Al existir múltiples religiones dar preferencia a cualquiera de ellas es, inevitablemente, discriminar a las demás. La única alternativa es dejar a todas al margen del Estado, relegándolas, con toda justicia, al ámbito de lo privado.
La Constitución mexicana, en su artículo tercero, establece que la educación pública deberá ser laica y “ajena a cualquier doctrina religiosa”. Al mismo tiempo, exige que esté basada en “los resultados del progreso científico”. En su artículo 40, extiende el laicismo a todo el Estado.
Los recientes y vergonzosos incidentes protagonizados por diversos alcaldes y gobernadores de distintos estados, en que “consagran” las entidades que gobiernan al sagrado corazón de Jesús, o las “entregan” al señor Jesucristo, reconociéndolo como “máxima autoridad”, son muestra de la embestida que las iglesias católica y evangélica, en una competencia nefasta, están llevando a cabo contra el Estado laico.
La exclusión de la religión en todo acto y decisión de gobierno —y la confianza en la ciencia— no son meros caprichos jacobinos.
En primer lugar, como ha expuesto el experto Roberto Blancarte en MILENIO Diario, al existir múltiples religiones dar preferencia a cualquiera de ellas es, inevitablemente, discriminar a las demás. La única alternativa es dejar a todas al margen del Estado, relegándolas, con toda justicia, al ámbito de lo privado. Lo cual no quiere decir prohibir sus manifestaciones públicas; solo aquellas en las que se mezclen con los asuntos de gobierno.
En segundo lugar, como forma de resolver problemas, las religiones, más allá del confort espiritual que pueden ofrecer, son notoriamente ineficaces. Pensar, como expresó la impresentable alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, que “la participación humana… no tiene la capacidad de revertir las tinieblas que solo la luz de la fe de Dios puede desvanecer” es reconocerse incapaz de cumplir con la función que le encomendaron los ciudadanos: gobernarlos y protegerlos. Si esa es su manera de resolver problemas como la inseguridad, poco puede esperarse.
Son ya demasiados casos de este “populismo” o “exhibicionismo” religioso que abiertamente viola la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas. Es hora de que la Secretaría de Gobernación tome cartas en el asunto y sancione a los funcionarios que, en abierto desacato, desafían el Estado laico. ¿O tendremos que ser los ciudadanos quienes lo exijamos?
