España, la frontera del laicismo

El Vaticano quiere evitar que el 'desarme moral' en Europa debilite la defensa frente a los 'valores fuertes' de la inmigración musulmana. Tras la llegada de los socialistas al poder, la Iglesia ha convertido a España en la frontera del laicismo. Su guerra 'preventiva' apunta a la política social del Gobierno, desde el matrimonio homosexual a los supuestos planes para facilitar la eutanasia y poner menos trabas al aborto.
 

   La Iglesia católica ha trazado una línea en la arena. Ha marcado un límite tras el que está dispuesta a resistir y a hacer frente al llamado relativismo moral europeo, al todo vale, a lo que considera una oleada de laicismo que amenaza con destruir valores básicos de la sociedad y que lleva tras de sí sombras de totalitarismo y nihilismo.

   La Iglesia actúa por razones doctrinales, evidentemente, pero también se apoya en argumentos históricos y geopolíticos: la Europa occidental aparece, vista desde la Santa Sede, como una región del mundo aquejada de tendencias suicidas.

   "Occidente sufre un extraño odio de sí mismo que sólo puede calificarse de patológico", afirma en su último libro, Europa, el cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe e intelectual supremo del Vaticano. "Para sobrevivir", añade, "Europa necesita una nueva autoaceptación, ciertamente crítica y humilde".
   El catolicismo se siente, en cierta forma, el último bastión de la cultura europea. Un bastión bajo asedio. La palabra persecución es pronunciada incluso por cardenales como Renato Raffaele Martino, presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz. La Iglesia se dispone a defender los valores sociales que considera básicos, como la inviolabilidad de la persona y la función nuclear de la familia, tras una línea de resistencia. Y la línea pasa por España.
   Nadie en la alta jerarquía vaticana está dispuesto a admitir que el enfrentamiento entre el Gobierno y los obispos españoles forme parte de un conflicto de escala continental. El de España, dicen, es un problema puntual, generado por factores muy concretos. Sobre todo, por el proyecto gubernamental de convertir el matrimonio en una unión de cónyuges, abierta, por tanto, a todas las combinaciones sexuales posibles. Existe ya, sin embargo, el matrimonio homosexual en Holanda, sin que ello haya causado demasiado revuelo. Un miembro de la jerarquía admite que, en efecto, España es "especial, por su importancia histórica y por la fuerza de su tradición católica".
   Entre el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede sí está extendida la sospecha de que España ha sido elegida, una vez conocidos los planes de la nueva Administración socialista, como ámbito en el que se impone la defensa de un modelo de sociedad basado en tres valores irrenunciables para el catolicismo: la familia, el respeto absoluto a la vida y la libertad religiosa. El resultado del pulso planteado por la Conferencia Episcopal Española tendrá, según esos diplomáticos, una gran trascendencia en Europa y en

Latinoamérica.
Durísima carta del Papa
   Los términos los marcó el propio Juan Pablo II el pasado 18 de junio, cuando recibió las cartas credenciales del nuevo embajador español ante la Santa Sede, Jorge Dezcallar. El Papa entregó a Dezcallar un carta durísima contra los proyectos de acelerar el divorcio, ampliar los supuestos legales del aborto y permitir el matrimonio entre homosexuales. En los meses siguientes tomaron la palabra tres pesos pesados de la Curia.

El cardenal Julián Herranz, español, miembro del Opus Dei, presidente del Consejo Pontificio para la Interpretación de los Textos Legislativos (el ministro de Justicia vaticano), cargó contra los planes de reforma de José Luis Rodríguez Zapatero desde un enfoque legal. Renato Raffaele Martino, presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz (o ministro de Asuntos Sociales), abordó la perspectiva social. Y Joseph Ratzinger, presidente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, antes llamada Santo Oficio o vulgarmente Inquisición, hizo una crítica teológica y global.
   La reforma española, declaró Ratzinger al diario La Repubblica la pasada semana, no sólo destruía la familia, sino el conjunto de la sociedad. "El derecho crea la moral, o una forma de moral, porque la gente común generalmente considera que lo que es legal es también moralmente lícito", explicó. "Si juzgamos esa unión [el matrimonio homosexual] como más o menos equivalente al matrimonio, tenemos una sociedad que deja de reconocer la especificidad y el carácter fundamental de la familia, es decir, el ser propio del hombre y la mujer que tiene como fin dar continuidad, no sólo en un sentido biológico, a la humanidad.

