En ocasión de que el Presidente de Costa Rica, Oscar Arias, se declarara hace unos días a favor de la creación de un Estado laico, José Francisco Ulloa, Obispo de Cartago, expresó lo siguiente: «estamos frente a una campaña política en donde debemos escoger bien a quienes nos va a gobernar. A los candidatos que niegan a Dios y defienden principios que van contra la vida, el matrimonio, la familia, ya los estamos conociendo, por lo tanto debemos ser coherentes con nuestra fe y en consecuencia no podemos darles el voto» (sic).
De lo manifestado por el prelado de Cartago se puede advertir, o al menos yo así lo advierto, que ha confundido lo que es política y teología. ¿Por qué? Porque la política, en principio, es local pero susceptible de universalizarse, en cambio, la teología está determinada a un grupo concreto de creyentes.
Por otro lado, el Obispo Ulloa no entiende o no quiere entender que los Estados democráticos no requieren de la religión para ser considerados legítimos: el Estado debe ser, ante todo, autónomo y autosuficiente, capaz proveer por sí mismo las razones de su existencia y, es de tener en cuenta, que el derecho natural difiere del derecho legal.
No es cierto que fuera de la Iglesia Católica es imposible la formación y el desarrollo tanto individual como social de las personas. Lo que sí es cierto es que la Iglesia Católica cuando se ve amenazada en sus derechos seculares se resuelve en exaltados discursos y llama a masivas movilizaciones de su feligresía las cuales son conducidas por sus delegados.
No por gusto tuvo lugar la Reforma del católico agustino Martín Lutero: la Iglesia Católica por más de 16 siglos además de ser una organización religiosa fue una enorme potencia política que se confrontó con los mismos Estados. No se podía consolidar la soberanía nacional porque Papas, Obispos y curas pretendieron ser independientes de los “gobiernos temporales», es más, por «derecho divino» se creían superiores a ellos.
Los Estados constitucionales modernos garantizan la libertad religiosa por lo cual, la Iglesia Católica debería de ser más prudente y abstenerse de inmiscuirse en los asuntos de Estado.
No se equivoca Juan José Tamayo Acosta, Director de la Cátedra de Teología y Ciencias de la Religiones de la Universidad Carlos III de Madrid, al afirmar que «cuanto más elevado ha sido el rango de los eclesiásticos en el escalafón jerárquico, más gruesas han sido las descalificaciones contra los gobiernos».
Estimo que las palabras intimidantes de José Francisco Ulloa, las que no son las primeras ni por supuesto serán las últimas, se deben al olvido del prelado costarricense que además de diversas religiones existen distintas concepciones de la divinidad y que la concepción que la Iglesia Católica tiene no es la verdadera ni su religión única.
Las declaraciones del Presidente Arias son congruentes con los planteamientos del laicismo: la religión debe excluirse de la esfera pública; no deben haber religiones oficiales; el poder no viene de Dios, sino que reside en el pueblo; el Ejecutivo gobierna legitimado por la voluntad popular y, el mando recibido, proviene de la ciudadanía quien lo ha apoyado con su voto y no gracias a credos religiosos.
Don José Carbajal Muñoz, exRector de la Universidad “La República” de Chile muy acertadamente manifestó que el “laicismo no es una postura antirreligiosa, puesto que no se trata de que la religiones no puedan tener el carácter público o hacer pública su existencia, sino de exceptuarlas de los aspectos de la vida social que han de realizar sus actividades con equidad e igualdad sin influencia de religión alguna».
El laicismo procura evitar que se ejerza coacción sobre las personas e instituciones para imponerles un tipo exclusivo religión, o que se impongan a la sociedad formas de acción o de conducta basadas en creencias o en códigos éticos exclusivos de una religión.
Los creyentes están en su pleno derecho de difundir su «particular» verdad sin reclamos de exclusividad ni privilegios especiales pero sobre todo su actividad proselitista debe quedar en el plano meramente vivencial sin invadir el plano de la cosa pública.
En Centroamérica, la gran mayoría de sus sociedades son católicas y es casi una conducta institucionalizada de los políticos estar pendientes del clero en espera de que aprueben sus decisiones o al menos que no las desaprueben frontalmente.
La etapa histórica de los concordatos ha sido superada. El punto de discordia de la separación de la Iglesia y del Estado es el hecho de que el laicismo mira a la conciencia individual y renuncia a la privatización de la religión, la cual debe ser una fase más en la vida privada de los creyentes.
Los Estados modernos no pueden tener una confesión religiosa y la Iglesia no debe tener en la mirilla al Estado como un instrumento de colectividad de conciencias sino que tiene que modernizarse.
Una sola cuestión para concluir: ¿cómo es posible que los voceros del Estado más poderoso de la tierra, el Vaticano, prediquen y defienden la idea que el orden democrático en los Estados debe fundarse en la moralidad y la ley natural si el Obispo de la Iglesia Romana ejerce por sí solo la autoridad suprema del Estado Vaticano?: el Papa «es cabeza del Colegio de Obispos, Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia Universal en la tierra; el cual, por tanto, tiene en virtud de su función, potestad ordinaria, que es suprema, plena, e inmediata y universal en la Iglesia, y que puede siempre ejercer libremente» (Canon 331) y que «en virtud de su oficio, el Romano Pontífice no sólo tiene potestad sobre toda la Iglesia, sino que también ostenta la primacía de potestad ordinaria sobre todas las Iglesias particulares y sobre sus agrupaciones…” (Canon 333 § 1)
Cuestiones «como las expuestas demuestran que la jerarquía católica y las organizaciones católicas afines viven cultural y políticamente desubicadas y ofrecen respuestas del pasado a preguntas del presente. Cuando ya se sabían todas las respuestas, les cambiaron las preguntas y se quedaron con las respuestas intemporales y dogmáticas del catecismo.
A su vez recelan de la democracia, tienen todavía una concepción confesional de la política y no admiten fácilmente la laicidad del Estado, la no confesionalidad de las instituciones del Estado y la secularización de la sociedad».
