España, un negocio «divino»

Según el informe del Observatorio de la Laicidad, la Iglesia Católica estaría lucrándose a razón de 11.000 millones de euros anuales a costa del Estado Español.

El informe, elaborado a partir de datos oficiales extraídos de la Agencia Tributaria, del Ministerio de Asuntos Sociales, Ministerio de Educación, consejerías de diversas CCAA, patronales de la enseñanza y sindicatos, así como datos de la propia Iglesia católica concluye que, entre subvenciones directas y exención de tributos, la Iglesia obtiene algo más del 1% del PIB español.

Fines sociales

Todos los años, la primavera nos trae en España la declaración de la Renta, y con ella el erróneo dilema de marcar la casilla de la iglesia o la de fines sociales. Con ello, la Administración permite a los ciudadanos elegir el destino de una parte de nuestros ingresos (0,7%). Pero lo cierto es que la dicotomía es infundada. No es obligatorio marcar una u otra; de no marcar ninguna de las dos el importe iría a parar a los Presupuestos Generales del Estado. Y es esta vía la que defiende Europa Laica. En su informe se estima que, en el año 2015, la Conferencia Episcopal obtuvo aproximadamente 250 millones de euros con la asignación tributaria directa del IRPF. A parte está lo recaudado por ‘fines sociales’, la coartada para financiar sus fundaciones y ONG’s (Cáritas, Manos Unidas, etc.) por la que obtiene cerca de 100 millones más. Dinero que no va a parar a los Presupuestos Generales del Estado, dinero que sirve de excusa al Gobierno para privatizar y precarizar servicios que deberían ser públicos, tal y como señalan desde la asociación laicista: “Europa Laica entiende que la financiación de programas que desarrolle el tercer sector: acción social, infancia, jóvenes, familia, mujeres, prevención, cohesión social, inserción social y laboral, integración e inclusión social, mayores, discapacidad, dependientes, ruralidad, sanidad, migraciones, promoción del voluntariado, cooperación al desarrollo, medioambiente, etc. debería hacerse con cargo directo a los Presupuestos Generales del Estado a nivel estatal y territorial, para que no tengan que depender de quienes señalen, o no, la casilla.” Argumento que guarda relación con la presunta “obra social y benéfica” de la Iglesia Católica, y que ha servido de paraguas al Estado Español para ir incrementando, año tras año, sus aportaciones a través de las diferentes instituciones públicas: “Decir que la atención benéfica por parte del Estado sería mucho más costosa que si se externaliza en asociaciones y fundaciones privadas es una opinión-trampa falsa, que responde a datos erróneos y poco rigurosos. Ademásde que utilizan la denominada obra social de la iglesia para hacer proselitismo y política, con la que tratan de imponer al conjunto de la ciudadanía su moral particular, en ocasiones contrarias al Estado de Derecho, a leyes civiles y principios constitucionales” responde Europa Laica.

Educación y exenciones tributarias

Por otro lado están las exenciones tributarias. Pese al acuerdo de la Iglesia Católica con el Gobierno de 2006-2007, aún persisten algunas exenciones de impuestos:

– El Impuesto de Bienes Inmuebles de los centros de culto o beneficencia y

enseñanza.

– El impuesto sobre donaciones y limosnas.

– El impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales.

– El impuesto de Sociedades y de actividades económicas.

– El impuesto de obras, contribuciones especiales, deducciones en el impuesto de la renta de las personas físicas y jurídicas sobre las cantidades entregadas a entidades clasificadas o declaradas benéficas o de utilidad pública.

De esta forma las administraciones municipales, autonómicas y estatal dejan de percibir en torno a 2000 millones de euros.

Pero sin duda alguna, según las cifras recopiladas en el informe, la Educación es la piedra angular de su lucrativa vinculación con el Estado, ya que, al margen de la enseñanza religiosa en centros públicos facilitada por la LOMCE, el 65% de los centros de enseñanza no universitaria concertada son católicos. Y por esta vía, la Iglesia obtiene algo más de 4900 millones de euros cada año. ¿Para qué? Para, entre otras cosas, el pago de salarios y costes sociales de las cerca de 19.000 personas que imparten religión católica (610 millones de euros en total), y que son designadas por los obispados.

A esto debemos sumar las dádivas directas e indirectas de las Administraciones a las universidades católicas y fundaciones, y el mantenimiento de capillas, capellanes y profesorado que imparte teología en las universidades públicas.

En un país que se ha visto obligado por los ‘responsables’ de Gobierno a rescatar a la banca a razón de 100.000 millones de euros, mientras veía recortados sus derechos sociales, los datos aportados por la asociación laicista se presentan como una obscenidad insostenible. En los últimos meses, algunos municipios han tomado la iniciativa y se han sumado a la Red de Municipios por el Estado Laico, cuyo objetivo es garantizar y fomentar la libertad de conciencia individual y la independencia efectiva del Estado con respecto a cualquier confesión religiosa. Pero la resistencia de los partidos tradicionales (PP y PSOE) y de algunos emergentes (C’S) hace prever que el camino para garantizar la laicidad de los poderes públicos será largo, muy largo.

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