Estado e iglesia, ¿cuál laicidad?

Recientemente las jerarquías de las iglesias cristianas, incluyendo las de la Iglesia Católica, han hecho declaraciones públicas apoyando o rechazando algunas reformas legales, según coincidan o no con la doctrina moral que sostienen, las cuales han tenido una amplia difusión. Han apoyado las reformas hechas en algunos estados que han establecido la defensa de la vida desde la concepción, penalizando el aborto prácticamente en cualquier circunstancia, y han rechazado las legislaciones que apoyan el derecho de las mujeres a optar por el aborto. En los últimos días han hecho declaraciones muy fuertes en contra de la legislación del Distrito Federal que establece el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, y el derecho de tales parejas a adoptar. Estos temas, el aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo y su derecho a adoptar merecen, por sí mismos, una reflexión más sosegada, fuera de los acalorados debates que se dan entre sus sostenedores y sus opositores. Pero lo que me interesa tratar ahora es otro tema paralelo que tiene que ver con el estado laico, al que muchos comentaristas ven amenazado por las opiniones públicas de las iglesias sobre la legislació

Apenas intenta uno documentarse sobre el tema, se da cuenta de su gran complejidad y de la diversidad de formas de definirlo y de practicarlo. Las posturas en torno a la relación entre los estados y las religiones van de un extremo al otro: desde el estado militantemente ateo, que pugna por abolir las ideas y las prácticas religiosas (Corea del Norte), hasta los estados teocráticos como el Vaticano e Irán. Entre esos extremos encontramos una amplia gama de posturas. China, por ejemplo, es un estado ateo que declara tolerar las religiones, pero también que no se puede ser al mismo tiempo miembro de alguna religión y del Partido Comunista, lo que veda a los creyentes el acceso a los puestos públicos. Por el otro lado están los estados confesionales que, sin embargo, garantizan ampliamente la pluralidad religiosa y los derechos individuales, entre ellos el derecho de las mujeres a decidir sobre el aborto y los matrimonios gays, entre los cuales se puede mencionar a los países escandinavos como Noruega, Suecia y Dinamarca en los que la religión oficial es el protestantismo luterano, y la Gran Bretaña en donde la religión de estado es la anglicana. En algunos de estos países, incluso, el soberano o soberana es cabeza de la iglesia nacional. Pero hay otros estados también confesionales, aunque no teocráticos, en los que las religiones tienen un peso específico, aunque no el mismo, en la definición de las políticas públicas y las legislaciones, como Egipto, Yemen, Arabia Saudita, Costa Rica y Argentina entre otros. 

Los estados que se definen como laicos, adoptando como definición del laicismo su independencia de cualquier organización religiosa, en la práctica se relacionan con las iglesias de diferentes maneras. Algunos establecen políticas de colaboración, como es el caso de Alemania y de España en donde el estado se encarga de cobrar una cooperación, o impuesto religioso que entrega a las diferentes iglesias, pero sus políticas públicas son independientes de las religiones. En ambos estados son legales el aborto y el matrimonio gay. Chile y los Estados Unidos tienen rituales civiles con marcado tinte religioso, pero en el primero no son legales ni el aborto ni el matrimonio homosexual, mientras que en el segundo es legal el aborto. Hay algunos estados laicos en los que la política está clara y abiertamente influida por lo religioso, como Israel e Irlanda. En el primero es legal el aborto pero no el matrimonio entre personas del mismo sexo, y al revés en el segundo. 

En América Latina los estados que primero se definieron como laicos fueron México (1859) y Uruguay (1919). Sus procesos, sin embargo, fueron diferentes. En México el estado se declaró aconfesional, pero la sociedad siguió siendo muy religiosa. En Uruguay, en cambio, se dio un proceso de secularización de la sociedad el cual se manifiesta, por ejemplo, en que actualmente sólo el 47 por ciento de la población se declara como católica, siendo esta iglesia la mayoritaria, por lo que podemos pensar que cerca de la mitad de la población no es religiosa. En este país ni las iglesias ni las creencias religiosas juegan algún papel en la definición de las políticas públicas y de las leyes, y es legal el aborto pero no, todavía, el matrimonio gay En México, como sabemos, desde las Leyes de Reforma las relaciones entre el estado y las iglesias han sido fluctuantes, obedeciendo más a intereses de los diferentes actores que a una política consistente. Han ido desde la convivencia hasta el conflicto, y desde favorecer a una iglesia, la católica, hasta una mayor apertura a la pluralidad religiosa; desde los tiempos en los que era vedado que los políticos se dejaran ver en ceremonias religiosas, hasta aquellos en los que aparecer junto al Papa es una estrategia de captación de votos. Y me parece que esta misma inconsistencia se da con respecto a la intervención de los jerarcas o los ministros de las religiones en la vida pública. Por ejemplo, según sus propias posturas o intereses del momento, algunos políticos ven ataques al estado laico en las declaraciones de los obispos Vera o Samuel Ruiz a favor del SME, y otros en las del cardenal Rivera y los pastores evangélicos a favor de la penalización del aborto y en contra de la legalización del matrimonio gay. Algunos incluso ven en esas declaraciones el peligro de una nueva confrontación armada como la de la Cristiada, lo cual desde mi punto de vista están lejos de ser, pues no es la primera vez que se dan confrontaciones de este tipo, que luego se acallan, como el que se dio cuando se estableció el libro de texto gratuito Para evitar agrandar los conflictos, sería útil que los políticos y la sociedad civil pensáramos, debatiéramos y definiéramos qué tipo de estado laico queremos. Quizá un principio de reflexión lo proporcione el Concilio Vaticano II, que en la constitución Gaudium et Spes, sobre la iglesia en el mundo moderno, dice que La comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno.

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