¿Es posible la laicidad en España?

España, para regocijo de alguno, no es un estado laico y, sintiendo pena decirlo, cada vez está más alejado de serlo. El dominio que sigue ejerciendo la Iglesia Católica en todas las áreas del poder es manifiesto y de forma anómala va en aumento. No quiero recurrir en mi argumento a datos pretendidamente objetivos, sólo me voy a referir a la realidad cotidiana que se percibe en la España de 2015.

El partimonio de la Iglesia (católica) es incalculable, ¿cuantos miles de edificaciones posee sólo en este país? Un periódico de corte derechista cifraba reientemente en más de 100.000 sus inmuebles, resulta todavía más llamativo el hecho de que la propia Conferencia Episcopal haya declarado que desconoce el número (!). Para  mayor sonrojo, la Iglesia (católica) está exenta de pagar inpuestos por sus millonarios edificios. Evidentemente, España todavía dista de ser un país laico, a pesar de que la actual Constitución de 1978, en su artículo 16.3, diga que «ninguna confesión tendrá carácter estatal», esta afirmación difusa poco aporta al afianzamiento de un verdadero estado laico; además, el propio texto «legitima las relaciones de cooperación con la Iglesia Católica» y la «enseñanza con ideario propio» para que sea subvencionada por el Estado con dinero público.

Mucho más clara, la anterior Constitución republicana de 1931 intentó seguir la estela del proceso laicista francés, en ella se afirmaba  que «el Estado no mantendrá, favorecerá, ni auxiliará económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas (art. 26)». Bastaría, hoy en día, obsevar las fotos de los juramentos al cargo de los ministros o de presidente del Gobierno, con biblias y crucifijos incluidos, para poner en entredicho el precepto constitucional. En este sentido, algunos han querido apreciar la laicidad como el mero «reconocimiento de la autonomía de lo político y civil respecto a lo religioso (¿sólo esto?, ¿no tendría que ver también con una concepción diferenciada de la vida en la que la confianza en la razón del elemento humano se antepusiera a hipotéticos designios caprichosos de divinidades tan fáciles de imaginar como improbables de existir?)»; convendría señalar cómo, en algún momento, se quiso torpedear el proceso de laicidad, mediante argumentos semánticos, pretendiendo diferenciar «laicidad» de «laicismo»- divide y vencerás- de una curiosa forma: para algunos (repito que sólo para algunos), el «laicismo» sería la actitud belicosa, antireligiosa de «lo laico». Entendiendo, sin entrar en controversias, que «la razón», fundamento de la laicidad, se contrapone por su naturaleza «al dogma»(verdad impuesta), fundamento de lo religioso. Son dos formas opuestas de entender la existencia y de manejarse en ella.

Desde finales del siglo XVIII  la Iglesia (católica) ha sido en numerosas ocasiones  beligerante contra los defensores de lo laico. En diversas encíclicas los Papas han intentado desprestigiar sus principios:  «no puede imaginarse tontería mayor que tener a todos los hombres por iguales y libres»  escribió el Papa Pío VI. La «libertad de conciencia es un error venenosísimo» fue aportación de Gregorio XVI. «Que sea necesario separar la razón del Estado de la de la Iglesia es una opinión seguramente falsa y más peligrosa que nunca. porque limita la acción del Estado a la sola felicidad terrena, la cual se coloca como meta principal de la sociedad civil y descuida abiertamente, como cosa extraña al Estado, la meta última de los ciudadanos, que es la beatitud eterna preestablecida para los hombres más allá de los fines de esta breve vida» de Pio X, son ejemplos de la agresividad eclesial contra la recién nacida laicidad. Sin embargo, en los últimos tiempos, cuando la sociedad civil ha obtenido el poderio del que careció en otros tiempos, la Iglesia ha exigido de la comunidad laica una «neutralidad» de la que nunca participó cuando el poder era suyo. Para César Tejedor el anticlericalismo surgiría «cuando el clero traspasa los límites de su comunidad religiosa e intenta imponer una cierta concepción de la ley colectiva a partir de una cierta concepción de la fe (particular)».

