«España tiene un paraíso fiscal dentro del Estado con la Iglesia»

El magistrado lamenta que en España la Iglesia Católica no «tributa por nada» frente a lo que ocurre en Alemania donde «no vive de los fondos públicos»

El magistrado Luis Manglano estuvo en los noventa en la primera línea de fuego por su investigación al extesorero nacional del PP Rosendo Naseiro. El juez descubrió el primer gran caso de corrupción del PP, que se archivó por las escuchas. Enemigo de la corrupción, ha recuperado la fe en el TSJ tras la llegada de Pilar de la Oliva.

¿Tan mal está la lucha contra el fraude?
Desanima mucho la existencia de una red de bonificaciones que benefician a las sociedades y hacen muy difícil que tributen como las rentas de trabajo. También desanima la existencia de paraísos fiscales. España tiene un paraíso fiscal dentro del Estado como es la Iglesia Católica. La Iglesia es la mayor propietaria inmobiliaria de país y no tributa ni por sus negocios ni por sus instalaciones ni por sus integrantes. Eso hoy en día es muy importante a efectos recaudatorios. Ruiz Gallardón lo cifró en miles de millones cuando era alcalde de Madrid. A efectos de contribuyente dice muy poco de la solidaridad que es necesaria para repartir la riqueza y de los políticos que permiten esa situación.

Además, da igual el color político.
Cada vez que el partido socialista pierde el poder dice que derogará los acuerdos con la Santa Sede. Después vuelven al poder e incluso aumentan la aportación a la Iglesia. María Teresa Fernández de la Vega llegó y lo consistió.

Es curioso en una sociedad que cada vez es más laica.
La sociedad sí. La realidad es que un colegio por el hecho de ser católico no paga IBI, licencia de obra, IVA e IRPF. No paga nada. Ese paraíso fiscal está cuantificado en miles de millones. No entiendo qué tiene que ver la labor social y la libertad religiosa con que no paguen. Hay ejemplos paradigmáticos como la Mezquita de Córdoba que la rehabilita el Estado, la mantiene la Junta y el Estado, y la Iglesia cobra entradas que no tributan impuestos. Son cosas que te dejan pasmado.

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A principios de los años noventa usted fue un juez estrella por la lucha contra la corrupción. Instruyó el caso Naseiro, que algunos quisieron convertir en el caso Manglano ¿Cómo vivió en aquel momento la situación?
Eran los primeros coletazos de la corrupción. Lo viví con sorpresa por la atención mediática, pero con profesionalidad. Trabajé igual que si no hubiera tenido la presión mediática.

¿Cómo es esa presión?
Es desagradable, pero inevitable.

¿Puede influirle al juez de alguna manera?
No le influye en su trabajo, pero anímicamente supone un linchamiento social por los grupos perjudicados por la investigación. La objetividad periodística se pierde en función del grupo. El apoyo y el rechazo está en función de los intereses que se dilucidan.

¿Cómo se quedó cuando se anularon las escuchas y todo el caso se vino abajo?
El tema de las escuchas acabó por un cambio de criterio del Supremo. Fue una decisión ad hoc y a partir de ese momento se fijaron otras reglas. La instrucción cayó porque se hizo con unas reglas que en ese momento dejaron de estar vigentes.

¿Cómo está la situación ahora?
Ahora hemos avanzado mucho. En aquella época la Policía solo tenía dos cintas que llamaban matrices. En esas cintas grababan todo y servían para toda la Jefatura Superior de Policía. Entonces los medios eran tan precarios que había que hacer artesanía.

Ahora es muy difícil que tumben un caso por las escuchas, aunque los abogados siempre lo alegan en asuntos de corrupción o de drogas.
En los cinco años anteriores a estas escuchas, como solo se habían aplicado a narcotraficantes o a casos delincuencia organizada, las reglas habían funcionado de forma idéntica y habían sido válidas. Aquí empezamos a tocar zonas sensibles sociales y políticas, y se subió el listón. Desde aquel momento se han puesto las garantías que hoy en día el que quiere instruir se cuida de cumplir.

