En relación con la carta de Sebastián del Pino, ex asesor jurídico de la Fundación Iguales, quisiera rebatir algunos de los argumentos que utiliza para defender la presencia de las iglesias en la comisión que estudia el proyecto Acuerdo de Vida en Pareja.
Dice Del Pino que “las iglesias (…) tienen el derecho a ser invitadas por el Congreso para que se informen sobre las iniciativas legales que sean de su interés”. Sin embargo, esta no ha sido la tónica en materias tan relevantes como la Ley Antidiscriminación y el AVP. En ambas tramitaciones, las iglesias han comparecido en las comisiones como si fueran verdaderos incumbentes. Esto es un error y atenta contra la laicidad del Estado.
Cuando el Congreso discute materias civiles -en el caso del AVP, un contrato- se esperaría que los comparecientes fueran aquellos que tuvieran algo que aportar en su calidad de instituciones igualmente civiles, con argumentos referidos a las normas vigentes, los derechos humanos y similares. Pero cuando se los invita a hablar de Dios, de la supuesta naturaleza inamovible de las cosas y, peor aún, de verdades reveladas que no tienen nada que ver con el Estado de derecho, las críticas de organizaciones de la sociedad civil como el Movilh se hacen más que comprensibles. Baste ver la discusión del martes recién pasado para constatar que allí se habló de dogmas, no de leyes.
Lamento que Del Pino no sea capaz de visualizar que las iglesias no asisten al Congreso para “informarse” sobre materias legislativas, sino para tratar de imponer una visión moral sobre asuntos que nada tienen que ver con la religión.
