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Estado laico, obligado a respetar y proteger todo tipo de familias

Mantener una idea única de familia, y modelos estereotipados en las identidades mujer y hombre, es discriminatorio de la diversidad social y de arreglos familiares y de convivencia que caracterizan a nuestra sociedad, consideran expertas y expertos de distintas especialidades, así como organizaciones civiles y académicas, integradas en el Observatorio de Familias y Políticas Públicas.

 El Observatorio –interesado desde hace varios años en el papel que desempeñan las familias en la construcción de valores ciudadanos y relaciones democráticas—señaló lo anterior a través de un documento donde fija su posición frente al VI Encuentro Mundial de las Familias realizado por la jerarquía católica a partir de hoy en la Ciudad de México.

 Afirma que se mantendrá al pendiente del renovado interés en defender una modalidad única de familia, desconociendo la diversidad de familias y las transformaciones que se van dando en las relaciones entre las generaciones y entre los sexos en nuestra cultura, en el país y en el mundo.

 Además, dice el texto, preocupa que se afirme que esa modalidad de familia es la única que puede brindar un espacio para el desarrollo adecuado de los seres humanos, particularmente de la infancia y la juventud.

 Contrario a esa idea y con base en la experiencia profesional de sus integrantes, el Observatorio considera que cualquier arreglo de convivencia donde se respeten los derechos de sus miembros y donde se les brinde afecto, seguridad, protección y oportunidades de crecimiento sano, constituyen espacios propicios para su crianza y crecimiento.

 FAMILIA Y VIOLENCIA

 Por otro lado, dice, resulta preocupante la aseveración de que la familia constituye “por naturaleza” el reducto de la solidaridad, la armonía y la felicidad, porque los resultado de diversas encuestas sobre violencia familiar sostienen que en muchas ocasiones la familia, como comunidad natural, representan un ámbito de agresión, aislamiento, indefensión, depresión sostenida y destrucción de autoestima, abuso y violencia para sus integrantes, particularmente para las mujeres, la infancia, la juventud y las personas adultas mayores.

 Asimismo, al considerarse el matrimonio como la única institución que garantiza el compromiso y la solidez de la unidad familiar, al Observatorio le preocupa que se fomente una única forma de visualizar la unidad y las fortalezas familiares. La generalización de este tipo de pensamiento lleva a descalificar a un amplísimo número de familias que se ven etiquetadas como familias “disfuncionales” o con “desórdenes morales”.

 ARREGLOS FAMILIARES

 A este respecto, señala el documento que es necesario recordar que hay numerosos estudios que documentan que las fortalezas de las relaciones familiares y de sus lazos afectivos están presentes en la diversidad de arreglos familiares y esquemas de solidaridad que por acuerdo mutuo establecen las personas, mujeres y hombres, en el ejercicio libre de sus derechos humanos y no por la obligación de la unión matrimonial.

 Consideran las organizaciones y particulares firmantes del documento que a pesar de que en los últimos años la idea de equidad ha permeado el discurso político y el de las propias familias y de la sociedad en general, se encuentra muy lejos de verdaderas prácticas de equidad al interior de los grupos familiares y de respeto y reconocimiento hacia los diversos arreglos de convivencia existentes en nuestro país.

 Para el Observatorio de Familias y Políticas Públicas, dadas las condiciones en que se desenvuelven las familias mexicanas, es imprescindible, entre otras cosas, ratificar la responsabilidad del Estado mexicano de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de todos los integrantes de una familia para que vivan libres de cualquier tipo de violencias.

 NUEVA LEGISLACIÓN

 También considera la necesidad de impulsar en la legislación el reconocimiento pleno de los diversos arreglos familiares y de convivencia y que estos se traduzcan en el establecimiento de políticas y programas públicos, aceptar y valorar que las mujeres han ingresado a la vida pública y al mercado de trabajo donde más que el ejercicio de su derecho ha sido para sobrevivir ante las condiciones de pobreza imperantes en el país.

 En crisis económicas y en condiciones precarias en las cuales se desarrolla la vida de las familias en países como el nuestro, se produce tanto en mujeres como en hombres sobrecargas de trabajo y vivencias de agobio, frustración e impotencia por no poder cumplir las expectativas sociales y personales en relación a sus responsabilidades familiares, sin que el Estado y las empresas se hagan cargo del origen y consecuencias de esta situación.

 El Observatorio hace hincapié en la necesidad de impulsar la transformación de las instituciones públicas y de los usos y costumbres, para que se incorporen y reconozcan los cambios experimentados en el uso del tiempo y en la organización y composición de las familias, pues su rigidez y falta de actualización a las nuevas realidades son las que están generando vacíos de atención a la infancia, a la juventud y a las personas adultas mayores.

 LAICIDAD DEL ESTADO

 Reconoce que un tema central para iniciar el debate en relación a las familias es exigir que se respete el principio de laicidad del Estado mexicano, como un criterio base que permita regular la vida social en la diversidad, que dé cabida a las concepciones religiosas como derecho de quienes las ejercen y no como una obligación social para todos.

 Incluye el documento que solamente mediante un diálogo social amplio, incluyente, constructivo y respetuoso, que reconozca la diversidad y heterogeneidad que caracterizan actualmente a la sociedad mexicana y en particular a las familias que la integran, será posible desarrollar las instituciones, la legislación, las verdaderas políticas públicas y lo más importante, los acuerdos sociales.

 Lo anterior, concluye el documento, permitirá avanzar en el desarrollo de sistemas de protección social hacia las familias como parte del desarrollo de la democracia del país, la construcción de un Estado de Derecho laico y la realización de los derechos humanos de todas y todos.

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