Cualquier diccionario de política dice que la condición laica es característica de algunos Estados y de instituciones que existen y participan en la vida pública, independientes de la influencia de la religión y de la Iglesia, incluye también la idea del mutuo respeto y la autonomía de esas entidades sin que signifique rechazo hacia la religión. La forma más común de tal cuestión se refiere a la educación. El término laico requiere expresiones jurídicas que determinen que las instituciones públicas no se identifican con creencias ni con ideologías. Tal asunto está contenido en algunas constituciones modernas, propugnando la supuesta neutralidad del Estado respecto a la religión; es uno de los fundamentos de la sociedad moderna y de la cultura identificada con las ideas de la ilustración europea de los siglos XVII y XVIII.
La historia hondureña registra dos momentos claves en el desarrollo de las ideas que dieron forma a la condición de Estado laico. El primero arranca con el proceso independentista y la fugacidad de la federación centroamericana. Aquí fueron primordiales los grupos ilustrados formados a la sombra de la Universidad de San Carlos de Guatemala con la influencia de ideas traídas del viejo continente, muchos de ellos firmantes y redactores del acta de independencia; destacan sobre todos el papel de José Cecilio del Valle y, en especial, Francisco Morazán, que dio el impulso principal para el establecimiento de un Estado laico. Por ello, el 15 de septiembre de 1821 es la fecha que simboliza la primera etapa de desarrollo político importante en el país.
El otro momento inicia en 1876 con la Reforma Liberal de Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa. Alrededor de 1870 se conocieron las ideas positivistas en Centro América que nutrieron a buena parte de los intelectuales de la región. Se trataba de establecer un sistema económico que necesitaba ferrocarriles, industria, destrezas técnicas y ciencias aplicadas. Intentaron modernizar la sociedad y crear un sistema educativo para fundar la conciencia nacional y preparar trabajadores para el taller industrial. Así, sostuvieron que la educación laica, gratuita y obligatoria era necesaria para darle solidez al Estado y formar individuos con conocimientos prácticos y útiles.
El sentido laico debía verse en una educación que no cuestionara el dogma religioso y fuera independiente de las religiones. En esa etapa se sostuvo que la libertad de creencias era un derecho esencial de la misma categoría que la libertad individual; tales elementos democráticos tendrían que ser garantizados por el Estado sin privilegios y en condiciones de igualdad. La potestad estatal obligaba a los poderes públicos a no imponer ideas ni credos religiosos; y en el plano de las libertades individuales establecer una serie de prácticas que hicieran posible el acceso a la educación y que promoviera la conciencia democrática respetuosa de las creencias. Así, se eliminaron los estudios teológicos de los programas de estudio en la Universidad Central fundada por Juan Lindo en 1845. En la práctica todo ello sería formalmente cierto pero complicado de realizar debido a la insuficiencia material del Estado para mantener un sistema educativo público y universal.
El Estado que se estaba forjando en 1876 proponía la defensa y fomento de la igualdad, la práctica de la libertad religiosa y la educación laica, como fundamentos de la sociedad en la que todos los ciudadanos, creyentes y no creyentes, conviven con respeto y tolerancia. Incluyeron regulaciones jurídicas sobre las iglesias y garantizaron el monopolio estatal sobre el control de las libertades fundamentales. Pero el mismo Estado estuvo dirigido por personas que no fueron escogidos en procesos democráticos. Eso se convirtió en una tendencia de los políticos nacionales: declararse demócratas y actuar de forma opuesta a tal reivindicación.
Una de las intenciones de la Reforma Liberal fue romper el control de la iglesia sobre la educación que incluía métodos de enseñanza, administración de centros educativos, selección de docentes y difusión de un determinado cuerpo de valores. Por ello se pensó que el Estado tendría que regular la educación y volverla laica, obligatoria y pública. En la actualidad, debido a la permisividad de los políticos y a las mundanas ambiciones de jerarcas religiosos, ese carácter de la educación se ha desacreditado, sobre todo por el papel otorgado a las autoridades religiosas convertidas en garantes de la política pública y en modelos de conducta social, hasta el grado que muchos de los eventos de los gobiernos se inauguran con oraciones que exaltan al absoluto de una denominación y se pide que los gobernantes sean orientados por tal entidad. No es más que incultura política, casi sustancial al quehacer político nacional.
Sin embargo, el Estado hondureño mantiene en sus reglas el carácter laico del sistema educativo, considerado en sus aspectos abstractos, formales, con poca expresión práctica. Ese laicismo teórico adquiere más fragilidad con la intrusión de jefes religiosos en la vida política, declarando y participando en ella, insistiendo en que las creencias y sistemas de valores que ellos defienden deben ser los de toda la sociedad, aunque muchas personas no las compartan. Imponiendo exabruptos en donde sostienen ser la reserva moral de toda la sociedad.