   La opción hecha por el Gobierno español tampoco favorece realmente a esas personas [los homose-xuales], ya que destruye elementos fundamentales en un orden de derecho".
   La doctrina católica establece que las relaciones homosexuales (no la homosexualidad) constituyen un pecado. Eso es bien sabido, y el ex aspirante a comisario europeo Rocco Buttiglione se encargó de recordarlo en una polémica comparecencia parlamentaria.
   La Iglesia condena además cualquier reconocimiento legal de la unión entre personas del mismo sexo, como deja muy claro un documento del cardenal Ratzinger, Consideraciones sobre los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales: "Es necesario oponerse a ellas de forma clara y firme; hay que abstenerse de cualquier tipo de cooperación formal a la promulgación o aplicación de leyes tan gravemente injustas, así como, en cuanto sea posible, de la cooperación material en el plano aplicativo.

   En esta materia, cada cual", dice el documento, "puede reivindicar el derecho a la objeción de conciencia". Es decir, la resistencia, en términos cívicos, debe ser tan rotunda como frente al aborto.
   El posible derecho de adopción por parte de parejas homosexuales se considera, además de "gravemente inmoral", una vulneración de los derechos supremos del niño establecidos por la ONU.
   El rotundo rechazo doctrinal afecta a todos los católicos. Otra cosa es el ámbito de las relaciones entre Estado e Iglesia. "El problema aquí radica en la palabra matrimonio. Si se legaliza algún tipo de unión genérica que valga para los homosexuales, a nosotros, por supuesto, nos parece mal, pero nos limitamos a plantear una protesta más o menos formal y todo queda ahí. No pasa nada. Nadie sale a manifestarse y no se crea ningún conflicto". Estas palabras fueron pronunciadas, bajo condición de anonimato, por un miembro de la jerarquía vaticana. Lo que no se admite, pues, es que se redefina el concepto de matrimonio.
   Por otra parte, la Iglesia rechaza cualquier acusación de homofobia o de voluntad de discriminar a los homosexuales. "Es totalmente falsa la alternativa: o reconocimiento legal o injusta discriminación. Si en alguna parte del mundo hay algo que implique injusta discriminación", escribe el teólogo monseñor Ángel Rodríguez Luño, "ha de eliminarse por caminos que no supongan injusticias y males de la misma importancia. Un mal no se suprime con otro mal".
Víctima y resistente
   La Iglesia católica atraviesa una fase que podría definirse a la vez como victimista (reflejada en las frecuentes referencias a una supuesta persecución laicista contra su fe) y resistencialista ante esa misma supuesta persecución. Cuando en septiembre Juan Pablo II visitó el santuario de Lourdes, en el que fue tal vez su último viaje, pronunció una frase muy reveladora. Con sus ya muy escasas fuerzas, lanzó a los peregrinos un grito que parecía propio de otros tiempos, de su época como paladín del anticomunismo: "¡Defended vuestra libertad!".

Se refería a la libertad de vivir y manifestarse como católicos frente a la coacción de lo políticamente correcto, de la ciencia como valor supremo y autónomo, del relativismo moral y de la propensión de los Estados a renunciar a su neutralidad en materia religiosa para decantarse hacia el lado de la no religión.
   El cardenal Ratzinger, hombre fuerte del Vaticano en el crepúsculo del papado de Karol Wojtila, habla con frecuencia de la "agresividad ideológica" del laicismo, que intenta desplazar de la esfera pública los sentimientos religiosos "en nombre de una racionalidad que en realidad es sólo expresión de un cierto racionalismo". En conversaciones privadas, teólogos y miembros de la jerarquía subrayan que ese "racionalismo laicista" contiene la semilla del caos.