¿Es efectiva ahora la lucha contra la corrupción?
Se hace lo que se puede, pero yo creo que no. Es tal la maquinaria política, social y económica que se opone a las investigaciones que son largas, carecen de medios y son muy voluntariosas. Muchas de ellas cristalizan, pero con un nivel de dificultad tremendo. Desde la Administración y el poder político no hay ningún interés en que la justicia penal tenga los medios para acabar con la corrupción porque son ellos mismos los que pueden llegar a ser investigados. Por eso lo que se hace es a pesar de todo.

Aquí hemos tenido una condena reciente, la del caso Blasco.
Sí, pero si repasamos los años y las dificultades que ha habido se comprueba que ha sido un juicio muy trabado y con muchas dificultades. Ha cristalizado en una condena ejemplar. Es muy bienvenida porque implica que todos estamos bajo la misma ley. Yo creo que ha sido un triunfo de la voluntad judicial frente a la corrupción.

¿Estamos ante un punto de inflexión?
El cambio en la presidencia del TSJ tiene una gran relevancia. Ha habido un cambio de actitud. Hemos ganado en dignidad judicial. Ha quedado demostrado en ese caso concreto y en los que van a venir que aquí el nivel de honestidad y profesionalidad es el que se merece la sociedad valenciana. En ese aspecto, hemos mejorado mucho. Eso es algo que permite creer que esto funciona y que hay justicia más allá de ciertas visiones condescendientes o amistosas que se han producido en el pasado.

¿Les decepcionaba mucho De la Rúa?
Era el caldo de cultivo de que aquí no pasa nada y de que todos nos llevamos bien. Era una falta de deslinde claro entre la Justicia y la política, entre lo que son las relaciones personales y la independencia judicial. Ahora está mucho más marcado.

Pilar de la Oliva anunció que iba a abanderar la lucha contra la corrupción.
Y ha funcionado.

Carlos Fabra pidió el miércoles el aplazamiento de su ingreso en prisión porque ha pedido el indulto. ¿Es una burla a la Justicia el indulto?
Es una burla completa a la Justicia. Todo el proceso judicial con todas las garantías y con todos los obstáculos que se han tenido que salvar ha llegado a su fin. Esta especie de tercera vía judicial que es el indulto por aquellos que han sido condenados en firme significa sacar del ámbito de la Justicia a alguien que ha sido condenado. A mí me parece una burla.

¿Qué haría usted con los indultos?
El origen del indulto era un poco ciertas prerrogativas del poder político frente a situaciones extremas. Situaciones en las que habiendo aplicado las leyes se traducían con el paso del tiempo en injustas. El nivel de abuso que se ha producido ahora sí que hace necesario una regulación. Por supuesto, todo aquello que causa daño a los intereses públicos como es la corrupción política debía estar completamente excluido. No digamos aquellos casos en los que el indulto se basa en el puro amiguismo o en el puro criterio discrecional del poder político. Debía ser muchísimo más serio, más restringido y con otras reglas.

¿Sienten vergüenza ajena los jueces cuando se produce un indulto?
Cuando vemos casos como el del kamikaze, de amigos del poder político o de determinados políticos que lo piden como si fuera una tercera instancia cuando ya han recorrido toda la vía judicial, nos parece una burla. Sobre todo un fracaso de la justicia y de la necesidad de que todos seamos iguales ante la ley.

Usted está ahora en la sala de lo Contencioso ¿Han dejado las tasas desprotegidos a los pobres?
Las tasas han supuesto una criba económica relevante. Es más difícil acceder a la justicia. Antes necesitabas abogado y procurador y ahora tienes unas trabas que hace que muchos ciudadanos no accedan a la Justicia.

Estos días hemos sacado a la luz el caso de un ciudadano que compró su casa de buena fe hace treinta años pero no la inscribió y ahora el Ivvsa se la quiere quitar. El señor no puede recurrir porque le piden 1.200 euros de tasas.
Bueno, el listón de un servicio público como es la Justicia se ha elevado. Se ha puesto a un nivel mucho más alto. Solo pueden acceder al servicio público aquellos que cuentan con unos ingresos. Las vías alternativas como la justicia gratuita se conceden con cuenta gotas. Es un paso atrás en la tutela judicial efectiva y en el acceso a un servicio público esencial.

