En los países con democracias avanzadas, no como el nuestro, que posee una democracia de oropel, el papel político de la religión es cada vez más difuso, sea por una creciente y masiva indiferencia de los individuos para con las religiones establecidas, sea porque constitucionalmente el paradigma de la separación entre Estado y Religión hace que las interferencias entre lo político y lo religioso pueden resultar prejudiciales para los actores políticos. Sin embargo, no podemos negar la existencia de las agrupaciones religiosas poderosas, por la forma en que influencian la mente de los ciudadanos y la creciente influencia que observamos de los dogmas sobre las opciones políticas.
Tal es el caso de las democracias en los países europeos, sin embargo Estados Unidos resulta una excepción. Excepción que tiene un peso enorme sobre las opciones del electorado y que justifica, ampliamente el debate sobre las relaciones (interferencias) entre la democracia y las religiones (un ejemplo de ello el peso de los evangelistas en propulsar la carrera de los candidatos del Tea Party).
En el nuestro, que mantiene el arcaísmo de poseer constitucionalmente una religión de Estado, con sus absurdas consecuencias puesto que, si Usted no es católico, resulta que infringe la constitución en cierto modo; y con el surgimiento de partidos políticos religiosos, lo que está claramente prohibido por la misma Constitución, la situación se encuentra en un punto muerto que requiere una solución inmediata.
Debemos recordar que fue solo a partir de la introducción del paradigma laico, que las democracias avanzadas y las instituciones republicanas se pudieron fortalecer. No solo la constitucionalización del laicismo solucionó el problema de las religiones en el espacio público, sino también el de la convivencia pacífica entre los diversos credos. Así que, la actual erosión del principio de la laicidad por comportamientos que desdibujan las fronteras de la separación entre Estado y Religión es particularmente preocupante y potencialmente fatales para nuestras libertades.
Y me refiero a la inveterada costumbre de la Iglesia Católica de entrometerse en asuntos laicos y de gobierno, y la poderosa influencia que actualmente ejercen las sectas evangélicas (llamadas cristianas) en la Asamblea Legislativa. En ambos casos sobreponen sus creencias religiosas por encima de la Constitución y las leyes, lo cual representa una agresión y una afrenta hacia todos aquellos que no comulgan con sus arcaicas creencias.
Debemos recordar, sin embargo, que arecen existir buenas razones para sostener que la igualdad ante la ley, cuando ella se refiere a la libertad religiosa, implica la aceptación de un límite a la interferencia estatal respecto de las creencias de los individuos (entendiendo por ellas tanto la adopción de una religión particular o de ninguna). Este límite supone que el Estado debe asumir una posición neutral en materia de creencias, sin privilegiar ni impedir ninguna de ellas a menos que de su exteriorización se derive daño a terceros o se afecte el orden o la moral pública. En este sentido, el Estado no puede prohibir ni promover ninguna religión en especial, así como tampoco adoptar oficialmente una creencia religiosa o exigir que los individuos deban o no tener alguna.
Esta neutralidad puede justificarse de diferentes maneras. Se puede sostener que ella se desprende de una visión impersonal del mundo que deja a un lado la perspectiva individual y autorreferente; o que su justificación se encuentra en una idea de justicia derivada de principios que se adoptan cuando nos encontramos detrás de un velo de ignorancia que nos oculta nuestra propia condición; o que el reconocimiento de la autonomía personal como rasgo distintivo de los seres humanos, excluye toda posibilidad de que se le impongan a estos en forma heterónoma ideales de vida considerados correctos por otros particulares o por el Estado mismo, etc.
En el pasado la jerarquía de la Iglesia católica se ha expresado en contra de diversas políticas de Estado, dizque porque atenta contra lo que ellos consideran principios fundamentales, desde su óptica religiosa, sin importarles si atentan contra los derechos humanos. Igualmente hacen las sectas cristianas. Y reconocemos, porque no somos necios, que en nuestro país como en cualquier democracia liberal, los curas católicos y sus jerarcas tienen todo el derecho y la libertad de opinar públicamente sobre el tema que les antoje, así como lo tienen todos los profesionales que usufructúan de cuanta religión se pueda inventar la imaginación, el pavor existencial, el miedo a la muerte, o las ansias de inmortalidad inherentes a la naturaleza humana.
Esa libertad de opinión es absoluta, porque de lo contrario habría que prohibir a los sacerdotes de todas las religiones expresarse sobre temas distintos a los teológicos en sus iglesias o en los medios masivos de comunicación. Hay que tener claro que la separación entre las diversas Iglesias y el Estado se refiere a la no interferencia directa de los profesionales de la religión, por el mero hecho de serlo, en las decisiones del Estado.
En asuntos de democracia, la Iglesia Católica no tiene autoridad histórica para dar lecciones, puesto que es una institución altamente jerarquizada y, en el sentido etimológico del término, absolutamente oligárquica, es decir, gobernada por una minoría que hace de la cooptación cerrada el método de elección y selección de sus elites, sin consultar en lo absoluto con la comunidad de feligreses. Para empezar, su máximo líder, el Papa, es escogido para ejercer su cargo en forma vitalicia por un cónclave selecto y minoritario de obispos. Respetable procedimiento, pero cuestionable desde la óptica de la democracia, que en el pasado lejano -y no tan lejano- dio origen a toda suerte de intrigas y crímenes, suficientemente documentados por los historiadores, para la selección de más de un Papa. Por elemental recato, las oligarquías no deberían dar lecciones de democracia, así como los violentos no deberían dar lecciones de derechos humanos, ni los corruptos de transparencia.
Esa libertad de opinión es absoluta, porque de lo contrario habría que prohibir a los sacerdotes y pastores de todas las religiones expresarse sobre temas distintos a los teológicos en sus iglesias o en los medios masivos de comunicación.
Reconocido ese derecho a opinar, no obstante, por su propio bien, o sea, para mantener, cohesionar y aumentar su feligresía, todas la agrupaciones religiosas deberían mantener al máximo la separación entre la religión como asunto del ámbito individual y privado de las personas, y la política, como un tema propio de la vida social y pública de los ciudadanos.
Pero obviar y hacer a un lado esa radical diferencia e inmiscuirse en los asuntos políticos del país es una decisión autónoma, libre y legítima de los profesionales de la religión, con lo cual se exponen a provocar fisuras, desacatos y deserciones en el interior de sus propias comunidades de fieles por asuntos que no son dogmas de fe sino temas en los que cada creyente puede tener sus propias opiniones, sin que eso rompa la comunión en una misma creencia religiosa.
Los sistemas religiosos, que siempre son concreciones limitadas y culturalmente determinadas de lo religioso, nunca se dan por satisfechos con la mera dirección de la «vida espiritual» de sus fieles, sino que también anhelan dominar la vida pública mediante, por ejemplo, legislaciones y normativas acordes con sus intereses particulares y grupales. Esto lo hemos estado viendo desde hace ya bastantes años en la beligerancia fanática de los grupos evangélicos (cristianos) dentro de la Asamblea legislativa.
Estamos cansados muchas personas que expresamos opiniones en los medios de comunicación acerca de la constitución del Estado Laico en Costa Rica, promesa, por cierto, del partido político en el gobierno. Pero el temor de los gobernantes a las reacciones furiosas e irracionales de los grupos religiosos, que van en contra incluso de las mismas declaraciones del Papa Francisco y la postura oficial de la Iglesia Católica, les impide dar el paso adelante. Y mientras tanto, aprovechando esa debilidad, los grupos cristianos empiezan a mostrar uñas y dientes, con la intención de que el Estado les conceda los mismos privilegios medioevales que a la iglesia católica.
