Estado laico: buenas y malas noticias

Entre tantas noticias malas para el Estado laico, hay una que nos ofrece la esperanza de que las cosas comiencen a cambiar en materia de laicidad, y de que se logre disminuir el número de atentados contra el Estado laico por parte de una clase política obstinada a favorecer a la Iglesia mayoritaria, olvidando que el Estado confesional fue suprimido en México con las Leyes de Reforma, emitidas por Benito Juárez en 1859 y 1860. Estas leyes, no hay que olvidarlo, fueron posteriormente consignadas como constitucionales al ser introducidas en la Constitución de 1857, esto durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, en septiembre de 1873.

Me refiero a la designación de Pedro Salazar Ugarte por parte de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como nuevo director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para el periodo 2014-2018, en sustitución de Héctor Fix Fierro, quien concluyó su segundo cuatrienio al frente de esa entidad académica.

Salazar Ugarte es doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín, Italia, y licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es colaborador habitual de El Universal y Nexos, y autor de varias obras literarias, entre ellas "La laicidad: antídoto contra la discriminación", un libro de 73 páginas que "contiene las grandes cuestiones que presenta el tema en estudio", afirma en la reseña de dicha obra el extinto Jorge Carpizo McGregor.

En la obra en referencia, el investigador universitario sostiene que "cuando se imponen las verdades trascendentales, sean filosóficas o específicamente religiosas, no queda espacio para la pluralidad, y sin ésta la democracia es imposible". Al abundar en el tema de la democracia, Salazar Ugarte señala que el valor de ésta "es un valor civil, no un valor moral o religioso. De hecho, la edificación de las instituciones democráticas exige que ciertos principios civiles (como la laicidad y la tolerancia) sean incondicionalmente respetados, pero se trata de los principios que hacen posible la convivencia de valores y objetivos morales y religiosos plurales y, desde este punto de vista, relativos.

Para el reseñista del libro en referencia, "la democracia es sinónimo de laicidad, en virtud de que es contraria al fanatismo, al dogmatismo, a la superstición, al pensamiento único y a los valores absolutos que son inaccesibles a la razón humana". Es, asimismo, "sinónimo de tolerancia, del derecho a pensar distinto, del examen de todas las doctrinas, de que éstas son iguales y deben tener la posibilidad de persuadir el intelecto y a la voluntad humanos. La democracia es pluralismo y derecho a disentir" (http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42712325).

Estoy convencido que, desde el terreno de la investigación jurídica, Pedro Salazar Ugarte y los juristas académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM seguirán impulsando el fortalecimiento del Estado laico, cuya existencia es una exigencia de las sociedades democráticas.

La laicidad, tan necesaria para la defensa de las libertades civiles, supone la armonización de los siguientes principios:

1) Respeto a la libertad de conciencia y de su práctica individual y colectiva;

2) Autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas;

3) Igualdad ante la ley sin excepción; y

4) No discriminación hacia las personas o grupos.

Lamentablemente no todas son buenas noticias para el Estado laico y para nuestra maltrecha democracia. El diario Cambio de Puebla informa que el gobierno de Antonio Gali Fayad alojó las oficinas de Gerencia del Centro Histórico en un anexo de la Catedral poblana marcado con el número 303 de la calle 2 Sur, justo al lado del Sagrario. La nota, firmada por el periodista Víctor Hugo Juárez, del diario poblano antes mencionado, refiere que Sergio Vergara Berdejo, director de la Gerencia del Centro Histórico, "justificó la violación al principio del laicismo, consagrado en el artículo 130 constitucional, bajo el hecho de que su estancia 'sólo será de año y medio', en lo que el Ayuntamiento consigue otro lugar en el primer cuadro de la ciudad para albergar las oficinas".

Este atropello al Estado laico es grave y demuestra cómo la Iglesia mayoritaria va ganando terreno frente a una clase gobernante condescendiente, que viola las leyes que juró cumplir y hacer cumplir cuando se trata de satisfacer demandas clericales. Estos hechos tienen lugar frente a la inacción de la Secretaría de Gobernación (Segob), dependencia del Poder Ejecutivo Federal, encargada de vigilar la observancia de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, así como de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas.

Los mexicanos seguimos esperando que se ponga fin a esta impunidad, y que la Segob dé inicio al proceso administrativo al que se refiere el artículo 30 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, imponiendo las sanciones correspondientes a los funcionarios infractores de la Constitución y de su Ley reglamentaria en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público.

Pedro Salazar Ugarte

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