"Si vale el matrimonio homosexual, también valdrá más adelante, si un grupo de presión lo pide, el reconocimiento legal de los tríos. Y si vale la clonación, también valdrá, llegado el momento, la creación de colonias de seres humanos condenados a ser simples productores de órganos para trasplantes. Si todo vale, nos dirigimos a una pesadilla de tipo orwelliano", comentó un profesor de teología a este periódico.
   "Asistimos a la aparición de una intolerancia que confunde la laicidad del Estado con el laicismo y que no sólo se atribuye el agnosticismo y el relativismo moral como filosofía, sino que además considera errónea cualquier otra posición", declaró en octubre el cardenal Julián Herranz al diario Il Giornale. "Existe el riesgo de que se instaure una forma de totalitarismo laico que lesione uno de los derechos fundamentales de la persona, el de la libertad religiosa".
   Por otro lado, la jerarquía católica teme, en el terreno geopolítico, un fenómeno de tipo contrario: teme que el desarme moral que percibe en las sociedades europeas las deje indefensas ante la irrupción de los valores fuertes que trae consigo la inmigración musulmana. "La fe en Dios de los musulmanes, la consciencia de que todos debemos someternos al juicio de Dios, junto con un cierto patrimonio moral y la observancia de algunas normas que demuestran que la fe, para existir, requiere algunas expresiones comunes: todo eso, nosotros lo hemos perdido un poco", señaló el cardenal Ratzinger.
   En esta situación de inquietud católica, los proyectos que anunció el Gobierno español tras la victoria de la izquierda el 14 de marzo fueron considerados una agresión en toda regla. "Se abordaron a la vez la homosexualidad, el aborto, el divorcio, la enseñanza de la religión…

Ahí hay todo un programa ideológico, un plan preconcebido de ataque al catolicismo", declaró una fuente vaticana. La asistencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acompañado de varios ministros, al estreno de Mar adentro, la película de Alejandro Amenábar sobre el suicidio asistido de Ramón Sampedro, fue interpretada también como toma de posición oficiosa a favor de la legalización de la eutanasia.
   Cuando el Gobierno de Zapatero quiso calmar los ánimos y dio muestras de buena voluntad, lo hizo con un poco de torpeza. El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, aprovechó, por ejemplo, el acto de la firma del texto constitucional europeo, celebrado en Roma el pasado 29 de octubre, para reunirse con la máxima discreción posible con monseñor Giovanni Lajolo, jefe de la diplomacia vaticana.

   Lajolo se declaró encantado de recibir a Moratinos y el encuentro se desarrolló en términos muy cordiales, aunque persistieran las diferencias de fondo. Pero las citas a escondidas en pleno sábado no son la fórmula preferida por el Vaticano para el desarrollo de sus relaciones con un Estado de tanto peso como el español. Una de sus quejas consiste, precisamente, en que la Administración de Zapatero ha rehuido el diálogo abierto y directo con la Iglesia, que, para el Vaticano, está representada por la Conferencia de los obispos españoles.
Tender puentes
  "Conviene evitar las declaraciones públicas y la tendencia a lanzar mensajes a través de los medios de comunicación. Ahora es esencial reducir la crispación, tender puentes y adoptar una perspectiva de largo plazo", indicó el embajador de España ante la Santa Sede, Jorge Dezcallar.
   "La Santa Sede no puede mantener con un Gobierno unas relaciones distintas, mejores o peores, que las de ese Gobierno con los católicos de su propio país", señaló a su vez Joaquín Navarro Valls, portavoz de Juan Pablo II. Navarro Valls sugirió que la solución al conflicto abierto no pasaría en ningún caso por la plaza de San Pedro, sino por una negociación directa entre las autoridades españolas y la Conferencia Episcopal.
 

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