No se puede seguir aceptando que el dinero de todos se utilice para financiar centros sólo para algunos
Los datos facilitados por la Conselleria d'Educació al Parlament confirman hasta qué punto gran parte de las escuelas privadas concertadas no asumen la más mínima responsabilidad en la escolarización de los hijos de la inmigración. Los porcentajes generales, ya conocidos, establecen que, en Catalunya, el 84% de los alumnos extranjeros estudian en el sector público, y sólo el 16% de ellos lo hacen en el privado. Más escandalosas son las cifras escuela por escuela que se han revelado por primera vez: en el curso 2004-2005, 35 grandes centros concertados no atendían ni a un solo alumno inmigrante.
Cuando casi el 10% de la población escolar es extranjera, una situación así sólo puede reflejar una estrategia de selección, económica o étnica. Resulta inaceptable que con dinero público se financie esa segregación. Y eso es, precisamente, lo que pretenden quienes se oponen a que la LOE considere la educación concertada como un servicio público, es decir, gratuito y abierto a todos sin la menor discriminación. Sobre este asunto, el Gobierno haría mal en ceder. Gran parte del futuro de la convivencia en nuestras ciudades va a depender de que las escuelas sean ámbitos de encuentro e integración, no guetos de uno u otro signo.
