Es difícil imaginar a los funcionarios públicos asistiendo masivamente a un acto religioso que no sea los tradicionales Te Deum de fiestas patrias o el oficio en memoria de quienes cayeron en la Moneda el 11 de septiembre del 73. Sin embargo, ahora la condición funcionario público está mediada por un factor de cohesión, que lejos de tener el carácter de la militancia tradicional pasa por la “fe compartida”. Que ojalá no se convierta en la actualización del antiguo referente de la militancia.
Así se desprende de un memorando, que circula desde La Moneda, donde se informa de la celebración de culto evangélico y misa católica diaria, para que los funcionarios puedan asistir, dentro de sus horarios de trabajo y al interior de las dependencias de la sede de gobierno. En el documento distribuido con fecha 18 de marzo 2010 a todas las dependencias públicas, firmado por Gonzalo Blumel, Jefe de Gabinete de la Secretaría General de la Presidencia, se suma a los actos de culto la oferta de asistencia espiritual.
Los cultos componentes de la “oferta” privilegian determinados nichos religiosos en desmedro de otros. Pero más allá de convertir el palacio presidencial en una feria ecuménica que dé cuenta de la diversidad religiosa del país -incluida la del propio gabinete-, lo que se discute es el supuesto de que el carácter confesional esté a la base de la composición e incluso la cohesión del mundo público.
En esto lo que resulta preocupante, porque habla de un clima de convivencia mediado por una idea del centralismo de lo religioso, que suponemos hará complejo trabajar e incorporar agendas propias del mundo no creyente, las que deben ser esenciales para un estado laico, tal y como se define y supone es el Estado chileno.
Nadie puede oponerse a la confesión religiosa de un funcionario estatal, pero se debe garantizar que cualquiera sea el credo que se profese, éste no interfiera en la concepción de sociedad plural que debe guiar la función pública. Esto no se cumple si se hace proselitismo religioso en la misma sede de gobierno.
Según estas premisas, la señal dada por la autoridad ministerial resulta indignante e instala un precedente alarmante, porque enmarca la labor que se realiza en La Moneda en un carácter confesional y sectario por el que ningún chileno o chilena ha votado desde el siglo 19.
