Escuela Laica rechaza que los consejos escolares decidan sobre los crucifijos

Visto para sentencia el juicio en el que esta asociación pide la retirada de símbolos religiosos del Macías Picavea Alegan que el centro «vulnera principios constitucionales»

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valladolid dejó ayer visto para sentencia el juicio por la presencia de símbolos religiosos en el colegio público Macías Picavea. La demanda fue presentada el pasado mes de julio por la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid (ACEL) contra la Consejería de Educación y contra el Consejo Escolar de dicho centro después de ver rechazada en vía administrativa todas sus peticiones para que fueran retirados los crucifijos y símbolos religiosos (hasta 24) de las aulas y espacios comunes del colegio. Durante la vista oral, los demandantes rechazaron todas las alegaciones presentadas por el abogado de la administración regional (que ha asumido también la representación legal del Consejo Escolar, que no se ha personado en la causa), especialmente su argumentación de que la decisión de mantener los crucifijos fue adoptada por el Consejo Escolar del centro y no había sido recurrida. El letrado de la Consejería sostuvo que todas las leyes orgánicas del sistema educativo (desde la LOPEGCE hasta la LOCE y LOE) amparan a los Consejos Escolares para tomar una decisión de este tipo.

Tras la vista oral, Fernando Pastor, portavoz de la asociación demandante y uno de los padres que solicitaron la retirada de los crucifijos, explicó que «los Consejos Escolares tienen competencias pedagógicas y administrativas, pero no son competentes para tomar decisiones que vulneran principios constitucionales» como el carácter aconfesional del Estado, la neutralidad ideológica de la administración pública, la libertad de conciencia, y la no discriminación por motivos religiosos de aquellos ciudadanos que profesan otras creencias o no profesan ninguna. Y dejó en el aire esta pregunta: «¿Si hubiera un Consejo Escolar de mayoría republicana podría decidir poner en el colegio una bandera tricolor? ¿O si fuera de mayoría fascista, una cruz gamada?». Asimismo reiteró que el acuerdo adoptado por el Consejo Escolar fue recurrido en alzada ante la Consejería y se hizo dentro de plazo.

La Asociación recuerda además que el Macías Picavea no es un centro privado con un ideario religioso, sino de un colegio sostenido con fondos públicos donde «los padres tienen derecho a recibir una enseñanza laica y aconfesional».

Financiación pública

Sobre la legitimidad de la Asociación para personarse en este caso, cuestionada por el abogado de la Junta, Fernando Pastor señaló que «si no fue negada en la vía administrativa, ya no puede serlo en la vía judicial». También alegó que entre los fines de esta asociación figuran «conseguir que el Estado no financie con fondos públicos adoctrinamiento alguno de tipo religioso». Y en este caso, además, «uno de los padres que solicitaron la retirada de los crucifijos es socio fundador de la asociación que ha interpuesto la demanda», en alusión a él mismo.

El 19 de septiembre del 2005, los padres de dos alumnos solicitaron por escrito a la directora del centro y al presidente del Consejo Escolar la retirada de los símbolos religiosos. El 3 de octubre de ese año, en votación secreta, el consejo aprobó (siete votos contra cuatro, con dos ausencias) «no retirar los símbolos religiosos del centro» y así lo comunicó el consejo a uno de los padres firmantes de la solicitud el 6 de octubre.

ACEL, que preside Carlos Parrado, asumió la pretensión de los padres, y el 5 de noviembre de aquel año se dirigió por escrito a la dirección del colegio y al Consejo Escolar, así como a la Dirección Provincial de Educación. La respuesta de la directora provincial llegó el 14 de diciembre del 2005 y en ella señalaba que la competencia para decidir correspondía a los consejos escolares como órganos de participación en el control de los centros.

Tras ver rechazada su petición, se presentó recurso de alzada ante la Consejería por entender que los consejos «no pueden imponer una línea ideológica que vulnera la laicidad del estado en contra de lo establecido en la Constitución, por lo que nunca puede tomar la decisión de mantener símbolos religiosos en los centros escolares». Agotada la vía administrativa, recurrió a los tribunales y ahora la última palabra la tendrá la juez del Contencioso-Administrativo número 1. A la vista acudieron ayer, entre otros, la vicepresidenta de ACEL, Pilar Jusdado y Francisco Delgado, de la coordinadora nacional de esta agrupación.

CRONOLOGÍA
19 de septiembre del 2005: Dos padres de alumnos del Macías Picavea solicitan por escrito a la dirección del colegio la retirada de los crucifijos y símbolos religiosos de las aulas y otras dependencias comunes.

3 de octubre: En votación secreta, la mayoría del Consejo Escolar decide mantener los crucifijos.

5 de noviembre: La Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid solicita la retirada al colegio y a la Dirección Provincial de Educación.

20 de enero del 2006: Recurso de alzada ante la Consejería.

5 de mayo: Agotada la vía administrativa, la asociación inicia la vía judicial.

14 de julio: Demanda en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Valladolid.

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