagrado e inviolable. Estas normas atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de la ciudadanía a través de la represión o la coerción…
* Fomentar el cambio de la norma sagrada tiene siempre costos políticos. Las/os servidoras/es públicas/os y las organizaciones de la sociedad civil reciben ataques si intentan defender  públicamente la legitimidad del derecho sexual o reproductivo en cuestión…
* Las peores consecuencias de las políticas restrictivas recaen sobre las/los pobres…las/ los discriminados…

La situación en Chile
Chile es un ejemplo relevante en la región respecto de la injerencia indebida que ha tenido la Iglesia Católica (y otras) en asuntos del Estado. La Constitución Política de 1925 reconoció la separación Iglesia-Estado, estableciéndose la libertad de cultos, pero no existe en ningún texto constitucional la declaración de Chile como Estado Laico y democrático. Y por otra parte, las Iglesias, en especial la Católica, siguen teniendo tratamientos de privilegio en muchos aspectos, incluyendo los tributarios, mientras se perpetúa su presencia en actos oficiales, se mantienen juramentos en actos oficiales “en nombre de Dios”, y se da cabida a sus estrategias de lobby.

En los temas aludidos en este artículo, podemos recordar cómo la jerarquía eclesiástica católica impulsó un veto a las Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad, JOCAS, en los años 90, programa pionero a nivel gubernamental en temas de sexualidad juvenil. Asimismo, se opuso activamente a la aprobación del Proyecto de Ley Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos, y a las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad.

La aprobación de distribución y venta de la Píldora de Anticoncepción de Emergencia, PAE, también fue rechazada por la Jerarquía Eclesiástica Católica, que la calificó como “píldora abortiva”, pese a toda la evidencia científica de que previene el embarazo y no lo interrumpe.

Es también histórica la férrea oposición religiosa a las demandas de la diversidad sexual, como es el reconocimiento del matrimonio igualitario y el derecho de adopción para personas del mismo sexo. Y no podemos dejar de mencionar la frase totalmente carente de humanidad del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, cuando al referirse a la Ley de Identidad de Género impulsada por las personas trans, señaló: “no porque a un gato le pongo nombre de perro, comienza a ser perro”.

Las propuestas de ley para avanzar hacia la despenalización y legalización del aborto, sin duda han sido el tema más álgido y donde dicha jerarquía ha desplegado su mayor poder disuasivo, directo e indirecto, tanto sobre los legisladores como sobre los sucesivos gobiernos. La defensa “de la vida” toma aquí su mayor simbolismo e imposición de dogmas. Una vez aprobada la Ley de Despenalización del Aborto por tres causales, piso ético mínimo para reconocer a las mujeres en su calidad de sujetas de derecho, surgen nuevas cortapisas para cercenar su articulado:
* envío de modificaciones a la objeción de conciencia, a través de un protocolo del Ministerio de Salud;
* el Tribunal Constitucional acepta la objeción de conciencia institucional presentada por varias clínicas privadas;
* médicos de hospitales públicos de algunas regiones del país se declaran masivamente como objetores de conciencia respecto del aborto despenalizado, en especial en la causal violación.

Todas son barreras para el cumplimiento de una ley de la República y, de una u otra forma, se vinculan y traducen el peso e influencia que la jerarquía eclesiástica católica (y también otras iglesias) ostenta en distintos sectores de la sociedad chilena.

Observamos, así, la permanencia de una verdadera dictadura moral que se impone sobre una población diversa en creencias y valores, una dictadura que busca impedir: la libertad de decidir como derecho humano el reconocimiento del cuerpo como territorio de derechos, y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y los derechos reproductivos como parte de la ciudadanía.

Es hora que esta dictadura llegue a su fin. Estados laicos, personas libre.

* Antecedentes del artículo: Introducción Cuadernos Mujer Salud 14, Aborto y discursos públicos. Santiago, RSMLAC, 2010. Editora,Adriana Gómez M.

Notas bibliográficas
1. Mujica, Jaris. Economía Política del Cuerpo. La reestructuración de los grupos conservadores y el Biopoder. Lima, Promsex,2007. p.39.
2. Accesado en: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for-human-life_sp.html
3. Grau, Olga. Reflexiones sobre el aborto. Doc no publicado, s.f.
4. Ma. Alicia Gutiérrez, “Parirás con dolor”: aborto, derechos sexuales y reproductivos en la cosmovisión eclesiástica. Citada en ABORTO: Rostagnol, Susana. Territorio femenino, discurso masculino. http://www.chasque.net/frontpage/comision/dossieraborto/cap9_3.htm
5. Vaggione, Juan Marcos. El aborto: las nuevas fronteras. En: Conciencia Latinoamericana, Ed. Virtual. Vol. 1 no. 1, marzo 2009, p. 38.
6. Op. Cit. P. 38
7 Op. Cit. P. 39
8. Mujica. Op Cit. p. 39.
9. Shepard, Bonnie. La salud sexual y reproductiva. Una carrera de obstáculos. Santiago, Catalonia, 2009. pp. 46-47.

Adriana Gómez M.
Periodista, laicista y feminista. Participa en varias organizaciones como Articulación Feminista por el Derecho a Decidir, Miles Chile, Observatorio Equidad de Género en Salud. Coordinadora de comunicaciones y publicaciones de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Autora, coautora y partícipe de numerosas publicaciones y libros en torno al feminismo y defensa de los derechos de la mujer.

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