Escuela Laica de Valladolid pide que dimita el consejero de Educación por el conflicto de los símbolos religiosos

Reclaman a la Junta que no recurra la sentencia sobre los crucifijos del Macías Picavea

La Asociación Escuela Laica mostró ayer su satisfacción con la sentencia del Juzgado de lo Contenciosos Administrativo número 1 de Valladolid sobre la presencia de símbolos religiosos en el colegio público Macías Picavea, un pronunciamiento judicial que les ha servido para pedir la dimisión del consejero de Educación, Francisco Javier Álvarez Guisasola, por «una dejación de funciones que ha supuesto la vulneración de derechos fundamentales» de los padres que presentaron la demanda -en este caso, su libertad de conciencia-, «por su incompetencia en este asunto, ya que ha preferido judicializar los problemas de los ciudadanos para ver si tiene suerte y la sentencia le es favorable», y «por incoherencia, ya que cuando se celebró la vista oral del juicio dijo que acataría la sentencia y este fin de semana hemos leído en la prensa que la va a recurrir», según explicó Carlos Parrado, presidente de la asociación, en rueda de prensa.

Parrado añadió que la Consejería debería retirar los símbolos religiosos de todos los centros públicos de la comunidad, y pidió «que no recurra la sentencia» porque lo único que va a conseguir es «dilatar la resolución del problema por motivos electorales, y sería una decisión cobarde desde el punto de vista político».

Fernando Pastor, miembro de la asociación y uno de los padres que iniciaron el proceso, dijo que la sentencia «desestima todas las alegaciones de la Consejería» y «se pronuncia meridianamente claro sobre su dejación de funciones», cuando pasó «la patata caliente» a los Consejos Escolares, ya que «la administración educativa es en última instancia la que debe decidir» sobre la procedencia de mantener símbolos religiosos o ideológicos en los centros públicos. «No entra en el fondo del asunto, la legalidad o no de esa presencia, pero porque la Consejería tampoco se ha pronunciado», añadió.

Guisasola reitreró ayer en Palencia que los servicios jurídicos del Gobierno regional «estudian la posibilidad de presentar un recurso».

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