Además, tal participación es a solicitud de los políticos. Eso se ha vuelto muy normal: los políticos piden con gran fervor la mediación de las iglesias en asuntos civiles y hacen de sacerdotes y pastores religiosos una especie de árbitros de algunas actividades públicas. Ello pone en peligro la noción y la práctica del laicismo, se pone en riesgo también la convivencia de ciudadanos portadores de distintas creencias; se debilita la idea de la igualdad formal cuando pastores y obispos son considerados como seres de más categoría para tratar asuntos morales, y pontifican sobre la corrupción, el aborto, la compra de medicamentos, temas científicos o la conducción de algunas instituciones. La cuestión ha sido tan clara que un presidente del congreso nacional legisló para la práctica de lecturas obligadas de la biblia con la intención de fortalecer los valores espirituales. Confundiendo religión con espiritualidad y haciendo creer que los valores espirituales son sinónimo de valores cristianos.
Dicho de otro modo: las máximas autoridades legislativas se encargan de alterar libertades fundamentales como la libertad de conciencia, hacen a un lado el papel principal de la educación pública como el lugar desde donde se revisan las creencias y se enseñan valores universales para la convivencia de personas con distintas opiniones. Tal educación laica es la que puede contribuir a superar conflictos religiosos y fortalecer prácticas de respeto, equidad y tolerancia entre todos. Esto plantea algunas dificultades: ¿cómo mantener el carácter laico en la enseñanza? ¿Qué tipo de códigos pueden elaborarse para garantizar ese carácter cuando vemos actos públicos, actos civiles, en donde la agenda inicia con oraciones?
Con ese simple hecho se está agrediendo las creencias de otros creyentes. Tal vez no sea suficiente la separación de la iglesia respecto al Estado cuando hemos experimentado varios procesos republicanos, sucesión de gobiernos, golpes de Estado, en donde los políticos tradicionales se esmeran en llamar a los religiosos para que les enseñen cómo actuar en la vida pública. Y del lado de los religiosos tampoco hay señales de dignidad para rechazar tan interesados halagos. Es tan pública la actuación política de ciertos capos religiosos que se pronunciaron claramente a favor del golpe de Estado de junio de 2009, mientras que en momentos actuales respaldan de forma decidida al gobernante que declaró públicamente ser partícipe del asalto al Instituto de Seguridad Social. Y así hay temas como la contracepción voluntaria, el aborto en todas sus variedades, la forma de la familia, los sistemas morales y valores sociales, con algunas iglesias pretenden ser la única voz autorizada y una especie de reserva moral de la sociedad; incluso, con el nombramiento, que no elección, de la junta nominadora de candidatos a la corte suprema de justicia, se demostró que lo realmente existente es una moral reservada para ocasiones, conveniente, relativa, útil para el gobierno de Juan Hernández.
Todo lo anterior es una pequeña prueba de la degradación de la política, de la degeneración de la idea del laicismo, de la obscenidad en la práctica política de líderes religiosos y políticos; en fin, de la necesidad de realizar la política verdadera que no es más que aquella que se ejecuta para disminuir las desigualdades y mejorar la vida de los grupos más desprotegidos gracias al combate al desempleo y a eficientes sistemas de salud y educación pública. Las actuaciones perversas de dirigentes políticos, religiosos y de las Ong a favor de la corrupción, a favor de la continuidad del sistema jurídico que promueve y defiende la impunidad, a una voz y confabulados contra la idea del laicismo, hace ver que es una exigencia nacional reformular la política para democratizar la sociedad, respetar la naturaleza, hacer posible la soberanía alimentaria, disminuir los índices de criminalidad, aclarar y condenar los que cometen crímenes de odio, combatir la violencia contra las mujeres y el desprecio a las minorías, en resumen, que deje de ser posibilidad para convertirse en realidad el respeto a la vida humana.
La peligrosa obscuridad del momento hace creer que no hay forma de superar el atraso, la ignorancia, el servilismo y la avidez de los grupos de poder por agenciarse más riqueza material. Esos sujetos que tienen como ley de vida, como norma moral a la corrupción y la impunidad, parecen imponerse por mucho tiempo más. Sin embargo, a pesar de ellos y del errático andar del movimiento popular, siguen apareciendo muestras, tal vez débiles, tal vez muy dispersas, de que sí es posible algo diferente y más decente, pleno de dignidad tal y como se ve entre personas que integran los diferentes grupos de indignados y las que representaron a organizaciones de la sociedad civil que enfrentaron con total valentía defendiendo el Estado laico y contra la corrupción, a infames pastores y a cínicos dirigentes de organizaciones no gubernamentales inclinados a favor de la impunidad.
La aparente dispersión y debilidad de las fuerzas democráticas expresan tendencias que pueden afirmarse y contribuir en la construcción de nuevos contenidos para una sociedad más humana, digna, justa, solidaria, incluyente y verdaderamente laica, a partir de un nuevo convenio social originario, constituyente, que borre pretensiones absolutistas acerca de la moral y que tenga como contenido fundamental el total respeto a la vida humana.
