Esta vez perdió el cura pederasta

La condena del sacerdote de Mallorca plasma el cambio de rumbo vaticano

“Haz lo que quieras. En todo caso, ganaremos nosotros”. El vicario episcopal de Mallorca lanzó esta advertencia a un catequista de Can Picafort, de 18 años, el hoy periodista Mateu Ferrer, que en 1998 denunció a su cura párroco, Pere Barceló, ante la autoridad eclesiástica y en la Fiscalía por pederastia. Entonces, el asunto quedó en nada, fue tapado en la Iglesia y archivado en la justicia ordinaria, y el sacerdote siguió en activo. Pero 15 años más tarde, su historia negra ocupa una causa judicial canónica de 500 folios. El cura Barceló, de 60 años, ha sido sentenciado por el Tribunal Eclesiástico de Mallorca con la pena máxima, la expulsión del estado clerical y la prohibición total para ejercer de sacerdote por ser culpable de “gravísimos delitos”.

El clérigo expulsado tiene pendiente de resolver las imputaciones en la justicia ordinaria: tres causas penales por abusos sexuales de los que le acusan tres mujeres. Una de ellas, que tiene 24 años, es la menor que el catequista presenció, semidesnuda, cuando tenía nueve años con el cura reclinado sobre ella, en el sofá del salón parroquial. Las otras dos eran niñas cuando acudían a Cala Ratjada, un destino anterior del párroco. En el tribunal religioso, en los juzgados y en el cuartel de la Guardia Civil, las tres víctimas y el catequista han formulado sus alegatos. En dos años, el obispado ha sustanciado el sumario. En los juzgados se avanza con declaraciones y pruebas.

En la Iglesia existe ahora un “nuevo orden y concierto” para la pederastia desde el cambio de rumbo impuesto por el papa emérito Benedicto XVI, se reconoce ahora desde el tribunal.

El Promotor de Justicia del obispado de Mallorca, Nadal Bernat, de 42 años, ha sido el instructor del proceso al ser el vicario judicial de la diócesis, delegado del obispo, una especie de presidente del tribunal. Interrogó al acusado, testigos y peritos, junto al notario de actas y los abogados ante los jueces. Desempeñó al final el papel de acusador, en un rol parecido al de fiscal en un tribunal civil. Tres eclesiásticos, presbíteros de peso especialistas en Derecho Canónico (Gerard Villalonga, Bartomeu Vaquer y Gabriel Seguí) dictaron la sentencia, una condena unánime plasmada en 46 folios de hechos probados y argumentaciones.

El proceso se desarrolló en una humilde sala-celda del antiguo seminario de Palma. Un ejemplar de la Biblia, sin oropel, una pluma de ave en un tintero de escritorio antiguo y un ordenador son los únicos detalles que interrumpen el frío vacío, cierto aire lúgubre y la austeridad monacal del lugar. Un crucifijo preside la habitación, dos mesas de oficina corrientes y unas pocas sillas. No hay un decorado litúrgico especial.

“El de Barceló es un caso grave y excepcional”, narran en el obispado. La condena es inédita en España porque implica la expulsión de un cura aún antes de un pronunciamiento de la justicia ordinaria, que puede representar hasta 18 años de cárcel. Antes, los religiosos reos eran destinados a parroquias lejanas o enclaustrados. La Iglesia respondía al escándalo con silencio. En este caso “se dieron líneas muy claras para no ocultar nada”, dice un sacerdote conocedor del proceso.

El caso de Can Picafort, silenciado en 1998, renació en 2011 por las explicaciones del testigo en un documental sobre abusos a la infancia y su eco en la prensa local, lo que provocó que el Tribunal Eclesiástico investigara el olvido inicial. Desde el Vaticano se alentó la causa y se siguió muy de cerca. En Roma, en el Secretariado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, está Luis Ladaria, un arzobispo jesuita mallorquín, que avaló el juicio. La cúpula de la Iglesia resaltó su singularidad, ejemplaridad y novedad en España. La Conferencia Episcopal simplemente remite a “la competencia del obispado” mallorquín.

El anterior obispo de Mallorca, Jesús Murgui, apartó de manera cautelar de su parroquia hace dos años al cura Barceló. El actual prelado de Mallorca, Javier Salinas, defendió la condena dura, la explicó personalmente al expulsado y, en su blog en Internet, pidió públicamente perdón a las víctimas por el dolor e injusticia causados.

Con las innovaciones de Benedicto XVI, las denuncias podrán efectuarse hasta 20 años después de que la víctima alcance la mayoría de edad, los 18 años. Antes, la edad máxima para denunciar abusos en la infancia era 28 años. Ahora el posible límite está en los 38 años de edad, por lo que, en este aspecto, el derecho canónico es más contundente que el penal.

Mateu Ferrer, el testigo catequista, tuvo que contestar a unas 70 preguntas del defensor de Barceló durante su declaración. “A veces era hiriente hasta el extremo de que me llamó mentiroso”, recuerda. El tribunal amparó al testigo de cargo. Una monja que trabajó en los ochenta en Burundi junto a Barceló compareció ante el tribunal y en los juzgados para explicar los comentarios que recibió en África por supuestos abusos a menores. El cura condenado logró que le autorizaran ser defendido por un letrado penalista. Es una excepción a la regla, porque los que acuden al tribunal son canonistas acreditados ante el mismo. En Mallorca hay unos 13 y el 99% de su trabajo se centra en las nulidades matrimoniales.

Entre colegas párrocos del cura abusador se han expresado opiniones públicas de incomprensión ante la contundencia de la condena. Ese caldo de reacción se calentó al reabrirse el escándalo públicamente, en 2011, con la salida del cura de su parroquia. El obispo Murgui recibió reproches de religiosos en sesiones del Consejo Presbiterial, en especial por parte de párrocos de los pueblos.

Para romper el corporativismo y marcar la independencia del proceso, uno de los tres jueces designados en el tribunal eclesiástico provenía del obispado de Menorca, Gerard Villalonga. Se trata de evitar presiones, algo habitual en diócesis pequeñas e insulares en casos graves en los que están implicados curas populares entre sus compañeros. En la defensa del cura condenado se ha llegado, por parte de un párroco, a lanzar sospechas sobre la moralidad de una de las mujeres denunciantes.

Un párroco que ha salido repetidamente en defensa de Pere Barceló, mosén Miguel Mulet, llegó a replicar al obispo Javier Salinas en su propio blog. Y se puso como ejemplo. Mulet reveló que, hace 55 años, él mismo fue víctima de abusos. “Perdoné y sanseacabó”, escribió en un comentario. Cree que si Barceló “se rehabilita y pide perdón” puede seguir siendo sacerdote.

En la doble vía judicial del caso de este cura abusador, la canónica y la penal, ha ganado la primera. Los tres jueces de instrucción que indagan las tres denuncias penales a Pere Barceló reclamaron al tribunal eclesiástico que aportara las piezas del sumario instruido sobre los mismos hechos. El abogado de una de las víctimas, Carlos Nadal, entiende que no se ha correspondido desde la Iglesia a la reclamación pero que, en todo caso, se pedirá que la sentencia sea aportada a la justicia ordinaria. Los tres procesos, posiblemente, se subsumirán en uno solo.

Barceló cura pederasta Mallorca

Pere Barceló sale del palacio episcopal de Mallorca. / tolo ramón

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