En un artículo breve y brillante, aparecido en "El País" (21 de agosto de 2006), titulado "¿Es o no es para tenerles miedo?", Juan José Millás resume las pretensiones de los obispos:
"…lo mismo le dicen el libro que tiene usted que leer que el anticonceptivo que debe utilizar. Le prescriben el modo de vestir, el político al que debe votar, el sexo que debe tener su cónyuge, el colegio al que conviene llevar a su hijo, así como las leyes que debe obedecer y a las que debe dar un corte de manga. También le indican si es moralmente más saludable un estado federal o autonómico. Todo ello sin descuidar sus lecciones en torno a la fecundación in vitro o sus críticas especializadas al cine de arte y ensayo."
Después se interroga el escritor sobre la conclusión a que llegaron los obispos tras su reunión del pasado 21 de junio: "En España peligran los derechos fundamentales". Y, naturalmente, dada la trayectoria de la Iglesia Católica, nos muestra su perplejidad ante la reivindicación de algo que, desde la cruz y la sotana, se nos ha negado históricamente a los españoles.
Es normal la perplejidad de Juan José Millás, la interrogante sobre la conclusión de los obispos. Porque para cualquier ser humano con una mínima pátina de cultura los derechos fundamentales no son otra cosa que la traducción a los textos constitucionales y a sus desarrollos legislativos en cada Estado de los derechos humanos. De hecho, el artículo 10.2 de nuestra Constitución de 1978 se compromete explícitamente con la Declaración Universal.
Pero Juan José Millás se olvida de que el Estado Vaticano (o Santa Sede) es también un Estado, vinculado por Acuerdos Concordatario (1976 y 1979, que actualizan el Concordato de 1953) al Estado español, acuerdos que el actual gobierno pretende hacer perdurar y cuya legitimidad refuerza al hacer una referencia explícita a los mismos en la Ley Orgánica de Educación de 2006, con los compromisos que esta legitimación conlleva.
Y como tal Estado, la Iglesia Católica ya ha hecho su propia interpretación sobre qué son los "derechos fundamentales", en el Concilio Vaticano II. Dicha interpretación, además de en los documentos conciliares, se incluye en el Catecismo destinado a los obispos que, 25 años después de la celebración del Concilio, recoge la doctrina actual de la Iglesia para su traducción a los catecismos y a las catequesis locales.
Si buscamos "derechos fundamentales" en el índice de materias de este Catecismo postconciliar dirigido principalmente a los obispos, saldremos de la perplejidad y sabremos con toda claridad de qué nos hablan al decir que peligran.
Veremos que para la Iglesia Católica los derechos fundamentales se centran en el derecho del creyente a velar por su salvación. Y ello -según dicen- comporta el derecho de esos mismos creyentes a vivir en una sociedad que no les incite al pecado.
Desde esta afirmación doctrinal, el creyente católico consecuente no puede permanecer neutral ni en el ámbito político ni en el de la sociedad civil: debe utilizar todos los medios de presión y de coacción a su alcance para oponerse a las tendencias y a las iniciativas que conduzcan a una sociedad pecaminosa. Por lo tanto, en completa coherencia con su doctrina, están legitimados para decirle al señor Millás y a mí el anticonceptivo que podemos utilizar o el libro que podemos leer…
Juan José Millás y mis conciudadanos me dirán que esta interpretación de la Iglesia Católica sobre qué son los "derecho fundamentales" nada tiene que ver con la Declaración Universal. Y, por si hubiera alguna duda en lo que a esta lectura se refiere, me remitirían a un texto autorizado, asumido e intencionadamente ignorado por los sucesivos gobiernos españoles, y cuya lectura aconsejo encarecidamente:
DECLARACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE INTOLERANCIA Y DISCRIMINACION FUNDADAS EN LA RELIGION O LAS CONVICCIONES PROCLAMADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1981.
En los enunciados de dicho texto se repite hasta la saciedad la necesidad de proteger "el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de cualesquiera convicciones".
Los obispos tienen todo el derecho a decir públicamente lo que consideran o no pecaminoso o virtuoso, legítimo o ilegítimo, desde la óptica de su doctrina. Yo me he propuesto publicar en breve las instrucciones que mi dios personal me ha dado sobre los días del mes en que es legítimo cortarse las uñas y los días en que un Estado de Derecho virtuoso debería penar con la amputación a quien lo haga.
El problema es que el enunciar este tipo de Verdades (o de majaderías) públicamente se haga de manera institucional o no, como entidad de derecho público o como opinión particular. Y yo aquí no culparía del todo a los señores obispos. Si ellos pueden hablar desde las instituciones y desde los organismos del Estado y ejercer esa presión o coacción sobre los ciudadanos, lo hacen contando con la complicidad, con la ceguera y con la cobardía de todos los gobiernos desde la Constitución de 1978.
¿Cómo, si no, se explica, desde una Constitución comprometida con la Declaración Universal de 1948 (y recuerdo la interpretación de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 25 de noviembre de 1981), que ampara en pie de igualdad "cualesquiera convicciones", religiosas o no religiosas, nuestro desarrollo legislativo en materia de derechos fundamentales?
Porque ese desarrollo, a través de los Acuerdos concordatarios, de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, de todas la leyes orgánicas que han regulado el derecho a la educación, de los artículo 522 a 525 de Código Penal (Ley Orgánica de 1995), de la Ley de Asociaciones…, lo que ha hecho es sustituir "el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de cualesquiera convicciones", por la llamada "libertad religiosa", tal y como esta queda definida en el Concilio Vaticano II y en el Catecismo postconciliar, para mayor gloria, prepotencia e impunidad de los obispos.
Por cada artículo claro, conciso y brillante, como el de Juan José Millás, que puede alimentar la conciencia y la ciudadanía de los españoles, el señor Cañizares llega mil veces, a través de las aulas, de los juzgados, de los medios de comunicación públicos, a las vidas de todos los españoles. Y lo hace con toda la legitimidad que le dan nuestras leyes, aspecto que no cambiará si no somos capaces de ejercer una presión igual o superior sobre nuestros gobiernos a la que ejerce la Iglesia Católica, exigiendo que desaparezcan la contradicciones y las discriminaciones en razón de creencias que jalonan todo nuestro desarrollo legislativo y nuestra práctica política
Juan Francisco González Barón.
Agosto de 2006