¿Se puede decir que estamos antes una Justicia de ricos y otra de pobres?
Sí. No favorece en absoluto el acceso a todos los ciudadanos. No es una medida igualitaria.

¿Qué porcentaje de asuntos han caído?
La gente se lo piensa más. El número ha bajado, es indudable. También se ha reducido por la propia actividad administrativa. Nosotros revisamos actos administrativos. En estos momentos y por la crisis hay menos decisiones urbanísticas, menos contrataciones públicas y menos expropiaciones. Eso justifica también que haya una cierta reducción del nivel de litigiosidad.

Lo que sí está haciendo la Administración es aumentar la presión sobre la ciudadanía con los impuestos.
La política actual del Gobierno está muy clara. Reducimos gastos con el recorte de servicios públicos y aumentamos la presión fiscal. Necesitan dinero y se nota el afán recaudador. Sin embargo, no se nota que haya un especial interés en acabar con el fraude fiscal. No vemos que haya políticas sistemáticas y con plenos poderes para acabar con el fraude, que sería una forma de resolver la ecuación entre ingresos y gastos.

¿Cómo deberían ser esas políticas?
Si alguien tiene poder es la Administración tributaria. Tienen todos los medios, faltan impulsos políticos. No parece que esa sea una prioridad.

Al final la presión fiscal recae sobre las clases medias.
Sí, sobre las clases medias. En general los asalariados. Las bolsas de fraude están en empresarios, directivos y en las zonas de trabajo negro. Por ahí no hay campañas para acabar y más con el efecto tan demoledor de la amnistía fiscal de hace dos años.

Da la sensación de que conviven dos realidades paralelas.
Hay zonas opacas y paradojas como que grandes compañías como Google o Windows tributan escasamente. Los impuestos directos están siendo gravosos. Además, han subido los indirectos que gravan por igual a cualquier usuario sea cual sea su capacidad adquisitiva y afectan más a los que menos ganan. La redistribución de la riqueza está resultando un fracaso. La prueba es el paro, el incremento de la pobreza en el país y el aumento de ese pequeñísimo sector de gente que se ha lucrado con la crisis. Ese sector rico no está amenazado por los impuestos. La impresión es que cuanto más tienen menos tributas y solos tributan aquellos que tienen un sueldo y pueden ser controlados en sus trabajos.

¿Cuál el mayor porcentaje de asuntos que están recibiendo en las salas de lo Contencioso?
Tributario y temas de dependencia. En los dos últimos años la mitad de lo que entra es tributario.
¿Quién está recurriendo?

Ciudadanos. Como ha habido un aumento de la presión fiscal se ha producido un incremento de
demandas de ciudadanos disconformes.

¿Qué debe cambiar en el sistema judicial?
Vendría muy bien un cambio de titulares en los que gestionan la política judicial, léase el Ministerio de Justicia y sus contrarreformas. Eso ayudaría mucho a mejorar la situación.

Un cambio de los políticos.
No, de los políticos no. Del ministro de Justicia actual y de sus políticas contrarreformistas. Unas políticas que nos hacen ir hacia atrás, jibarizan la política judicial y restan medios a la Justicia. Estamos muchísimo peor que hace tres o cuatro años.

¿Me puede poner ejemplos concretos?
Para empezar la salvaguardia de la independencia del Poder Judicial. Al Consejo lo han reducido, le han quitado competencias. En estos momento es difícil distinguir al Consejo del Ministerio. Hay más presión disciplinaria. La independencia de los jueces no ha ido a mejor. Se ha abandonado el nuevo diseño de oficina judicial que iba a informatizar los juzgados, se nos han restado medios, se han suprimido 1.400 jueces sustitutos que cubrían los huecos que había en la Justicia, se han bajado las dotaciones presupuestarias y se ha desmotivado a los jueces con esas rebajas que han sido especialmente duras. Cada vez hay menos medios y no hay demasiado interés en que esto funcione. Las reformas de la ley orgánica del Poder Judicial y las que estaban pendientes no han mejorado el panorama. Eso es un debe atribuible al Ministerio.

Describe un escenario muy negro.
Sí, hemos empeorado. También en actitudes. No hay dialogo. No hay comunicación. Solo se reciben órdenes. Nada se negocia. Es el tinte autoritario de todas las reformas.

Luis Manglano juez

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