Los orígenes del ideal de la emancipación laica se remontan a La Ilustración: La puesta en valor de «la razón», el desarrollo del espíritu crítico, la autonomía moral (libertad de conciencia) junto a las exigencias de libertad, pluralismo político, igualdad de trato de todos los ciudadanos y ciudadanas y la búsqueda del bien común como única razón de ser del Estado.
Las primeras constituciones de derechos (Déclaration de Droits de l’Homme et du Citoyen, en 1789) que se firmaron tras la Revolución Francesa instituyeron, por primera vez, la libertad de culto y la independencia individual en cuestiones de creencias. La separación de lo público y lo privado, condición sine qua non para un Estado laico, hubo de esperar aún más tiempo para que así el Estado pudiera desembarazarse de la intromisión eclesial, y fue también en Francia, en 1905, donde se aprobó la Ley de Separación de las Iglesias y el Estado.

Siendo la escuela y las instituciones públicas el ámbito donde se desarrolla, desde el respeto a la libertad de conciencia, la supremacía de la razón no es de extrañar que la Iglesia haya tenido de siempre un enorme interés en adoctrinar a los jóvenes ciudadanos. En la España de la transición democrática se vivió una progresiva secularización de las escuelas de enseñanza cuando en la época franquista la Iglesia fue uña y carne del espíritu del Movimiento Nacional (eufemismo con el que se autodenominaba el sistema ideológico-político del fascismo de Franco) de forma que en la mayor parte de las aulas de los colegios públicos, hacia 1986, se utilizó la misma escalera para descolgar, a la vez, el crucifijo y el retrato de Franco. Desconozco si los crucifijos desaparecieron de todas las escuelas públicas de lo que sí doy por cierto es que así sucedió con el retrato del General. Todavía recientemente, en una sentencia de 2010, un alto tribunal español limitaba la retirada de los crucifijos: «sólo podrán retirarse de las aulas de las escuelas públicas cuando los padres así lo soliciten y sólo durante ese curso escolar»(!).

Sólo me he estado refiriendo a la enseñanza pública, ¿y si ahora nos ocupamos de la enseñanza privada, que actualmente congrega a 1.300.000 de estudiantes que cursan en colegios gestionados por la Iglesia (católica) y en gran parte mantenidos con fondos públicos? Es evidente que el proselitismo religioso a costa del Estado es algo de dudosa defensa y que además sale caro a la comunidad ciudadana. Debemos recordar, en palabras de Fernando Sabater, que «la enseñanza no sólo es un asunto que incumba al alumno y a su familia, sino que tiene efectos públicos.»

Francia, cuna de la escuela laica, con la intención de fortalecer sus fundamentos, promovió en 2013 La Carta de la Laicidad, una declaración de principios, derechos y deberes republicanos compuesta por 15 puntos, entre los cuales son de destacar la prohibición de llevar signos o prendas con las que los alumnos manifiesten ostensiblemente su pertenencia religiosa, la exigencia de «neutralidad» al profesorado y la obligación de transmitir al alumnado el sentido y los valores del laicismo. ¿Y en España, en que punto del desarrollo del laicismo estamos? Quisiera poder decir otra cosa, pero sólo me sale la palabra regresión; cierto, estamos padeciendo un retroceso significativo de involución en esta materia; al siempre ventajista ímpetu eclesial se ha venido a sumar la inacción de los dos anteriores gobiernos socialdemocratas (PSOE) junto con los aires de ultraconservadurismo ideológico y religioso por parte del actual Gobierno del Partido Popular. Gregorio Peces-Barba lo expresó de esta manera en un artículo periodístico en 2011:

«No podemos ser tan ingenuos como para pensar que la inacción por nuestra parte va a ser respondida con la neutralidad y el juego limpio. Eso sólo ocurrió con Juan XXIII y con Pablo VI. Después las cosas volvieron a su cauce tradicional y la deslealtad a las autoridades civiles volvió a ser la regla. Cuanto más se les consiente y se les soporta, peor responden. Solo entienden del palo y de la separación de los campos.»

Es decir, que en este terreno, la sociedad civil no puede ser condescendiente dejándose engatusar con cantos de sirena o amedrentada por actitudes prepotentes, debiendo exigir  a sus legisladores y gobernantes el impulso necesario y continuo que nos lleve a una situación plenamente laica.

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